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La Inspección de Trabajo insta en dos días a 22.000 empresas a corregir presuntos fraudes en la contratación
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado en dos días (13 y 14 de agosto) 22.000 advertencias a empresas tras detectar un presunto incumplimiento en los límites fijados legalmente para los contratos eventuales, según ha informado este miércoles el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Segun la legislación, se pueden realizar contratos temporales eventuales por una duración tope de 12 meses en un periodo de 18 meses, es decir, que en 18 meses un trabajador al que se le efectúe este contrato sólo podrá trabajar un máximo de 12.
La Inspección ha observado que un “relevante” número de empresas incumple este precepto. Las 22.000 empresas advertidas dispondrán de un mes para regularizar la situación de los trabajadores afectados. Cumplido ese plazo, la Inspección comprobará si se ha corregido la situación y, en caso contrario, tomará medidas contras las empresas incumplidoras.
El Consejo de Ministros del pasado 27 de julio aprobó el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 para combatir el “abuso” laboral y la vulneración de derechos de los trabajadores.
En el marco de dicho Plan se pusieron en marcha en agosto dos planes de choque, que durarán hasta diciembre, centrados en la lucha contra la contratación temporal y el trabajo a tiempo parcial fraudulentos, cuya primera fase consiste en la detección de posibles situaciones irregulares a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude.
Por medio de esta se informa a las empresas identificadas para que regularicen voluntariamente su situación reponiendo los derechos a los trabajadores afectados.
En una segunda fase, y una vez transcurrido un mes desde el envío de las comunicaciones, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social analizará los datos y comportamientos de las citadas empresas, en concreto de aquellas que no han regularizado la situación descrita o han realizado alguna modificación en la situación de sus plantillas procediendo a la extinción de los contratos detectados en fraude de ley.
En estos casos, la Inspección de Trabajo, a través de su personal, comprueba directamente si existen incumplimientos, en cuyo caso adopta una serie de medidas, pudiendo exigir las responsabilidades legales pertinentes.
