El Gobierno anuncia un “paquete de medidas urgentes” para impulsar las renovables y el ahorro energético
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este miércoles un “paquete de medidas urgentes” para recuperar la apuesta de España por el ahorro, la eficiencia energética y las renovables. En su debut en la comisión del ramo del Congreso para explicar sus planes, la ministra ha ofrecido pocos detalles sobre ese paquete, que buscará “reparar y actualizar el tratamiento de la cogeneración”, “reformar la regulación del autoconsumo” para eliminar el denominado impuesto al sol; “recuperar la confianza de los inversores” y “rescatar” el papel del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).
Ribera ha avanzado que trabaja “a toda velocidad” para elaborar una propuesta que restituya los pagos por capacidad que acaban de perder las centrales de ciclo combinado (gas) y ha prometido poner en marcha “medidas de choque” contra la pobreza energética que no ha concretado, más allá de impulsar la eficiencia energética en nuevos edificios. Sí ha avanzado que trabaja en una normativa para impedir cortar el agua a hogares vulnerables mientras se tramitan ayudas sociales por tratarse de “un bien básico para la vida”.
Respecto al futuro de las nucleares, se ha remitido al programa del PSOE (cierre a los 40 años, es decir, durante la próxima década), que “hoy por hoy” es la posición del Gobierno. Pero ha recordado que en este punto los grupos parlamentarios tienen posiciones distintas y que España tiene pendiente actualizar su plan de gestión de residuos nucleares, lo que ha propiciado la apertura de un expediente de infracción y la amenaza de una multa de Bruselas: “Si no sabemos cuánto cuesta almacenarlos, cómo y donde se gestionan es un poco simplista pensar en una estimación razonable del coste de cerrar las centrales”.
Sobre el carbón, ha recordado que siete de las quince centrales que operan en España “no han hecho ninguna inversión” para seguir operando más allá de 2020 “y no tienen mucho margen para seguir funcionando cuando el marco comunitario les obliga a cerrar”. El resto, “veremos qué recorrido tienen” en función de factores como la fiscalizad y los costes de los derechos de emisión y del resto de operadores.
El “lío” del Castor
Preguntada por su responsabilidad en el caso Castor, Ribera ha llegado a decir que el fiasco del almacén “no supuso ningún daño patrimonial, más allá de la gestión de una infraestructura enormemente costosa e innecesaria”, una afirmación que luego se ha visto obligada a rectificar para pedir “disculpas”: “Cuando hablaba de patrimonio estaba hablando de patrimonio natural y daños materiales e infraestructuras”, ha señalado, antes de instar a extraer “lecciones” de ese fiasco.
La ministra ha defendido su gestión como secretaria de Estado de Medio Ambiente y responsable de firmar en 2009 la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto, decisión a la que, ha dicho, le era imposible sustraerse. Según Ribera, “el lío de Castor tiene muy poco que ver con la DIA” y, en lo que se refería a sus responsabilidades de entonces, “era imposible hacer más de lo que en aquel momento se hizo”: controlar el comportamiento sísmico del emplazamiento mediante un sistema de alarmas tempranas. El almacén submarino de gas tuvo que cerrarse tras detectarse, en 2013, una sucesión de seísmos en la costa castellonense. La factura (1.350 millones), abonada mediante un real decreto ley anulado por el Constitucional, la pagarán los consumidores de gas durante 30 años.
Para defender su gestión, Ribera se ha remitido al informe encargado por el anterior Gobierno al instituto tecnológico de Massachusetts (MIT), que “dijo que era imposible hacer más de lo que en aquel momento se hizo”. Ha subrayado que “el riesgo cero no existe” y, eso sí, se ha demarcado de la compensación abonada al promotor por la inversión realizada, “un modelo económico y de cobertura de riesgos manifiestamente memorable” en el que no tuvo “nada que ver”.
La ministra ha reiterado que remitirá al Congreso antes de fin de año el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que la Cámara Baja reclamó ya en 2011. Entre las novedades, incluirá la elaboración de informes periódicos del Banco de España sobre el estado del país en materia de cambio climático, así como la obligación de que las empresas cotizadas realicen un informe anual de evaluación de su riesgo climático y su huella de carbono, como hace Francia desde 2015.
La propuesta de ley contendrá “objetivos claros de reducción de emisiones para 2030 y 2050” para cumplir sus compromisos internacionales y enviar una “señal clara y contundente” a los inversores sobre la hoja de ruta de España en esta materia. En concreto, planteará una reducción de las emisiones del 20% para 2030 con respecto a 1990, que supondrá recortar “prácticamente a la mitad” la cifra actual, y del 50% para 2050. Y contará con objetivos revisables cada cinco años.
Ribera, que en su primera intervención no ha hecho referencias a la fiscalidad ambiental, tras los globos sonda lanzados en las últimas semanas por el Gobierno sobre una inminente subida de impuestos al diésel, sí ha señalado, en declaraciones a EFE antes de su comparecencia, que este combustible “tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida”.
