Acuerdo político para poner en marcha el fondo público para víctimas del amianto “en tres meses”

Tras meses de negociación, los partidos políticos han alcanzado un acuerdo en el Congreso de los Diputados sobre el futuro fondo público para compensar a víctimas del amianto. Una vez se apruebe la regulación, este debe estar en marcha “en tres meses”, explican a elDiario.es desde PSOE y Unidas Podemos. La ley para regular este instrumento, que reclamó el Parlamento Vasco por unanimidad, ha sufrido varios baches en su tramitación desde que en marzo el PSOE presentó unas enmiendas que rompían el consenso alcanzado hasta ese momento. Estas proponían excluir a los trabajadores de las compensaciones económicas, medida que varias fuentes adjudicaron al Ministerio de la Seguridad Social y que ha decaído en la negociación.

Las enmiendas del grupo socialista levantaron a sindicatos y colectivos de víctimas contra el Gobierno y el PSOE, urgiendo a la retirada de las enmiendas. También al Parlamento de Euskadi, incluidos los socialistas vascos, que reclamaron expresamente que se respetara el espíritu del fondo de compensación consensuado. Así, desde hace meses el grupo socialista en el Congreso negociaba con el resto de formaciones políticas unas enmiendas que aunaran posturas y lograran un nuevo acuerdo para regular este instrumento, prometido a las víctimas desde hace años.

La exclusión de los trabajadores de las compensaciones se retiró de la mesa de negociación pronto por parte del PSOE, pero aún perduraban otras diferencias en cuanto a la financiación y la dependencia orgánica del fondo público dentro de la Administración. Finalmente, el consenso se ha alcanzado este martes.

“Según el texto de la ponencia, el fondo de compensación dependerá del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es donde se había previsto inicialmente”, explican en Unidas Podemos. “Otro de los puntos incluidos en el acuerdo es que no sólo serán beneficiarios del fondo los trabajadores, sino también las víctimas ambientales y domésticas”, añaden.

Puesta en marcha en “tres meses”

El texto legislativo se votará a comienzos de julio en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, aún por determinar en qué día. La comisión parlamentaria tiene capacidad legislativa, por lo que la ley no tiene que pasar luego por el Pleno del Congreso, sino que ya irá directamente al Senado para su aprobación definitiva.

El acuerdo establece “un plazo máximo de tres meses” para la puesta en marcha del fondo, indican e PSOE y Unidas Podemos, que destacan que su puesta en funcionamiento se prevé que sea rápida. El Gobierno pactó con EH Bildu una primera dotación para el fondo de víctimas de 25 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de este 2022. Oskar Matute, diputado de Eh Bildu, confía en que ya este año las víctimas puedan acudir al fondo para acceder a compensaciones. “Debería empezar este año”, subraya Matute, que celebra que “se haya impuesto la cordura” con este pacto para que “las víctimas dejen de estar abandonadas y accedan a las compensaciones”.

“Gracias al trabajo de Unidas Podemos y a la presión de sindicatos y asociaciones, y el resto de grupos parlamentarios vascos, este miércoles se ha cerrado un acuerdo con el PSOE para poner en marcha el fondo de compensación para el amianto”, explican a este medio desde la formación que lidera Yolanda Díaz en el Gobierno.

Los grupos parlamentarios han pactado en la ponencia el texto legal “por unanimidad”, subrayan por su parte en el PSOE, sin ningún voto en contra. Está aún por ver qué votará Vox en la comisión, que en la toma en consideración de la norma tildó de “chiringuito” la medida. “Es un logro de todos colectivamente. Nadie tiene más protagonismo que nadie”, sostiene la diputada del PSOE, Mercè Perea. “La unanimidad es básica para que las víctimas se sientan reconocidas, en el presente y el futuro, que no generemos incertidumbre”, añade la parlamentaria socialista.

Financiación a cargo de Presupuestos

El fondo público dependerá del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), como se reclamó desde el Parlamento vasco. El Ministerio que dirige José Luis Escrivá defendía que este colgara del IMSERSO, pero finalmente se ubicará en el INSS, como también pedían los sindicatos y las asociaciones de víctimas.

Además, se regula “una comisión de seguimiento”, explica Mercè Perea, en lugar de un órgano asesor, que estará situada en el Ministerio de Trabajo. En concreto, en el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde estarán representados los agentes sociales.

Sobre la financiación, otro de los puntos de choque de los sindicatos y víctimas con el Gobierno, el acuerdo político establece que esta se asigne a través de los Presupuestos Generales del Estado y que, además, el Estado subrogue las compensaciones que sean reconocidas a las víctimas en tribunales, pero que no sean atendidas por las empresas. En muchos casos, las compañías que infringieron las normas de salud y son responsables de muertes y enfermedades de sus plantillas ya no existen, o no pueden responder a las indemnizaciones, por lo que el fondo público respondería compensando a los afectados.

No se incluye, como figuraba en la proposición de ley elevada desde Euskadi, que las cotizaciones a la Seguridad Social puedan alimentar el fondo público con recursos. Los sindicatos y víctimas también reclamaban este punto como garantía de financiación, para que esta no dependiera de la asignación presupuestaria del gobierno de turno.

Los sindicatos han reclamado que las indemnizaciones estén exentas de tributación, como ocurre con algunas como las del VIH, sostienen desde CCOO. No así con las del fondo de compensación a víctimas de la talidomida. Esta reclamación no forma parte del acuerdo alcanzado este martes y ha sido elevada al Ministerio de Hacienda, que es quien debería autorizar la medida, sostienen fuentes parlamentarias.

UGT destaca que los sindicatos mayoritarios y organizaciones de víctimas pedían a los grupos “establecer coeficientes reductores” en la jubilación y por su parte, además, proponían anticipar la edad de jubilación a los 60 años para las personas que han trabajado en presencia de amianto, pero ninguna de las medidas ha prosperado en el dictamen acordado por los grupos parlamentarios.