Vuelven los contratos de alquiler de tres años: PP, Ciudadanos, Unidos Podemos y ERC tumban el decreto de vivienda
El real decreto de vivienda, que amplía de tres a cinco o siete años el plazo de los contratos de alquiler, pero que no pone límites a las subidas de precios, no ha sido convalidado este martes en el Congreso, tal y como estaba previsto. El decreto ha sido rechazado con 241 votos en contra -PP, Ciudadanos, Unidos Podemos, ERC y Bildu- y 103 a favor -PSOE, Coalición Canaria, Compromís, PDeCAT y PNV. Esto implica que la nueva normativa ha estado en vigor poco más de un mes, y ahora vuelve a estar vigente la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, es decir, contratos de tres años, entre otras cosas.
Es el primer decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que no se ha convalidado, y tiene como antecedente la derrota a la reforma de la estiba, que también afectó al Ministerio de Fomento del anterior ejecutivo. En aquel caso, se rehizo el decreto y se volvió a aprobar en Consejo de Ministros, hasta conseguir los apoyos que necesitaba en el Congreso. Pero ahora, el Ejecutivo dice que descarta volver a la mesa para aprobar otro texto que sí cuente con el respaldo de Unidos Podemos, entre otras cosas porque se lo restaría de PNV y PDeCat, igualmente necesarios.
El ministro de Fomento socialista, José Luis Ábalos, ha dedicado su intervención en defensa del decreto de Vivienda a lanzar mensajes a su socio presupuestario preferente, ya que el voto a favor de Unidos Podemos hubiera probablemente inclinado la balanza, siempre que hubiera arrastrado también a ERC. El grupo que dirige Irene Montero se ha negado a dar su apoyo a un texto que a su juicio ha incumplido los compromisos adquiridos y que, sobre todo, no pone límites a las subidas de precios. “No tiene sentido alargar los contratos si no se pone coto a subidas del 40, el 50 o hasta el 300%”, ha afirmado la portavoz de Vivienda de esta formación, Lucía Martín, que ha pedido al Gobierno seguir trabajando para alcanzar un acuerdo en la materia.
Ábalos ha defendido que el real decreto tan solo contiene las “primeras respuestas” y las “primeras reformas fundamentales”. “Las familias españolas necesitan acción pública, inmediata y urgente” para solucionar la “desregularización del mercado” y la “desprotección del inquilino” que supuso la reforma de 2013, ha asegurado. Según el ministro, el decreto que se aprobó el 14 de diciembre es un “punto de equilibrio” entre inquilino y propietario, dando “seguridad jurídica” al mercado y promoviendo un mayor parque de viviendas en alquiler.
“Seguimos trabajando a través de otros instrumentos” como la ley de vivienda, ha añadido, en referencia a la exigencia de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea de introducir mecanismos de control de precios en zonas tensionadas. “Se trata de una oportunidad que no debemos perder. Las oportunidades se presentan y se aprovechan o se desaprovechan”, ha advertido. Lo urgente, a juicio de Ábalos, era “revertir las consecuencias de la reforma liberal de la LAU” que en lugar de “estimular” el mercado desencadenó “subidas desorbitadas y dio pábulo y cobertura a maniobras especulativas”.
Además de alargar los contratos, el decreto, entre otras cosas, fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza (de un mes) que pueden exigirse al arrendatario; da más potestad a las comunidades de vecinos para limitar las viviendas turísticas; suspende procedimientos de desahucio en situaciones de vulnerabilidad y las pone en manos de los servicios sociales; y permite subir el IBI a las casas vacías.
“Resolvamos una situación que también nos incomoda”
La responsable de Vivienda de Unidos Podemos y portavoz de En Comú Podem ha relacionado la redacción y aprobación del decreto en sus actuales parámetros con la mano invisible de la ministra de Economía y las presiones públicas de los fondos buitre un mes antes de aprobarse el texto. “La mano de Calviño y de su equipo se han notado en cada línea”, ha recalcado.
De acuerdo a su relato, el Gobierno y Unidos Podemos habían firmado un “acuerdo potente”, en el que se hablaba de la regulación de precios por parte de los ayuntamientos. El Ejecutivo alega que en ese pacto se hablaba del desarrollo de ese punto concreto “a lo largo de 2019” y que el real decreto no es la figura jurídica adecuada para introducirlo.
