Acabar con la lacra de la gente sin hogar costaría 120 millones anuales

Una inversión similar a los ingresos que el Real Madrid prevé obtener con las 1.667 plazas de aparcamiento que se construirán debajo del estadio Santiago Bernabéu. Es decir, alrededor de 120 millones de euros. Esa es la inversión que se necesitaría, aproximadamente, para dar una alternativa de vivienda a las personas que viven en la calle y que no acceden, por un motivo u otro, a una plaza en un albergue, según los cálculos que contempla la asociación Hogar Sí.

En España hay cerca de 30.000 personas que viven en la calle. Una cifra que es aproximada ya que, en materia de personas sin hogar, las estadísticas no se actualizan de forma constante y no es fácil saber cuál es el número real. Sin embargo, sí se sabe que solo hay 20.613 plazas de alojamiento, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que corresponden al año 2020. De ellas, el 67% son en albergues.

“No sabemos cuánta gente hay exactamente en esta situación porque son personas que están mucho tiempo en la calle, pero que se mueven; utilizan una pensión un mes, vuelven a la calle”, indica José Manuel Caballol, director general de Hogar Sí. 

¿Cómo calcular entonces cuánto costaría una alternativa de vivienda? Por dos vías diferentes. Por un lado, calculando el diferencial entre lo que cuesta una plaza en un albergue y otra en una vivienda. Por otro, porque en la pandemia la Administración hizo un esfuerzo económico adicional, para dar cobijo a las personas sin techo en albergues, durante lo más duro del confinamiento, y eso permite hacer una fotografía de cómo se podría llegar a ese nuevo escenario para mitigar el sinhogarismo.

“No es un ejercicio académico, pero sí hemos hecho una aproximación de cuánto costaría” dar esa alternativa habitacional en viviendas. Esta opción, indica Caballol, tendría un coste un 1,2% más elevado por plaza que en el caso de los albergues. “Es un cálculo conservador, porque no es fácil saber cuál es el coste de los programas tradicionales. Hablamos de edificios que son muy antiguos; con sistemas de atención a las personas que son muy tradicionales, donde en ocasiones hay personal trabajando como voluntarios y, en muchos casos, religiosos”.

Buscar esa alternativa para las, aproximadamente, 8.000 personas que la asociación calcula viven siempre en la calle, tendría un coste ligeramente superior a los citados 120 millones de euros anuales. 

Esa cifra parte también de lo sucedido durante la pandemia. En el mes y medio de confinamiento más estricto, los servicios sociales de las diferentes administraciones públicas habilitaron 7.500 plazas para las personas sin hogar, lo que conllevó un presupuesto de 15 millones de euros durante mes y medio. Plazas que se cerraron al llegar el verano de 2020. Si esas plazas hubieran estado abiertas durante un año completo, el coste hubiese superado, ligeramente, los 121 millones.

¿Cuánto se gasta en albergues?

Los datos publicados por el INE sitúan a Euskadi como la región con más plazas en albergues, 4.260. Por detrás, la Comunidad de Madrid, con 2.459; y Catalunya, con 2.367 plazas.

En cambio, si se tiene en cuenta el gasto medio anual por centro, el más alto se registró en la ciudad autónoma de Melilla (con cerca de 3,5 millones de euros). En este caso, sumaba 834 plazas. Mientras, la ciudad autónoma de Ceuta tiene un coste medio de 2,8 millones y suma 330 plazas. Por detrás, Madrid, con un coste medio anual, por cada centro, de 662.242 euros. Por el contrario, Castilla y León (196.268 euros), Cantabria (200.343) y Galicia (218.956) presentaron los gastos medios por centro más bajos, según el INE, que recoge datos de 2019. 

Además, este organismo estadístico apunta que, en el caso de los albergues, el 83,7% de los centros fueron financiados única o predominantemente por las administraciones públicas. Mientras, un 7,4% de los centros se financió en su mayor parte con fondos propios, un 3,6% con fondos procedentes de instituciones privadas sin fines lucrativos y un 3,2% con donaciones particulares.

​​En cuanto al perfil de personas que viven en calle, de nuevo hay que irse a datos estadísticos que tienen años a sus espaldas. La última Estrategia nacional integral para personas sin hogar corresponde el periodo 2015-2020. En ella se refleja que cerca de un 80% de las personas que duermen en las calles de las localidades españolas son hombres. De media, un 44% de las personas que carece de techo llevan más de tres años en esta situación. Una realidad que, según esta estrategia, afecta negativamente a su salud, así lo percibe el 41% de las personas sin hogar; y a su seguridad, dado que más de la mitad reconoce haber sido víctima de un delito.

Esa estrategia ya recoge la opción de dar una vivienda como alternativa. El “denominado Housing First, en muchos países, se ha mostrado ya científicamente muy eficaz para que las personas sin hogar más resistentes a la intervención social se incorporen a procesos de mejora sustancial de su situación. El método proporciona vivienda personal siguiendo un protocolo que compromete a la persona”, indica esa Estrategia. El objetivo es un acompañamiento, progresivo, hasta que son capaces de pagar, sin respaldo exterior, el coste de las viviendas.  

“Las personas sin hogar en programas de 'Housing First' reducen el uso de emergencias sanitarias en un 83%, hay un 80% menos de traslados en ambulancias, su uso de instituciones penitenciarias baja en un 77%”, (...), el 97% mejora su salud mental y se reduce un 57% el consumo de sustancias o alcohol y reduce costes“, enumera. De momento, una parte de estos proyectos son piloto o iniciales. Por ejemplo, el pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Madrid anunció su primer programa de alojamiento para jóvenes sin hogar, de entre 18 y 25 años. En total, 2,4 millones de euros hasta 2024 y que recoge 18 plazas de alojamiento en hostales o pensiones y otras 12 plazas en cuatro pisos compartidos. 

En esa búsqueda de alternativas, el sinhogarismo ha quedado definido -por primera vez- en el proyecto de Ley de Vivienda, que lleva meses en proceso de tramitación parlamentaria. Lo define como una “circunstancia vital que afecta a una persona que no puede acceder de manera sostenida a una vivienda adecuada en un entorno comunitario” y aboca a las personas que lo sufren “a residir en la vía pública u otros espacios públicos inadecuados, o utilizar alternativas de alojamiento colectivo institucionalizado de las diferentes administraciones públicas o de entidades sin ánimo de lucro”.

En esa Ley de vivienda, si se desbloquea su negociación, asociaciones como Hogar Sí o Provivienda instan a que no se incluya dentro del concepto de gran propietario, o gran tenedor, a quienes cedan pisos, precisamente, para que sean alternativa a quienes están en situación de calle.