Red Eléctrica demanda al Estado para cargar a los consumidores con 3.000 millones por sus líneas más antiguas

Red Eléctrica ha demandado al Estado para exigir el cobro, durante un periodo de diez años y con cargo a la tarifa de la luz que pagan los usuarios, de más de 3.000 millones de euros por actuaciones de renovación y mejora realizadas entre 1985 y 2014 en sus líneas eléctricas más antiguas, las puestas en servicio con anterioridad a 1998. El asunto está ya planteado en el Tribunal Supremo.

El pasado 18 de marzo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denegó las pretensiones de la empresa en una sentencia que cobra vigencia ahora que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pretende, en una de las circulares que ultima en el marco de sus nuevas competencias, recortar la retribución de esas instalaciones de REE, conocidas en el sector como “líneas Lázaro”, porque “mueren y resucitan constantemente”, como explica un experto en regulación.

Los técnicos de la CNMC, que entienden que esas infraestructuras están más que amortizadas, apuestan por eliminar un incentivo recogido en un Real Decreto de 2013, el 1047/2013, que es la norma en la que se apoya REE para realizar su reclamación en este litigio. Este data de la época del popular José Folgado al frente de REE, pero la empresa –cuyo mayor accionista con el 20% es el Estado– ha decidido seguir pleiteando ya con el exministro socialista Jordi Sevilla como presidente.

Inversiones “no acreditadas”

La sentencia del TSJM, ante la que REE ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, recoge que el 2 de abril de 2014 REE reclamó al Ministerio de Industria un “incremento de vida residual de las instalaciones que han obtenido autorización de explotación antes de 1998 por actuaciones de renovación y mejora” apoyándose en el citado Real Decreto, firmado cuatro meses antes por José Manuel Soria.

La petición de REE fue desestimada el 18 de enero de 2016 por la Dirección de Política Energética y Minas. Basándose en un informe de la CNMC, Industria determinó “que no han quedado acreditadas las inversiones incurridas a tales efectos de renovación y mejora, que además no se han contabilizado como tales inversiones”, sino como gastos.

Pero REE no se rindió. Presentó un recurso de alzada y, ante el silencio administrativo, demandó al Estado para impugnar la desestimación. A preguntas sobre este asunto, REE explica que “hizo una solicitud de extensión de la Vida residual de las instalaciones pre 98 al amparo de la Disposición transitoria tercera del RD 1047/2013”. “La discusión jurídica y el recurso nace de esta Disposición Transitoria”, señalan. El Supremo todavía no ha admitido a trámite su recurso.

La sentencia del TSJM comparte buena parte de los argumentos de la Abogacía del Estado, que se oponía a reconocer la cuantía (3.073.800.000 euros) que, apoyándose en un informe de la consultora Deloitte, exigía REE. Según la Abogacía, ello “conllevaría para el sistema eléctrico un coste adicional superior a los 3.000 millones de euros en 10 años, con la consiguiente repercusión en los peajes a pagar por los consumidores”; y la tesis de REE ya “fue expresamente rechazada en la tramitación del proyecto” de Real Decreto; además, “la actora ha percibido retribución por haber realizado las mismas actuaciones en concepto de gastos de operación y mantenimiento”. Es decir, que ese dinero ya lo ha cobrado con anterioridad.

“Actividad de bajo riesgo con ingresos regulados”

La Abogacía remató su argumentación con este recordatorio: “En la propia página web de REE se señala que en 2015 tuvo una cifra de negocio de 1.938 millones de euros (1.711 millones de la retribución del transporte- 85% del total-) , obteniendo un beneficio antes de impuestos de 829 millones de euros, que representa un 47,77% de su cifra de negocios en una actividad de bajo riesgo con ingresos regulados, sufragados por los consumidores a través de los peajes de acceso que éstos abonan en sus facturas a las comercializadoras”.

La sentencia del TSJM, que condenaba en costas a REE, comparte buena parte de la argumentación de la Abogacía. Apunta que “muchos de los esfuerzos inversores a los que alude la actora han sido retribuidos en el marco retributivo precedente” y “no se acredita en debida forma que no se permita recuperar el coste de las inversiones realizadas”.

El decreto de 2013 exigía para reconocer esas compensaciones “documentación auditada que acredite que se ha incurrido en una inversión en renovación y mejora de estas instalaciones” con un “adecuado reflejo contable”. Pero, según REE, “es completamente irrelevante a efectos regulatorios” que esas partidas estuvieran contabilizadas como gasto o inversión.

Sin embargo, la sala reprochó a REE “una interpretación forzada, sesgada o interesada” de esa norma, “sin que pueda entenderse en definitiva que estemos ante una regulación reglamentaria arbitraria o irrazonable por más que ello sea así apreciado por la recurrente”.

En el punto de mira

En una de las circulares cuya aprobación ultima el organismo, Competencia ha propuesto suprimir a partir de 2023 el mecanismo transitorio establecido en esa norma, que trató a esas líneas pre-1998 como si fueran una bolsa común, sin diferenciar entre unas y otras, para abrir la puerta a la posibilidad de alargarles la vida por un periodo de 10 años, hasta 2023, como pretende REE.

“Con esta circular la cuantía a reconocer es individual y para las inversiones en renovación y mejora para una instalación concreta”, dice la memoria de la CNMC, cuyos servicios técnicos estiman que eliminar ese mecanismo permitiría rebajar en hasta 266 millones la retribución del transporte de electricidad en el año 2023. Las líneas de REE anteriores a 1998 tienen un valor de unos 12.000 millones, según fuentes del sector. La propuesta de la circular no convence a algunos consejeros de la CNMC, que creen que la eliminación de ese mecanismo transitorio debe ser gradual.