El M5S y la Liga frenan el futuro de grandes proyectos empresariales

El Gobierno de Italia, integrado por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga Norte, mantiene en el aire el futuro de grandes proyectos como la compra de la siderúrgica Ilva o las obras del gasoducto Transadriático (TAP) con el argumento de que no favorecen los intereses del país.

El antisistema Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga llevan dos meses al frente del Ejecutivo italiano y en este tiempo han abanderado una máxima: anteponer los intereses nacionales para impulsar el crecimiento en el país.

Por eso, en materia de infraestructuras han paralizado temporalmente el desarrollo de proyectos de gran envergadura que habían comenzado en anteriores legislaturas.

Ahora, el actual Gobierno duda de que estos planes reviertan en el enriquecimiento de Italia y estima que, antes de seguir adelante, hay que analizar los esfuerzos que exigirán a la economía transalpina, que acumula una deuda superior al 130 % del producto interior bruto (PIB).

De hecho, ya el pasado mayo el M5S, el más crítico con estos proyectos, publicó un artículo en su blog que titulaba “La era de las grandes obras inútiles ha acabado” y que anticipaba lo que ha venido después.

Además de los mencionados, se encuentran en debate la venta de Alitalia, una compañía que lleva siendo un lastre para el país desde hace más de diez años y que el M5S y la Liga quieren que siga siendo italiana, y la continuación de las obras de la línea ferroviaria que unirá la ciudad italiana de Turín y la francesa de Lyon.

En junio de 2017, el Gobierno del Partido Demócrata (PD, centroizquierda) firmó un decreto que permitía la adjudicación del grupo siderúrgico italiano Ilva por parte del líder mundial en producción de acero, ArcelorMittal, para evitar su quiebra.

La planta de Ilva, en Tarento (Apulia, sur), llevaba casi cuatro años bajo administración concursal y con severos problemas económicos, y su compra por parte del principal productor siderúrgico y minero a escala mundial le devolvería la competitividad perdida, y aportaría 2.400 millones de euros a nuevas inversiones, según las estimaciones del PD.

Comenzó entonces el proceso para ultimar los detalles del acuerdo y negociar los posibles recortes en la plantilla de Ilva, que cuenta con 14.000 empleados.

Pero la venta no se cerró y en marzo de este año Italia celebró elecciones generales que derivaron en la formación del actual Gobierno, del M5S y la Liga, dos fuerzas que comparten una filosofía proteccionista.

El líder del M5S y ministro de Desarrollo Económico y Trabajo, Luigi Di Maio, ha afirmado que el plan la multinacional no satisface al Ejecutivo en materia de empleo y que “cuando se den las condiciones para un acuerdo, se buscará una solución”, algo que por ahora no se da.

Algo similar ocurre con la aerolínea Alitalia, sin beneficios desde 2002 y gestionada por tres administradores concursales desde mayo de 2017, que han tratado de venderla a un potencial comprador.

La alemana Lufthansa y la británica EasyJet han presentado ofertas de las que no han trascendido los detalles, aunque previsiblemente exigirían recortes que afectarán a parte de los más de 12.000 empleados.

El Gobierno italiano no quiere desprenderse de Alitalia, que ya estuvo bajo administración concursal en 2008, y por eso ha interrumpido su potencial venta hasta elaborar un plan estratégico que la salve y la deje en manos italianas.

Dos proyectos que dividen a las dos formaciones son el tren de alta velocidad (TAV) que unirá la ciudad italiana de Turín y la francesa Lyon, y el desarrollo del tramo en Italia del gasoducto TAP, que traerá gas natural del Mar Caspio a Europa occidental.

El TAP, que está previsto que entre en funcionamiento en 2020, forma parte del Corredor Gasista del Sur de Europa, iniciativa de la Comisión Europea que busca garantizar la seguridad energética de la Unión Europea para reducir su dependencia de Rusia.

De sus 871 kilómetros, ocho pasan por la región de Apulia y el M5S ya ha considerado en el pasado que este proyecto no beneficiaría al país.

Actualmente ha modulado su discurso y Di Maio ha señalado que se están valorando los beneficios que reportará, algo que no comparte el líder de la Liga, Matteo Salvini, que cree que hay que concluir el tramo para que la energía “cueste un 10 % menos”.

La situación es parecida a la que mantienen frente a la línea ferroviaria entre Turín y Lyon, nacida de un acuerdo entre los Gobiernos galo e italiano en 2001.

El M5S apoya estudiar la relación costes-beneficios de esta obra que debía haber terminado en 2012, mientras que Salvini pide “ir hacia adelante”.

El presidente de la patronal italiana, Vincenzo Boccia, ha criticado algunas de estas posiciones y ha dicho que el Gobierno italiano está desilusionando.

Laura Serrano-Conde