Conflictividad, precariedad y un nuevo convenio en telemarketing que no convence a todos

Unas 80.000 personas trabajan en España en el sector del Contact Center. Su labor es la atención de las líneas telefónicas de muchas empresas y administraciones públicas. En el último año, el sector, en el que el sueldo medio ronda los 700 euros, ha ejecutado 555 despidos por medio de expedientes de regulación de empleo.

La última memoria del Servicio de Mediación y Arbitraje (SIMA), encargado de dirimir las disputas entre empresas y trabajadores y de recoger las peticiones de huelga, indica que el Contact Center es el sector que lidera el ranking de conflictividad. Ahora, después de meses de huelgas y protestas, CCOO y UGT están a punto de firmar un nuevo convenio con la patronal que no convence a las centrales minoritarias.

En el último año, las empresas del sector han hecho cientos de despidos. El expediente de regulación de empleo (ERE) más abultado fue el de Extel Contact Center, que despidió a 239 personas el año pasado. Unitono ejecutó un despido colectivo para 200 trabajadores, después de que en 2014 la empresa ya hiciera un ERE similar y de que en los últimos años haya aplicado otras medidas de flexibilidad. Por su parte, Sitel Ibérica despidió a 116 personas. Otras empresas del sector han aplicado expedientes de regulación de temporal de empleo (ERTE), como Unisono -para doscientas personas- y GGS, 60 afectados.

En febrero de este año, la Audiencia Nacional anuló la modificación sustancial de condiciones de trabajo que hizo otra de las compañías del sector, Atento, y señaló que este proceso vulneraba el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. 

La última memoria del SIMA señala al telemarketing como el sector con más conflictos. En 2016 acumuló hasta 60 expedientes en el organismo, muy por encima del siguiente sector, el de cajas y bancos, con 39.

“Las empresas hacen muchas interpretaciones de los artículos del convenio, a veces de cosas nimias pero con impacto”, dice la responsable de sector en CCOO, Montserrat Sánchez. Un ejemplo son los descansos: el convenio estipula que cada hora de trabajo conlleva cinco minutos de pausa visual. “Quieren que vayas al baño en esos cinco minutos. Si no, y te levantas luego, te llegan a quitar dinero de la nómina”, menciona Sánchez. 

Mientras, la situación económica de las empresas mejora. El último informe que la patronal del sector ha publicado, del año 2015, dice que los ingresos experimentaron un “positivo comportamiento”: la facturación creció un 7,9%, hasta 2.400 millones de euros. La previsión era que ese crecimiento se mantuviera en el 7% anual en 2016 y 2017. 

Un nuevo convenio

Al SIMA llegaron también las convocatorias de huelgas (algunas conjuntas entre todas las centrales con representación, otras de CGT en solitario) que los sindicatos convocaron para exigir a la patronal negociar un nuevo convenio con mejoras salariales y de calidad en el empleo. Después de semanas de negociaciones, UGT y CCOO y la patronal llegaron a un preacuerdo que están a punto de convertir en convenio. CGT lo rechaza. La patronal ha rechazado valorar el acuerdo o dar cifras de negocio actualizadas, al menos hasta que se produzca esa firma.

El acuerdo contempla una congelación salarial para 2015 y 2016 (años en los que el nuevo convenio debería haber estado vigente) y una subida del 1,6% desde el 1 de enero de este año. Es la cifra en la que terminó el IPC en 2016, es decir, el convenio aplicará el IPC a año vencido: en 2018 se aplicará el de 2017 y en 2019, el del año anterior. En 2018 y 2019 se subirá, además de IPC, un 0,5%. Habrá también un suelo mínimo de 0,6%, es decir, independientemente de la evolución de la inflación los salarios no podrán bajar de ahí.

Para CCOO y UGT, recuperar la referencia del IPC es una buena noticia, ya que los dos convenios anteriores la habían eliminado. Aseguran que, al final del periodo, la ganancia de poder adquisitivo está garantizada, algo que rechaza CGT por la aplicación del IPC a posteriori y la pérdida de poder de compra acumulada, del 5%.

Otro de los puntos en discusión es la subrogación, que el nuevo convenio sigue sin garantizar. Esto es, los trabajadores que se mantienen en un servicio pero que pasan de una empresa a otra pierden su antigüedad. Los que no pasen de una a otra empresa tendrán prioridad en el siguiente año cuando se produzcan contrataciones. 

Limbo jurídico

El nuevo convenio soluciona el limbo jurídico en el que habían quedado muchos trabajadores temporales después de las últimas reformas: para finales de 2018, todos los que tengan un contrato de obra y servicio anterior a 2010 (año de la reforma laboral de Zapatero) se convertirán en indefinidos. UGT y CCOO estiman que esta conversión puede afectar a unos 8.000 trabajadores. CGT, sin embargo, cree que es algo que debería haberse hecho antes y que, en cualquier caso, no justifica el resto del texto.

“Rechazamos este acuerdo porque sigue generando precariedad”, asegura el coordinador de Contact Center de CGT, Santiago Alonso, que menciona, por ejemplo, la necesidad de asegurar un porcentaje mínimo de trabajadores con jornadas completas. CCOO y UGT defienden que el acuerdo mejora las condiciones de las plantillas. “El sector no está en crisis, pero la evolución de los márgenes de beneficio es cada vez menor. Con el acuerdo mejoramos la situación más que en los últimos trece años. Creo que podemos estar satisfechos”, dice Carlos Prieto, de UGT.