El Gobierno aprueba el ingreso mínimo vital de al menos 461 euros para 850.000 familias en riesgo de pobreza

El Gobierno de coalición ha cumplido este viernes con uno de sus compromisos de legislatura: la creación de un ingreso mínimo vital contra la pobreza en todo el Estado. El Consejo de Ministros ha aprobado esta renta mínima a nivel estatal, que pretende alcanzar los 850.000 hogares. La ayuda se podrá solicitar a partir de junio y creará un suelo de ingresos en todo el territorio nacional, que garantizará al menos 461,5 euros mensuales para los hogares compuestos por una sola persona. El máximo garantizado alcanzará unos mil euros, que recibirán familias más numerosas y con niños a cargo. 

La renta estatal ha sido anunciada en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

Pablo Iglesias ha destacado la medida como “el mayor avance en derechos sociales” en la democracia española desde que se aprobara la Ley de Dependencia en 2006. “No hay libertad si una persona tiene que dedicar toda su energía en sobrevivir y no en vivir. No hay libertad si no se llega a fin de mes”, ha destacado el vicepresidente segundo, que ha destacado que el ingreso mínimo vital no es un éxito del Gobierno de coalición “sino de las personas anónimas que han trabajado todos estos años para que el ingreso mínimo vital sea posible”, con un recuerdo especial al tercer sector y el personal de los servicios sociales.

El ministro José Luis Escrivá ha destacado que la renta estatal cumple dos objetivos fundamentales: redistribuir rentas, con un foco especial en la reducción de la pobreza extrema, y permitir la inclusión social de sus beneficiarios. “Tendremos éxito si somos capaces de que estos hogares puedan transicionar a un estado mejor en la sociedad”, ha destacado el ministro, que ha recordado que la ayuda económica estará ligada a itinerarios de inclusión para que las personas que la perciban mejoren su situación, ya sea a nivel laboral o social.

Se trata de una medida histórica en las políticas públicas de lucha contra la pobreza en España. Aunque existían rentas mínimas en las Comunidades Autónomas, muy diferentes entre sí y muy escasas en la gran mayoría de territorios, no había un suelo mínimo de ingresos garantizado en todo el Estado, una anomalía de España frente a sus socios europeos. “Todos los países de la eurozona tienen sistemas de rentas mínimas estatales, muchos de ellos compatibles con el empleo”, recuerda Olga Cantó, economista y una de las mayores expertas en España sobre pobreza y desigualdad.

El ingreso mínimo vital será el suelo de ingresos y se compatibilizará con las ayudas autonómicas existentes. En el caso de Euskadi y Navarra, estas Comunidades gestionarán una parte de la prestación estatal a través de un convenio especial, que el Gobierno ha justificado por su estatus foral particular. Uno de los retos más importantes a partir de ahora, según expertas en pobreza consultadas, pasa por orquestar una coordinación eficaz entre la nueva renta estatal y las regionales. 

Alcanzará los 2,3 millones de personas

Las estimaciones del Ejecutivo apuntan que la renta mínima estatal alcanzará los 850.000 hogares, compuestos por 2,3 millones de personas aproximadamente. El nivel de protección del ingreso mínimo vital elevará mucho la cobertura que existía hasta el momento de las rentas mínimas autonómicas. Hasta ahora alcanzaban a unos 300.000 hogares, según los datos del Gobierno, por lo que prácticamente se triplicarán las familias protegidas si se cumplen las previsiones del Ejecutivo.

El Estado garantizará unos mínimos de renta de manera mensual, en 12 pagas, según el tipo de hogar, para el que se ha tenido en cuenta un total de 14 familias diferentes. La Seguridad Social complementará los ingresos de la familia (por ejemplo de alguna prestación o ingresos salariales muy bajos) hasta llegar a determinados umbrales que considera que son los mínimos para vivir según la tipología de hogar: el mínimo, para un hogar de una persona, es de 461,5 euros al mes y el máximo, de 1.015,3 euros al mes, en familias más amplias con menores a cargo. 

El coste de la medida es de unos 3.000 millones de euros anuales. El vicepresidente Pablo Iglesias ha destacado la medida no solo como una herramienta de “justicia social”, sino también de efectividad económica, ya que supone un “instrumento especialmente útil contra la pobreza infantil” y una “medida absolutamente imprescindible para la recuperación económica”, ha destacado ya que los recursos que destine el Estado “no van a acabar en un paraíso fiscal”, sino en la economía interna a través del consumo de estas familias.

Las personas que cobren la ayuda estatal y encuentren un empleo podrán compatibilizar de manera temporal ambos ingresos, recibiendo parte del ingreso mínimo durante un tiempo. Se trata así de evitar la llamada “trampa de la pobreza”, es decir, que se desincentive la inserción laboral debido al cobro de la ayuda. Esta compatibilidad ya se aplica en varias Comunidades Autónomas y tiene especial sentido en un país como España, con mucho empleo temporal e inestable. 

El diseño de la ayuda ha sido liderado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pero también ha colaborado con un papel muy activo y mediante negociaciones continuas el equipo de la vicepresidencia social de Pablo Iglesias, que ha encabezado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Aunque ha habido algunas tensiones entre ambos equipos, de la cuota del Gobierno socialista y de Unidas Podemos, como cuando Iglesias defendió la implantación de una renta 'puente', en general las dos formaciones del Gobierno han colaborado para sacar adelante cuanto antes esta medida. 

Unas “100.000 familias” lo recibirán en junio 

El ingreso mínimo vital podrá solicitarse a partir del 15 de junio y el Gobierno pretende que se abone ya a finales de este mes a unas 100.000 familias, según ha explicado el ministro Escrivá, para las que la Seguridad Social tramitará la ayuda de oficio. La intención del Ejecutivo es acelerar lo máximo posible la gestión de la ayuda en estos momentos de crisis por la pandemia, en los que muchas personas han tenido que pedir ayuda para comer. 

“Estamos trabajando con las bases de datos de la Seguridad Social, intentando identificar bien los hogares claramente beneficiarios, para poder desde los primeros días de junio reconocer de oficio la prestación a un porcentaje muy significativo de hogares. No sé exactamente el número, probablemente estemos hablando de unos 100.000 hogares que la recibirán sin pedírnosla”, explicó ya el ministro en una entrevista en Onda Cero esta semana. 

El diseño de la medida protege en especial a las familias con niños y a los hogares monoparentales, es decir formados por un solo adulto progenitor con menores a cargo. España tiene en ambos casos (entre los niños y familias monoparentales) la segunda mayor tasa de pobreza entre los 28 países de la UE. El 43% de los hogares con niños encabezados solo por un adulto viven con ingresos por debajo del umbral de la pobreza en España. Entre los niños, esta vulnerabilidad económica afecta casi a uno de cada tres menores de 18 años. 

De los 2,3 millones de personas que el Gobierno estima que se podrán beneficiar del ingreso mínimo vital, un 30% son menores y el 16% de los 850.000 hogares potenciales beneficiarios son monoparentales. “En ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer”, explican fuentes del Gobierno.