La OIT advierte que el cambio climático puede destruir 72 millones de empleos en el mundo
Alrededor de 1.200 millones de puestos de trabajo –el 40% del empleo mundial total– dependen directamente de los servicios ecosistémicos y del medio ambiente. La frecuencia de los desastres naturales relacionados con la actividad humana ya han mermado la productividad, entre 2000 y 2015 provocaron una pérdida de 23 millones de empleos y se prevé que de aquí a 2030 se destruyan 72 millones de empleos a tiempo completo debido al estrés por el calor, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo.
Los aumentos de temperatura habrán reducido en el año 2030 el número total de horas de trabajo en un 2% a nivel mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo y sectores agrícolas. El estudio considera la contaminación atmosférica, del agua y del suelo los principales factores que perjudicarán directamente a los trabajadores en términos de salud, productividad, ingresos, alimentos y seguridad del suministro combustible e incide en la mejora de resultados del mercado de trabajo de algunos países, como Uruguay y Filipinas, que ya han puesto en marcha políticas de bajas emisiones de dióxido de carbono.
Ante esta situación, la OIT subraya la importancia de cumplir el Acuerdo de París de 2015, además de poner en marcha medidas de transición energética para limitar el calentamiento global a 2ºC que contribuirán a crear alrededor de 24 millones de empleos –sobre todo en el sector energético, eléctrico, automóvil y construcción– sin embargo, los sectores de la refinación y extracción de petróleo podrían experimentar pérdidas de más de 1 millón de empleados.
España se podría ver más beneficiada que la media mundial si se aplica la transición energética “debido a la importancia de las energías renovables” sostiene Joaquín Nieto, director de la OIT en España. “El cambio aun no se ha hecho pero los agentes sociales junto con la Administración estamos realizando informes sobre esta transición. Es necesario un marco de diálogo social”, destaca.
En este contexto, el Gobierno de Mariano Rajoy sigue sin mover ficha sobre cómo se va a llevar a cabo la transición energética, pese a las crecientes peticiones de varias empresas españolas. El Ejecutivo sigue sin aclarar los plazos de tramitación de esta norma que el Congreso le reclama desde 2011. La Ley de Cambio Climático fue anunciada por primera vez por el presidente del Gobierno tras el Acuerdo de París en 2015 –en precampaña electoral– y a día de hoy no se conoce el texto que debe detallar por escrito la estrategia de España para luchar contra el cambio climático.
Protección social para asegurar la sostenibilidad
El informe pone el foco en las políticas de protección social para combatir los efectos adversos en el empleo derivados del cambio climático. Recomienda instaurar sistemas de protección contra el desempleo mediante “medidas de reubicación laboral” y programas de transferencias monetarias que contribuyan a reducir la vulnerabilidad de las personas en situación de desempleo.
Por otro lado, propone programas de obras públicas “con un componente ambiental orientados a generar empleo”, además de limitar el uso de combustibles fósiles, medida que “podría propiciar un crecimiento económico más rápido y una distribución más justa de los ingresos así como una menor emisión de gases de efecto invernadero”.
La transición energética acompañada de políticas de protección social puede ser “una oportunidad para impulsar el empleo femenino y redistribuirlo en estos sectores mayoritariamente masculinos”, señala Nieto, se llevarían a cabo “mediante políticas de igualdad en las empresas para reducir la brecha de género”.
