Ábalos colocó a su asesor en el consejo de Puertos, la entidad pública que adjudicó el mayor pelotazo de la trama

José Luis Ábalos colocó en 2019, siendo ministro de Transportes, a su ex asesor Koldo García, investigado por presuntas mordidas durante lo peor de la pandemia, en el consejo rector de Puertos del Estado, la entidad pública que en marzo de 2020 adjudicó el mayor contrato de adquisición de mascarillas de esta trama de presunta corrupción, de 20 millones de euros, más impuestos.

Puertos del Estado, una entidad estatal de derecho público integrada en el sector público empresarial, fue uno de los destinos en cuyo máximo órgano de gestión recaló Koldo García por orden del entonces ministro. Según confirman a elDiario.es fuentes del ente público, “Koldo García fue miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado entre el 20 de junio de 2019 y el 20 de julio de 2021”.

Las mismas fuentes subrayan que “entre las funciones del Consejo Rector no se encuentra la de aprobar contrataciones ni realizar adjudicaciones”. Desde Puertos del Estado añaden que “durante la época más dura de la pandemia, el Consejo no se reunió, constando la última reunión en diciembre de 2019 y la siguiente en junio de 2020”.

En el momento de adjudicarse el contrato, el presidente de Puertos del Estado era el valenciano Francisco Toledo, un histórico del PSPV, como Ábalos. A preguntas sobre este asunto, Toledo confirma que Koldo García estaba en el consejo rector designado por Ábalos, aunque dice que “apareció sólo un rato” y que jamás habló con él. 

Sobre la adjudicación de ese contrato, Toledo sostiene que fue por una orden ministerial y defiende que el proceso fue “claro y limpio”, supervisado por funcionarios de Puertos del Estado, y que la empresa “sirvió” las mascarillas a precio de mercado. También dice que si hubo “mordidas por detrás”, que “caiga todo el peso de la ley” sobre los responsables.

Puertos del Estado adjudicó el contrato el 21 de marzo de 2020, una semana después de decretarse el estado de alarma por la emergencia sanitaria, en un momento en el que el material sanitario escaseaba en todo el mundo. Consistió en el “Suministro de mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio del COVID-19 en el ámbito del transporte y la movilidad”. 

Se adjudicó por el procedimiento de emergencia, negociado y sin publicidad, a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la sociedad que está en el epicentro del escándalo, por un importe de 20 millones, que sumando el IVA correspondiente ascendió a 24,2 millones. Fue la única oferta presentada. El contrato fue el primero de los tres adjudicados a esta empresa, que pasó en un año de no facturar un euro a superar los 53 millones de euros de ventas gracias a estas adjudicaciones. 

Orden de Ábalos

Esta contratación se realizó al amparo de una orden ministerial firmada por el propio José Luis Ábalos la víspera de la adjudicación, el 20 de marzo de 2020. En esa orden se precisaba que el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma había determinado que el transporte público de viajeros y mercancías debía seguir prestándose, lo que requería adoptar medidas para la debida protección de la salud.

En consecuencia, el ministro, como autoridad delegada, ordenó la adquisición centralizada de un máximo de 8.000.000 de mascarillas de protección FFP2 por parte de Puertos del Estado acogiéndose a la tramitación de emergencia prevista en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, para su posterior distribución en el ámbito del transporte.

elDiario.es preguntó a Puertos del Estado, sin obtener respuesta, por la retribución que recibió Koldo García por la pertenencia a ese órgano. Esta información no se desglosa en las cuentas anuales de la entidad, que no detalla los miembros del consejo rector. En 2020 Puertos pagó 160.200 euros en dietas de asistencia al órgano de gestión de la entidad, de los que se ingresaron al Tesoro 9.400 euros, por ser esos miembros funcionarios públicos. A 31 de diciembre de 2020 el Consejo Rector del Organismo estaba compuesto por su Presidente y quince vocales, de los cuales siete eran mujeres y ocho hombres. Las cuentas no precisan la composición de ese órgano.

García, antiguo portero de discoteca y ex concejal del Partido Socialista de Navarra con varias condenas a sus espaldas que luego se convirtió en la mano derecha de Ábalos, se incorporó a Puertos del Estado antes de ser nombrado también por el ministro miembro del consejo de administración de Renfe Mercancías, pese a no tener ninguna experiencia en este sector. El ex asesor del ministro, arrestado esta semana junto a su esposa y otras 18 personas en la denominada Operación Delorme, fue puesto en libertad este jueves por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tras negarse a declarar.

Del nombramiento de Koldo García tampoco hay rastro ni en el BOE ni en el Boletín del Registro Mercantil, dada la especial naturaleza de Puertos del Estado, que tiene la consideración de Administración Pública integrada en el sector público institucional estatal. Las últimas cuentas publicadas del organismo en el BOE datan de 2019. La pertenencia del ex asesor de Ábalos a ese órgano está recogida en publicaciones especializadas. Así lo reflejaba Diario del Puerto el 10 de junio de 2021, un mes antes del cese de Ábalos como ministro de Transportes. Koldo García cesó en Puertos del Estado diez días después del cese del actual diputado del PSOE en el ministerio y de su dimisión como secretario de Organización de la formación.

De los ocho millones de mascarillas FFP2 del contrato adjudicado por Puertos del Estado, 80.000 cubrebocas debían entregarse a las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF-Alta Velocidad; 620.000 a Renfe-Operadora; 4.800 a la entidad pública empresarial Enaire; 102.000 a Aena para su posterior distribución en el ámbito del sector aéreo; 1.128.000 al ente público Puertos del Estado y Autoridades Portuarias para su distribución en el ámbito del sector marítimo, incluida a la entidad pública empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR); y 2.000.000 a la sociedad mercantil estatal Correos y Telégrafos.

Otros cuatro millones de unidades se destinaron a trabajadores que prestan servicios en el ámbito del transporte terrestre de viajeros y de mercancías no incluidos en esas entidades: conductores de taxis, VTC, camioneros dedicados al transporte público de mercancías por empresas autorizadas, conductores de autobuses de líneas de pasajeros privados, así como personal en el ámbito autonómico y local y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y el material sobrante se pondría a disposición del Ministerio de Sanidad para distribuirlo a establecimientos sanitarios y/o farmacéuticos.

Puertos del Estado es la entidad del Ministerio de Transportes responsable del Sistema Portuario español de titularidad estatal, que está integrado por 46 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias. Según esta entidad, la actividad del sistema portuario estatal aporta cerca del 20% del PIB del sector del transporte, lo que representa el 1,1% del PIB español. Asimismo, genera un empleo directo de unos 100.000 puestos de trabajo y de unos 175.000 de forma indirecta e inducida.