Según Martín, cuando estaban “en plena negociación” sobre cómo plasmar el acuerdo presupuestario en un decreto, éste se aprobó y lo pudieron leer “por primera vez” en el BOE. “Pero lo peor no son las formas, sino que casi lo único que han mantenido es alargar la duración de los contratos”, una medida que a su entender “no tiene sentido” si no se pone freno a las subidas. “¿Sabe que ya hay grandes propietarios que piden 1.000 euros de alquiler los tres primeros años, 1.200 los dos siguientes y 1.400 los otros dos?”, ha subrayado.
Además, ha explicado que el Gobierno solo se ha sentado con ellos a negociar “seriamente” en los últimos días. Coincidiría con el momento en el que se comprobó que la amenaza de votar contra el decreto iba en serio . “Hemos avanzado más en dos tardes que en dos meses”, ha recalcado.
Con todo, ha asegurado que espera que se pueda resolver una situación que también a ellos les “incomoda”. “Hoy votaremos en contra del real decreto, pero no queremos humillares, hacer daño ni deshacer una mayoría. Hoy votaremos en contra de este decreto por responsabilidad, para exigir medidas valientes que garanticen el derecho a la vivienda. Porque no olvidamos nunca ni quienes somos, ni para qué estamos aquí”.
Ábalos no ha usado su derecho a réplica durante el debate. En su turno, la portavoz del PSOE, María del Mar Rominguera, ha dicho que le consta que es “voluntad del Gobierno” introducir limitaciones a los precios en zonas de tensión, pero “hay que hacerlo bien”, ha afirmado. Lo primero, ha dicho, es establecer índices de precios en las comunidades autónomas, cuyas competencias se invadirían de otro modo. “De nada sirve salir megáfono en mano si no se permite la aprobación de medidas que ayuden a los ciudadanos”, ha concluido.
PP: la vivienda sube por falta de oferta
La portavoz del PP, Ana Zurita, ha explicado su voto en contra del decreto porque “no resuelve el verdadero problema, la falta de vivienda y de seguridad jurídica” y porque todas sus medidas “afectan al mercado libre” y son “factores distorsionantes”. Según ha afirmado en el mes y pico que ha estado en vigor el decreto “ha habido paralización de firmas, a la espera de ver cómo se resolvía. La gente no sabía a qué atenerse”. También se habría producido, ha dicho, un aumento de precios en las rentas de menos de 600 euros. “Ha creado unos líos innecesarios”, ha resumido.
Restando toda responsabilidad a la reforma del mercado del alquiler de 2013 que rebajó a tres años los contratos, Zurita ha recalcado que los mercados donde más se ha encarecido la vivienda, como Madrid, Barcelona o Baleares, son los que están “contaminados” por el alquiler turístico. Sobre el control de precios, que a su juicio Unidos Podemos usará como “moneda de cambio” en los debates sobre presupuests generales del estado, ha advertido a Ábalos que “si abre la mano lo siguiente va a ser regular las ocupaciones en precario”, un fenómeno que constituye “una de las principales lacras en nuestras ciudades”, ha afirmado.
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Garaulet, ha abogado por su parte por las soluciones “público-privadas” para construir vivienda social y asequible dando seguridad jurídica al sector y ha defendido el papel de las empresas de inversión inmobiliaria para resolver los problemas de la vivienda en España.
Se han mostrado a favor del decreto, siempre que se tramitase como proyecto de ley para poder introducir enmiendas, Íñigo Barandarian (PNV), Feliu Joan Guillaumes (PDeCat) y Ana Oramas (CC). Por su parte, la portavoz de Compromís, Marta Sorlí, ha acusado al Gobierno de quedarse “corto”. “Pero vamos a apoyar, porque nos obligáis a elegir entre lo malo y lo peor y nos vamos a quedar con lo malo”, ha dicho. El PNV se ha mostrado partidario de la limitación de precios pero “en otro marco y con garantías jurídicas”.
Tanto ERC como Bildu han votado en contra del decreto por no introducir limitaciones a los precios.
