El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto con medidas para apoyar a las personas que viven de alquiler afectadas económicamente por la crisis del coronavirus.
“El Estado no va dejar tirados a los inquilinos y vamos a garantizar que nadie sea echado de su casa por no poder pagarla”, ha dicho el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, tras la reunión.
Ha destacado que los inquilinos en situación de vulnerabilidad que no puedan afrontar el préstamo a coste cero que se pondrá en marcha para asumir el coste del alquiler contarán con el respaldo final del dinero público. En total, ha calculado que medio millón de personas pueden verse beneficiadas por las medidas. En concreto, se han aprobado seis puntos principales:
–Suspensión de desahucios por impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional (hasta el día en que hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma).
–Prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual en las mismas condiciones, lo de facto supone impedir que a ningún inquilino con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler durante el próximo medio año.
–Se permite que todos los inquilinos que entren en zona de vulnerabilidad se acojan a microcréditos (sin coste de intereses ni comisiones) que se podrán devolver en seis años. Si pasados esos seis años no se han devuelto, se habilitará un plazo adicional de cuatro años más.
–Se amplían las condiciones de acceso de inquilinos a los programas de microcréditos, siendo menos restrictivas que en el resto de casos en los que se usa el concepto de “hogar vulnerable” (moratoria de hipotecas, bono social.....). En este caso se permite que se acojan todas las personas paradas, ERTEs, reducciones de jornada, y autónomos que no lleguen al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y dependientes a cargo).
–En el caso de grandes tenedores (a partir de diez inmuebles, en un borrador anterior se hablaba de ocho), fondos de inversión y gestores públicos de vivienda: Deberá buscarse una acuerdo entre arrendadores e inquilinos en situaciones de vulnerabilidad. De no existir el pacto, habrá o bien una quita de la deuda del 50% durante cuatro meses, o bien una reestructuración del importa del alquiler de esos cuatro meses en dos/tres años. En todo caso, estos inquilinos siempre podrán acogerse a las líneas de crédito del ICO.
–Aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.
El Ministerio de Transporte cifra en 700 millones el coste de los intereses y avales de los créditos ICO para víctimas “coyunturales” (unos 300 millones) y ayudas a los perjudicados “estructurales” por esta crisis a través de los planes de vivienda de 2020 y 2021 (400 millones de euros).
Satisfacción por las medidas
El lunes por la tarde la Vicepresidencia Social y Económica, al cargo de Iglesias, y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige José Luis Ábalos, llegaron a un acuerdo tras el intercambio de propuestas de los últimos días entre ambos departamentos.
Según explicó a este medio el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha existido debate y diálogo pero “sin tensión”. “Creo que la propuesta final es bastante equilibrada y transversal”, añadió. A su juicio, se ha tenido en cuenta que “el 85% de los arrendadores tiene una o dos viviendas de alquiler, y que pueden también estar pasando por dificultades por el COVID-19”.
En palabras de Pablo Iglesias: “No es lo mismo un fondo buitre o un gran tenedor que una familia o una pareja de jubilados. Se trata de proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios, y garantizar que los grandes tenedores tengan que arrimar el hombro”.
Fuentes de la Vicepresidencia Social y Económica han mostrado su “satisfacción” por las medidas relativas a protección de los inquilinos que aseguran haber logrado negociar con los ministerios socialistas, y que consideran que han mejorado la propuesta inicial en clave de mayor justicia social. Destacan por ejemplo la distinción expresa entre los pequeños propietarios –que tendrán garantizado el cobro íntegro de sus rentas– y los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda –que asumirán parte del impacto de la medida y tendrán que efectuar quitas o reestructuraciones de las deudas de sus inquilinos–.
Además, los morados se muestran también satisfechos de la definición muy amplia que se ha logrado de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse al sistema de microcréditos públicos a interés cero que prevé el decreto, que, sumada a las facilidades para la devolución de los mismos, permitirá que un gran número de personas inquilinas pueda acogerse a ellos.
A este respecto, celebran “haber conseguido” que el decreto contemple que el Estado se hará cargo con fondos públicos de las deudas de todos aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19 que no logren salir de esa situación y no puedan, por tanto, hacer frente a la devolución de las ayudas para el pago del alquiler que se van a poner en marcha, lo que en la práctica derivará en una exención del pago para miles de hogares, destacan.
Los sindicatos de inquilinos: se empuja a endeudarse
Los sindicatos de inquilinos consideran estas medidas totalmente insuficientes. “Es intolerable que las personas mayormente afectadas por la crisis tengan que seguir pagando alquileres inflados por la especulación, a costa de endeudarse”, han afirmado en una nota.
El portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona, Jaime Palomera, cree que se ha “avanzado” y “la presión social ha llegado al Gobierno”, pero cree que “no puede ser que la respuesta a quienes vivimos de alquiler sea obligarnos a endeudemos para que los rentistas no pierdan beneficios”. Por ello, seguirán adelante con la convocatoria de huelga de alquileres a partir del 1 de abril “¿Todo el mundo se ajusta el cinturón menos los rentistas y el sector inmobiliario?”, se pregunta.
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