Podemos propone contratos indefinidos de alquiler, regular precios y la cesión forzosa de vivienda vacía de grandes propietarios
El programa electoral de Podemos incorpora propuestas en materia de vivienda que van más allá del decreto de alquileres que ha pactado con el Gobierno para alargar los contratos a cinco o siete años: piden implantar un contrato de arrendamiento indefinido “estableciendo causas claras de rescisión justificada”. En los casos en que el arrendatario sea especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), “el contrato de alquiler se prorrogará de manera automática”.
Además, hablan de “intervenir el mercado del alquiler” para impedir subidas abusivas mediante índices y control de precios. Quieren que se habilite a los Ayuntamientos para regular las rentas en barrios y zonas con precios especialmente tensionados. El objetivo con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30% de su renta en concepto de alquiler, que es el porcentaje máximo recomendado por expertos y organizaciones internacionales. La regulación de precios del alquiler es una reivindicación que ha defendido con fuerza Unidos Podemos en sus negociaciones presupuestarias con el Ejecutivo, aunque finalmente aceptó posponerlo para poder sacar adelante un decreto pactado, y que fue convalidado esta semana.
Además, para la creación de un parque público que se incrementaría en 50.000 viviendas al año, proponen establecer un mecanismo de “cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda, junto con otros sancionatorios”, para impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas vacías. También quieren paralizar y revertir la privatización de viviendas públicas y la venta de suelo público.
Aseguran que impulsarán nuevas figuras de cesión de uso de vivienda a la Administración, a cambio de una garantía suficiente de cobro y conservación de la vivienda, junto con formas alternativas de tenencia y que la juventud tendrá un acceso prioritario a este parque de viviendas.
Viviendas de Sareb y fondos en los programas públicos
Otra de las ideas de la formación para “luchar contra los fondos buitre y la especulación con la vivienda” es auditar los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público e incorporar a los programas de vivienda las que fueron viviendas cedidas a “fondos buitre” o a la Sareb. En cuanto a las viviendas vacías, hablan de elaborar un censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas. Pretenden también acabar con las sociedades de inversión en activos inmobiliarios (Socimis) “por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación”.
Sobre las viviendas turísticas, para poner coto a su proliferación, reclaman establecer una regulación básica sobre las condiciones de estas licencias, que incluiría su retirada cuando incumplan la ley, por ejemplo, al no pagar los impuestos correspondientes.
“Junto con las Administraciones locales, estudiaremos también establecer un porcentaje máximo de viviendas destinadas a pisos turísticos en función de las características de cada barrio para descentralizar la actividad turística y mejorar la convivencia”.
Prohibición de los desahucios sin alternativa
En el caso de los desahucios, los prohibirían cuando afecten a personas en situación de vulnerabilidad sin que la Administración competente garantice un realojo “en condiciones dignas”, ya sea en casos de impago de alquileres o por “ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible”.
En cuanto a las hipotecas, proponen cambiar el procedimiento de ejecución hipotecaria “para garantizar todos los medios de defensa y de prueba” y para que se aplique de manera correcta la normativa europea de protección de los consumidores. Para ello, creen que se debe proteger a los deudores hipotecarios sin recursos suficientes con la limitación de su deuda al valor del bien hipotecado y el reconocimiento de derechos de reestructuración de deuda, quita y dación en pago.
También proponen adoptar medidas adicionales de protección a familias con ingresos inferiores a tres veces el IPREM (1.600 euros al mes) que no pueden pagar su hipoteca, y derogarán los Índices de Referencia de Préstamos hipotecarios (IRPH) como indicador de los tipos de interés variable en créditos o préstamos hipotecarios con efecto retroactivo, “de manera que las familias puedan reclamar lo pagado indebidamente”.
