Ábalos, sorprendido por el desahucio de una familia con niños en Carabanchel: “En teoría no está permitido”

Una familia con cuatro menores fue desahuciada este martes en Carabanchel, Madrid. En el piso vivía una mujer, Adoración, su hijo, su nuera y sus cuatro nietos. La imagen de la madre y los niños en la calle con las maletas, los muebles y el colchón, compartida por la Asamblea de Carabanchel, se viralizó en las redes sociales y esta mañana el diputado de ERC Gabriel Rufián la sacó en la sesión de control del Congreso. “Mientras la mitad de este hemiciclo estaba en el botellón del Ibex35 con Pedro J., pasaba esto”, espetó.

El ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha respondido más tarde a la imagen asegurando que le “impactó”, ya que “lógicamente, el decreto que planteamos no permite los desahucios. En teoría, no tiene que plantearse ninguno porque los suspendimos durante el estado de alarma”. La realidad, bien conocida por organizaciones sociales como la PAH, dista de la teoría gubernamental. “Los desahucios no están prohibidos”, recalca Alejandra Jacinto, abogada de la organización. “Solo los de alquiler con causa de vulnerabilidad COVID”.

Adoración y su familia vivían en un piso de la Sareb. Entraron pagando 450 euros, pero a los pocos meses descubrieron que el propietario no era tal. “La propiedad era la Sareb y el contrato no era válido”, explica Daniel Vega, portavoz de la asamblea de Carabanchel. “A efectos legales, eso convierte a la inquilina en ocupa. Acabamos de terminar otro desahucio cerca de aquí bastante similar”.

El de este martes era el cuarto desahucio al que se enfrentaba Adoración, tras varios intentos frenados. La inquilina negociaba un alquiler social con el propietario real, pero en este tiempo se ha quedado sin ingresos: percibía la Renta Mínima de la Comunidad de Madrid y ha solicitado el Ingreso Mínimo Vital, con lo cual deja de cobrar el primer subsidio. Y aún no le han ingresado el IMV. “Está a la espera de que se solucionen esas trabajas”, añade Vega. Sareb, por su parte, asegura que solicitó al Juzgado que aplazara el desahucio sin éxito.

El ministro Ábalos ha asegurado que, tras ver la fotografía, se interesó por el caso. “Parece ser que era una ocupación en la medida en que no había contrato. Evidentemente, nos hemos puesto en contacto con la Sareb porque esta no es la imagen que este país merece, máxime si hay menores. No podemos pedir confinamiento y al mismo tiempo poner en riesgo la morada”. Después, ha enumerado las medidas que ha tomado el Gobierno para garantizar la vivienda durante la pandemia. “En teoría”, ha repetido, “no debe producirse ningún desahucio por impago”.

Una parte del llamado “escudo social” concluyó el pasado 30 de septiembre. Desde entonces, las empresas de electricidad, gas y agua pueden cortar suministros a los consumidores que no acrediten vulnerabilidad. Algo similar pasa con los desahucios. Solo están suspendidos aquellos en los que el inquilino acredite vulnerabilidad por COVID. Por ejemplo, explican desde la PAH, “una familia que se haya quedado en ERTE o haya visto disminuidos sus ingresos. La vulnerabilidad previa, las familias que ya eran precarias antes, se quedan fuera. Además, la suspensión no es automática: hay que ir caso por caso y cada juez determina”.

“No se han suspendido”, recalca Javier Gil, del sindicato de inquilinos. “Si te llega una orden, tienes que presentar en el juzgado el porqué no has podido pagar. Servicios sociales tiene que ver que cumplas, se lo dice al juez y el juez te retrasa el desahucio. Hay un procedimiento burocrático que puede fallar”. Desde la Asamblea de Carabanchel indican que actualmente conocen más de cien casos en marcha. Las organizaciones sociales reclaman que la suspensión sea automática si no hay ninguna alternativa habitacional. “Sigue habiendo desalojos forzosos. Abocas a las familias a la calle, algo que en pandemia es aún más grave”, zanjan desde la PAH.