Acuerdo para lanzar una oferta de miles de empleos públicos
Gobierno y sindicatos han llegado a un acuerdo para lanzar una oferta de miles de empleos públicos. Por una parte, las tasas de reposición (las plazas que se cubren por baja o jubilación) se elevarán; por otro, todas las administraciones podrán sacar a oposición todos los puestos temporales e interinos que hayan estado ocupados durante al menos tres años. El resultado: los primeros Presupuestos Generales del año próximos serían los primeros en incluir creación neta de empleo público desde 2009.
Este escenario dependerá en todo caso de que se aprueben las cuentas públicas para el año que viene, cuya presentación ha sido hoy mismo pospuesta por la falta de apoyos del Gobierno en medio del caos del referéndum catalán del 1-O. Si se prorrogasen los presupuestos del 2017, las nuevas plazas no podrían convocarse.
Frente al acuerdo sobre la oferta de empleo, es menos probable que los sindicatos den por buena la propuesta de subida salarial del Gobierno, que también se está negociando en la mesa de la Función Pública que se reúne de nuevo esta misma tarde. En cualquier caso, tanto el acuerdo sobre empleo como la subida salarial quedan pendientes del retraso de la aprobación del proyecto de ley de las cuentas públicas en el consejo de ministros. La idea es que el Gobierno le diera el visto bueno mañana y hoy mismo Montoro ha anunciado que retrasa por lo menos una semana su aprobación por falta de apoyos políticos.
Una de las patas del acuerdo tiene que ver con la tasa de reposición. Los llamados colectivos prioritarios (como la lucha contra el fraude laboral y fiscal) mantendrán una reposición de puestos del 100%. Los no prioritarios pasarán del 50% al 75%. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán una tasa de reemplazo del 115%. A esas cifras habrá que añadir una bolsa del 5% que cualquier administración podrá añadir como considere.
La otra pata del pacto tiene que ver con la temporalidad del sector público. Ya en marzo, y después de varias sentencias europeas, Gobierno y sindicatos pactaron reducir la temporalidad de sector público al 8% en los próximos tres años. Para ello, lanzaron un plan para estabilizar miles de puestos temporales e interinos en sectores como la sanidad, la educación o la justicia. Ahora, ese plan se extiende todos los sectores de las administraciones públicas.
Eso quiere decir que las administraciones sacarían a oposición todos los puestos temporales e interinos que a 31 de diciembre de 2017 lleven al menos tres años ocupados ininterrumpidamente. La estabilización de esos puestos se haría de 2018 a 2020. Las personas que están ocupando esos puestos actualmente no tienen asegurada la plaza: esos puestos saldrán a procesos de concurso oposición de libre concurrencia.
