La OIT estima que la pobreza alcanzará al 80% de los trabajadores de la economía informal en Europa en esta crisis

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha vuelto a analizar los efectos de la emergencia por la COVID-19 en el empleo en todo el mundo, la que considera la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. En un nuevo informe publicado este miércoles, el organismo internacional se detiene en especial sobre el impacto sobre los que denomina “trabajadores informales”, muchos de ellos en la economía sumergida. La OIT estima un enorme aumento del riesgo de pobreza de este colectivo, que alcanzará al 59% a nivel mundial en el primer mes de crisis por el coronavirus. En algunas regiones, las cifras son mucho peores. La OIT calcula que la tasa de pobreza de los trabajadores informales en Europa y Asia Central alcanzará el 80%.

Es uno de los datos más destacados en este nuevo análisis de situación de la OIT, en el que además, eleva sus estimaciones de destrucción de empleo en el segundo trimestre del año respecto a su primer estudio. En este, apuntó que la pérdida de horas de trabajo en este periodo equivaldría a la destrucción de 230 millones de empleos (teniendo en cuenta una jornada a tiempo completo de 40 horas semanales). En el nuevo informe del organismo esta cifra asciende a los 365 millones de empleos. Este aumento se debe “principalmente a la prolongación y extensión de las medidas de contención”, apunta el estudio.

En el caso de España en la oficina de la OIT en el país señalan que desde el inicio de la crisis y hasta final del segundo trimestre de 2020 podrían perderse un 18,6% de las horas trabajadas, el equivalente a 3,5 millones de puestos de trabajo. “Ello no significa la eliminación de este número de empleos, sino la caída en número de horas que muchas están siendo absorbidas por los ERTE y por reducciones de jornada, no solo por suspensión o destrucción de empleo”, explican.

En cuanto a los trabajadores informales, la organización recuerda en primer lugar su definición. Se trata de aquellos trabajadores por los que su empleador no cotiza a la Seguridad Social en su nombre, que no tengan paro o baja por enfermedad. En el caso de los empleadores y los trabajadores por cuenta propia, la OIT considera que están en la economía informal “si sus unidades económicas pertenecen al sector informal (empresas no constituidas en sociedad de capital, que no llevan un sistema de contabilidad formal o no están registradas ante las autoridades nacionales pertinentes)”.

Además, añade la OIT, los trabajadores familiares auxiliares se clasifican como parte del empleo informal, “independientemente de que trabajen en empresas del sector formal o informal”.

Según los cálculos de la organización, hay un total de “más de 2.000 millones de personas en el mundo” que trabajan en la economía informal, “en empleos caracterizados por una falta de protección básica, incluida la cobertura de protección social”. Estos trabajadores con frecuencia “carecen de sustitución de los ingresos en caso de enfermedad o confinamiento”, por lo que son un colectivo especialmente vulnerable en esta crisis.

Caída del 60% de los ingresos

La organización estima que “casi 1.600 millones de trabajadores en la economía informal, que representan el 76%” del total, se han visto sensiblemente afectados por las medidas de confinamiento y/o trabajan en los sectores más afectados. La OIT llama la atención sobre un componente de género: el 42% de las trabajadoras informales están empleadas en sectores de alto riesgo (en cuanto al impacto negativo de la COVID-19), mientras que este porcentaje es del 32% entre los hombres que trabajan en la informalidad.

El estudio calcula además que “el ingreso mensual de los trabajadores informales debería disminuir durante el primer mes de la crisis del 60% a nivel mundial”. El varía por regiones: la reducción es del 28% en los países de ingresos medios-altos, del 82% en los países de ingresos medios-bajos y bajos y del 76% en los países de ingresos altos, en función de las diferentes medidas de aislamiento aprobadas.

Esta caída de ingresos va ligada a una previsión de gran aumento de la tasa de pobreza en este colectivo. La OIT calcula que tras el primer mes de impacto de la COVID-19 la pobreza en este colectivo (entendida como los trabajadores con ingresos mensuales inferiores al 50% de los ingresos medios de la población) alcanzará al 59% de trabajadores a nivel mundial, respecto al 26% existente antes de la crisis.

De nuevo, los datos son diferentes por regiones. La cifra que nos afecta como país europeo es alarmante. En Europa y Asia central se estima que el riesgo de pobreza alcance al 80% de los trabajadores informales, desde el 34% existente antes del estallido del coronavirus. Dado que en la región hay 100 millones de trabajadores en la economía informal, un cuarto del total de las personas trabajadoras, el riesgo de pobreza alcanzaría a 80 millones de personas, casi 50 millones más que antes de la COVID-19.

En el caso de África, la tasa de pobreza estimada tras el primer mes de pandemia es del 83% (desde el 21% previo); en las Américas del 84% (desde el 27%); y en Asia y el Pacífico, del 36% (desde el 22%).

Garantizar ingresos a los más vulnerables

La OIT vuelve a recomendar varias medidas a los Estados para aliviar la crisis del coronavirus en estos momentos y también para reactivar la economía cuando pase la emergencia sanitaria. En general, la OIT traslada “la urgencia de adoptar medidas políticas dirigidas a proteger tanto a las empresas, en particular las pequeñas, como a los trabajadores, sobre todo los que operan y trabajan en la economía informal”.

En concreto para estos trabajadores de la economía sumergida, el organismo considera “esencial” el apoyo a “los ingresos para los trabajadores y las empresas que operan en la economía informal” para prevenir que se hundan aún más en la pobreza. “Dado que se dispone de poco tiempo para elaborar nuevos proyectos, se debe dar prioridad a los programas exitosos y ampliarlos, como las transferencias en efectivo y los programas de ayuda alimentaria y de alojamiento”, recomienda la OIT.

El organismo internacional cree que en “muchos casos, pueden ser necesarias transferencias en efectivo –condicionadas y no condicionadas– durante un período prolongado de tiempo” y añade que este apoyo a los ingresos de los trabajadores y los hogares pobres “es vital para las empresas, en particular para las que producen bienes de consumo”.

En el caso de España la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre del año, nos deja algunos datos preocupantes, como el gran aumento de los hogares que no perciben ningún ingreso. En total, alcanzan casi los 600.000 hogares, tras el mayor aumento registrado desde 2015.

El Gobierno de coalición está acelerando la implantación del Ingreso Mínimo Vital, una renta mínima a nivel estatal para las familias de muy pocos recursos, con la intención de que se pueda aprobar en el Consejo de Ministros “en la segunda quincena de mayo”, según ha afirmado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En una entrevista con eldiario.es, el ministro apuntó que los beneficiarios de la ayuda superarán el millón de hogares.