El 64% de los parados de larga duración son mujeres: la brecha de género que el Gobierno quiere reducir
Seis de cada diez personas paradas de larga duración, aquellas que llevan más de un año sin encontrar empleo, son mujeres. Suponían 849.002 del total de 1.325.836 personas desempleadas en esta situación apuntadas en las oficinas públicas de empleo a finales de 2018. Un 64% de mujeres frente a un 36% de hombres (476.834). El Gobierno ultima un plan a tres años para prevenir y reducir el desempleo de larga duración titulado Reincorpora-T, que aprobará probablemente en el Consejo de Ministros del próximo viernes 5 de abril, según fuentes oficiales. El programa se fija como objetivo reducir esta gran diferencia de género, de 28 puntos porcentuales, a la mitad para finales de 2021.
Aunque la recuperación económica ha ido acompañada de la reducción del número de desempleados, desde el máximo registrado en 2013 de casi 6,3 millones de personas en la Encuesta de Población Activa (EPA), aún queda un importante colectivo de población sin empleo pese a querer y estar en disposición de trabajar. En el último trimestre de 2018, casi 3,3 millones de personas.
Uno de los focos donde la reducción del paro es más compleja se centra en aquellas personas paradas de larga y muy larga duración. El último borrador del plan del Ejecutivo hasta la fecha –al que ha tenido acceso eldiario.es y que aún puede sufrir algunas modificaciones– recoge que de las 1.325.836 personas paradas de larga duración a finales de 2018, el 66% llevaba en realidad más de dos años en esta situación.
El Ministerio de Trabajo ha elaborado esta estrategia para los años 2019, 2020 y 2021 con la meta general de llegar al último trimestre de este último año con unas 481.200 personas paradas de larga duración menos. Dentro de esta cifra global, el Gobierno se propone ajustar varias brechas dentro de este colectivo especialmente vulnerable: tanto de género como de edad.
Por un lado, se propone reducir a la mitad la actual brecha de género entre mujeres y hombres parados de larga duración, de los 28 puntos porcentuales de diferencia en la actualidad a los 14 puntos a finales de 2021. Esto implica que la gran mayoría de de las más de 481.200 personas que el Gobierno pretende sacar de este desempleo enquistado son mujeres: más de 364.000, frente a 111.000 hombres. Si se lograra esta reducción, aún habría más mujeres paradas de larga duración que hombres, pero la brecha entre los dos géneros se habría dejado en la mitad.
Respecto al enfoque desde una perspectiva de edad, el plan se marca como objetivo disminuir la tasa de parados de larga duración entre los mayores de 45 años, ya que suponen más el 69% del total. El documento plantea dejar este porcentaje en tres años en el 65%, con un descenso de casi 357.000 personas en este grupo.
El presupuesto del Plan Reincorpora-T es de “2.500 millones de euros” para los tres años que abarca la estrategia, de los que la gran mayoría se invertirán en la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años que ya se ha aprobado (1.196 millones). El presupuesto para formación es de 732 millones, las bonificaciones para la contratación en las empresas contarán con 277 millones y 282 millones irán a parar a diferentes medidas de orientación profesional. En 2019, el Gobierno pretende destinar 737,2 millones de euros.
Prioridad para mujeres y CV anónimos
Para alcanzar los objetivos cuantitativos previstos, el plan explica que se plantearán acciones especiales para “colectivos de difícil inserción” dentro de los parados de larga duración. Por ejemplo, que dentro de los servicios públicos de empleo se vigile que “las transiciones profesionales entre empleo y empleo o entre paro y ocupación se produzca en los 6 a 12 primeros meses de desempleo”, prestando una atención especial a “los mayores de 45 años, mujeres y otros grupos vulnerables ante el empleo”.
En los programas que se ofrecen de formación en competencias digitales para desempleados, la idea del Gobierno también pasa por enfocar sobre todo a los colectivos mayoritarios entre el paro de larga duración, contemplando las necesidades del colectivo de trabajadores mayores de 45 años y “de manera especial el del colectivo de mujeres”. Además, “con la finalidad de reducir la brecha de género en el sector tecnológico”, los técnicos públicos animarán a las mujeres a participar en los cursos formativos y darán prioridad a sus solicitudes frente a las de los hombres “para reducir la masculinización de ciertas profesiones”.
El documento del Gobierno recuerda también que diversos estudios han constatado la existencia de sesgos discriminatorios en los procesos de selección de personal. Un reciente estudio publicado por el Observatorio Social de La Caixa demuestra que las mujeres con hijos tienen la mitad de probabilidades que los hombres de acceder a una entrevista de trabajo.
Para contrarrestar esta discriminación, el Servicio Público de Empleo, “en colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, promoverá la implantación de procesos despersonalizados de selección, utilizando el currículum anónimo o ciego”.
Fuera de las políticas estrictamente de empleo, el plan también considera que avanzar en el mayor reparto de las tareas de hogar y de cuidados entre hombres y mujeres puede contribuir a mejorar la inserción laboral de las mujeres. En el sector profesional de empleo doméstico, los servicios públicos de empleo promoverán actuaciones específicas, en colaboración con la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, de seguimiento del empleo doméstico, “para garantizar un trabajo digno y la protección de las personas desempleadas que se incorporan a estas ocupaciones”.
Reserva de puestos en contrataciones públicas
Una de las medidas más concretas del plan consiste en fomentar la reserva de puestos destinados a parados de larga duración en las contrataciones públicas. En este caso, el colectivo en el que se centra la medida alcanza a los mayores de 45 años y se refiere a aquellos contratos públicos que impliquen la necesidad para la empresa adjudicataria de contratar al menos a 10 nuevos trabajadores para su realización.
El Gobierno pretende que se incorpore como criterio de adjudicación, con un valor de al menos el 10% del total, la contratación de personas paradas de larga duración. La idea del Gobierno es garantizar la contratación de entre un 5% y un 10% de estos desempleados en los proyectos que lleven a cabo.
El Ejecutivo pide a “las administraciones públicas y otros entes públicos contratantes el máximo rigor en la exigencia y cumplimiento de las consideraciones de tipo social, que deben hacer extensivo a las empresas subcontratistas”.
Los servicios públicos de empleo serán los encargados de llevar a cabo “actuaciones de seguimiento y fomento de las buenas prácticas en la contratación pública”, para vigilar que se incluyan estos criterios para los desempleados de larga duración, y además “facilitarán a las empresas licitadoras candidaturas de trabajadores que cumplan con estos requisitos”, siempre con el consentimiento de las personas desempleadas.
Otras iniciativas que contempla el plan es el incremento de los fondos para formación de aquellas empresas que contraten a parados de larga duración, y los mantengan en sus plantillas de manera estable (más de un año). Las que mantengan de manera continuada un porcentaje de trabajadores desempleados de larga duración “superior al 10% se bonificarán con una ampliación de su crédito formativo del 5% para el ejercicio siguiente en el que se cumpla tal condición”.
En la estrategia también se añaden algunas medidas que ya han sido aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, como la mencionada recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años, pero también las bonificaciones en las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social en las contrataciones de personas paradas de larga duración. La bonificación de la cuota empresarial por trabajador contratado es de 1.300 euros al año, durante un periodo de tres años, en el caso de los hombres y de 1.500 euros anuales en las contrataciones de mujeres.
