Las organizaciones sociales piden suspender el pago de hipotecas y alquileres para evitar “una crisis brutal”

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha extendido a toda España el aplazamiento de las actividades judiciales no urgentes, incluidos los desahucios. Este viernes el órgano de gobierno de los jueces acordaba esta medida en las cuatro zonas más afectadas por la crisis del coronavirus: Comunidad de Madrid, País Vasco y los partidos judiciales de Igualada (Barcelona) y Haro (La Rioja). En España se producen de media 150 lanzamientos al día, según los últimos datos disponibles.

Hace una semana, en una decisión no vinculada con la actual crisis sanitaria y probablemente económica, el Gobierno amplió a los alquileres la moratoria antidesahucios para colectivos vulnerables. Renovó además por cuatro años la cancelación de lanzamientos por impago de hipoteca para estos mismos colectivos, como viene sucediendo desde 2013.

La suspensión generalizada de desahucios que se produce ahora al abrigo de la reducción al mínimo de las actuaciones judiciales supondrá un alivio para quien se encuentre inmerso en un proceso de estas características, pero no supone sino aplazar el problema, señalan varias asociaciones de defensa de derechos de los consumidores e inquilinos. De hecho, la complicada situación económica que se está sufriendo en el país por la parálisis productiva generará todavía un mayor número de impagos, alertan.

“El problema será cuando volvamos, que nos encontraremos con los que ya estaban en marcha y con los que se hayan podido iniciar o se vayan a iniciar como consecuencia de la situación que estamos viviendo”, explica la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, en un comunicado.

Suárez critica que el borrador del decreto que se ha filtrado en la jornada de este sábado, y que finalmente ha pospuesto hasta el martes las iniciativas económicas, “deja en el aire las medidas para aliviar a las miles de familias que verán mermados sus ingresos y que podrían enfrentarse a un desahucio” o a la inscripción en ficheros de morosos o a la limitación de acceso al crédito “una vez se restablezca la normalidad”.

Su asociación pide al gobierno y a las entidades financieras “un pacto nacional para aliviar a las familias que puedan verse afectadas” por esta situación extraordinaria. Además, pide la prohibición de cortes de energía mientras dure el estado de alarma.

También los sindicatos de inquilinas han lanzado propuestas específicas para proteger el derecho a la vivienda en esta situación excepcional. Javier Gil, del sindicato madrileño cree que además de los desahucios debe suspenderse el pago de hipotecas (así se ha hecho en Italia) y de alquileres. Piden también la renovación automática de los contratos (o extensión del contrato) mientras dure está situación de emergencia.

Según los últimos datos disponibles, en el cuarto trimestre de 2019 se practicaron 13.612 lanzamientos en España (un 9,6 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2018). El 68,4 por ciento de los desahucios, 9.310, fue consecuencia de procedimientos derivados de la LAU (impago de alquiler), mientras que otros 3.503 (el 25,7 por ciento) se derivó de ejecuciones hipotecarias; los 799 restantes obedecieron a otras causas. Si se divide el total de desahucios por los 90 días del trimestre, sale una media de 151,2 cada jornada.

Para Alejandra Jacinto, portavoz de la PAH, la suspensión de desahucios “es una medida totalmente lógica, parece imposible cumplir la recomendación de quedarte en casa mientras te echan a la calle”. Pero coincide también en pedir la suspensión del pago de hipotecas y alquileres de grandes tenedores.

Abunda el portavoz del sindicat de llogaters, Jaime Palomera: “No tenía sentido que se estuvieran cerrando escuelas, universidades y parlamentos, y que se le estuviera diciendo a la gente que se confine en casa, cuando al mismo tiempo se seguía haciendo un despliegue de recursos enorme para dejar en la calle a familias con menores de edad”.

A su juicio, el CGPJ “se ha estado resistiendo toda la semana y ha sido solo gracias a la presión social y de algunos cargos públicos” (caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau) que finalmente han decidido tomar una “medida de sentido común” pero que solo es “de mínimos”, afirma.

“Miles de personas están siendo despedidas, o viendo como sus ingresos caen en picado. No se le puede decir a toda esa gente que se quede en casa como si nada. Hay que suspender el pago del alquiler y de la hipoteca para evitar una crisis brutal”, insiste, porque “esto ya está pasando con miles de familias, autónomos y pequeños comercios: sus ingresos caen en picado y no saben cómo van a pagar en abril y mayo”. Para este portavoz, “mientras dure la crisis, no van a poder pagar, y no tiene sentido llevarles a una situación límite”.