Acuerdo en la UE para aumentar la protección a los 'whistleblowers'

El Parlamento Europeo y los Estados miembros han alcanzado un acuerdo relativo a la adopción de nuevas normas que garantizarán un elevado nivel de protección de los denunciantes que comuniquen infracciones de la legislación de la UE. Estas nuevas normas acordadas a principios de semana y ratificadas este viernes por los embajadores representantes de los países ante la UE, establecen estándares de protección para los denunciantes a escala de la UE. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo deben aprobar ahora formalmente este acuerdo provisional. 

Las nuevas normas abarcan una amplia gama de ámbitos del Derecho de la UE que incluye la lucha contra el blanqueo de capitales y la fiscalidad de las empresas, la protección de datos, la protección de los intereses financieros de la Unión, la seguridad de los alimentos y de los productos, la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear.

Además, los Estados miembros tienen libertad para ampliar estas normas a otros ámbitos.

El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha declarado: “Debemos proteger a los denunciantes para que no sean penalizados, despedidos, degradados o demandados ante los tribunales por actuar correctamente en beneficio de la sociedad. Así se contribuirá a combatir el fraude, la corrupción, la elusión del impuesto de sociedades y los daños a la salud de las personas y al medio ambiente. Animamos a los Estados miembros a que establezcan amplias estructuras para la protección de los denunciantes basadas en los mismos principios”.

Las nuevas normas exigirán que se establezcan cauces seguros para poder denunciar infracciones tanto dentro de una organización –privada o pública – como a las autoridades públicas. Además, ofrecerán un elevado nivel de protección a los denunciantes contra las represalias y exigirán a las autoridades nacionales que informen debidamente a los ciudadanos y formen a los funcionarios sobre el modo de proceder ante las denuncias.

Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha afirmado asimismo: “Las revelaciones del Dieselgate, los Papeles de Panamá y de Cambridge Analytica nos han hecho tomar conciencia de hasta qué punto los denunciantes contribuyen al descubrimiento de actividades ilegales que amenazan tanto el interés público como nuestro bienestar general”.

Las claves del acuerdo:

Procedimientos y obligaciones de denuncia claros para los empleadores: Las nuevas normas establecerán un sistema de cauces de denuncia seguros dentro de las propias organizaciones y en el contexto de la comunicación con las autoridades públicas.

Sistema de denuncias: Se fomentará que los denunciantes utilicen en primera instancia los cauces internos de su organización antes de recurrir a aquellos establecidos por las autoridades públicas. Esto contribuirá a desarrollar una cultura empresarial sana en las empresas con más de cincuenta trabajadores o en los municipios con más de diez mil habitantes, que tendrán la obligación de establecer cauces de denuncia efectivos y eficaces. En cualquier caso, los denunciantes no se quedarán sin protección si deciden recurrir directamente a los cauces externos.

Personas protegidas por las nuevas normas:  Quedan protegidas numerosas categorías de personas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como por ejemplo trabajadores (incluidos funcionarios a nivel nacional/local), voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.

Ámbito de aplicación: El texto transaccional prevé un amplio ámbito de aplicación, en consonancia con la posición del Consejo. Se extiende a ámbitos como la contratación pública, los servicios financieros, la prevención del blanqueo de capitales, la salud pública, etc. Con el objeto de aportar seguridad jurídica, el anexo de la Directiva incluye una lista de todos los instrumentos legislativos de la UE contemplados. Los Estados miembros pueden ir más allá de la lista a la hora de aplicar la nueva normativa.

Medidas de apoyo y protección para los denunciantes: Ambas instituciones han acordado la lista de lo que puede considerarse una forma de represalia, que también incluye los intentos o amenazas de represalia, como ha solicitado el Consejo. El texto acordado recoge importantes medidas de protección como la exención de responsabilidad por quebrantar las restricciones en materia de divulgación de información impuestas por contrato o por ley. La directiva también incluirá la lista de todas las medidas de apoyo que se establecerán a favor de los denunciantes.

Obligaciones de información para los poderes públicos y las empresas: Los plazos para responder son los de la posición del Consejo, es decir que dispondrán de un plazo de tres meses para informar al denunciante y tramitar las denuncias (con la posibilidad, en casos debidamente justificados, de prorrogar el plazo hasta seis meses para los cauces externos).

Revelación pública de información: Se mantiene la posición del Consejo con un artículo que establece las condiciones que debe cumplir una persona para beneficiarse de la protección de las nuevas normas en caso de que revele públicamente información.