Tras meses de sequía legislativa y de parálisis en la labor de Gobierno por el conflicto catalán, las últimas semanas han estado plagadas de anuncios para intentar pacificar a colectivos en pie de guerra tras años de recortes. Funcionarios, pensionistas o ayuntamientos están recibiendo garantías de mejora de sus condiciones, vía decreto si es necesario, ante la ausencia, por el momento, de acuerdo presupuestario.
Falta un año y medio para las elecciones municipales y autonómicas (9 de junio de 2019) y se especula con un posible adelanto de las generales. En los recientes comicios catalanes el PP ha sufrido un descalabro y Ciudadanos ha conseguido un resultado histórico. Elecciones a las que han seguido una serie de encuestas en las que la formación naranja arrebataría un buen número de escaños al PP.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió al partido y a sus ministros un revulsivo tras las vacaciones de Navidad una vez que se demostró en las elecciones generales de 2016 y en las autonómicas catalanas que el discurso de la recuperación económica no funciona ante un electorado que muestra su descontento en la calle como es el caso de las protestas de los pensionistas.
Por ello, cabe preguntarse si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, guardián de las cuentas del Estado, está sacando a pasear las famosas “zanahorias para la negociación” de las que hablaba el año pasado. El ministro, que ha sido el principal freno a las iniciativas legislativas en búsqueda de la salida de España del procedimiento de déficit excesivo que atenaza las cuentas públicas, ha comenzado a lanzar mensajes a diferentes colectivos, sin plasmación legislativa todavía, con el objetivo de recuperar la iniciativa política como ha pedido Rajoy.
El incremento de la actividad política de Cristóbal Montoro coincide con la salida en breve del ministro de Economía, Luis de Guindos, para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Las quinielas sobre el sucesor de De Guindos también apuntan a su enemigo en el gabinete de Rajoy de manera que Montoro se podría convertir en un superministro que aglutine las carteras de Economía y Hacienda.
Estos son los anuncios que ha hecho Cristóbal Montoro en las últimas semanas:
Funcionarios
La semana pasada, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las principales organizaciones sindicales representantes de los funcionarios (CCOO, UGT y CSIF) cerraron prácticamente un acuerdo en materia de empleo que supone reforzar el suscrito en marzo del año pasado, con lo que se extenderá a todos los sectores públicos el proceso de estabilización del empleo, y se rebajará la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas al 8% en el periodo 2018-2020. Se van a ofertar entre 270.000 y 300.000 plazas para que puestos ocupados ahora mismo por interinos se conviertan en indefinidos.
El escollo sigue en la cuestión salarial: a los sindicatos les parece insuficiente la oferta de una subida fija del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución de la economía española.
5.000 millones para gastar antes de las elecciones
Este martes se celebraba en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una asamblea de alcaldes que estaba diseñada para tener un carácter reivindicativo por las limitaciones de estas administraciones para acometer gastos. Pero gracias al compromiso al que llegó unas horas antes Montoro con el presidente de la FEMP y alcalde Vigo, Abel Caballero, la foto pasó de ser la de la reivindicación a la del optimismo.
El ministro se comprometió a aprobar un decreto para dejar a los ayuntamientos que gasten su superávit del año pasado, y que asciende, globalmente, a 5.000 millones de euros, aunque no ha concretado si se podrá utilizar todo el superávit ni para qué se podrán destinar las inversiones. También se ha comprometido a retomar las negociaciones para reformular la regla de gasto por la que se intervino Madrid, aunque no ha concretado fecha.
Reducción de IRPF para los mayores
El pasado noviembre Montoro adelantaba la opción de introducir en los Presupuestos de 2018 deducciones de cuota de IRPF “para familias con personas con discapacidad a su cargo y para personas con cierta edad, como una prima fiscal a esa clase de contribuyentes”. Según La Información, el Gobierno estaría ultimando ya un decreto, como en los dos casos anteriores.
Una semana después de las grandes movilizaciones de pensionistas para protestar por la pérdida de poder adquisitivo de sus prestaciones, Montoro ha vuelto a insistir en que trabaja para incluir en los Presupuestos una deducción en cuota en el IRPF para reconocer los “costes inherentes” cuando las personas alcanzan una edad “muy avanzada”, como los referidos a la discapacidad. En todo caso, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han recordado que más del 63% de los jubilados españoles están exentos del pago del IRPF, al cobrar pensiones inferiores a 12.000 euros anuales, por lo que no se beneficiarían de esta medida.
Equiparación salarial
Tras la ruptura en las negociaciones entre la cúpula del ministerio del Interior y los sindicatos policiales la semana pasada, Montoro salió a desmentir al ministro, Juan Ignacio Zoido, al asegurar que “está garantizado que la nómina de un policía nacional y un guardia civil, dependiendo de las actividades que desarrolla, estará completamente igualada a la del mosso d'esquadra”.
El ministro de Hacienda señaló que la equiparación total de la remuneración de los cuerpos policiales llegaría en 2020. Montoro no quiere problemas con este tema, ya que es uno de los puntos pactados con Ciudadanos para asegurarse el respaldo a los Presupuestos de 2018.
Financiación autonómica
Tras años de retraso del cambio de modelo de financiación autonómica y numerosas declaraciones sobre la necesidad de un nuevo sistema ante las peticiones de los presidentes de las comunidades autónomas de todo signo político y frente a la parálisis que mostraba el Gobierno para dar los primeros pasos una vez que los expertos entregaron su informe sobe el futuro modelo, Montoro se descolgó anunciando una reestructuración de la deuda de las autonomías, que no podría ser un mero “perdón” de una parte, pero sí una modificación de la estructura de la misma que hiciera más viable su pago.
“No hay ningún interés del Estado de financiarse a través de deuda de las comunidades”, dijo Montoro en el Congreso en enero, un anuncio que rebajó las presión de los grupos de la oposición por poner en marcha ya las negociaciones.
Presupuestos
La principal medida económica de un país tiene fecha de presentación. A pesar de que Ciudadanos no está dispuesto a ceder su respaldo hasta que el PP no eche a su senadora imputada Pilar Barreiro y que el PNV mantiene que no se sentará a negociar hasta que se retire el artículo 155 con la intervención de la autonomía catalana, Montoró no ha dudado en puntualizar que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 se llevará para su aprobación al Consejo de Ministros anterior a Semana Santa.
El Gobierno quiere dar muestras de que lidera la política económica y se lanza a poner las cuentas públicas sobre la mesa aunque es consciente de que carece de los apoyos necesarios para su aprobación y su anuncio no deja de ser un brindis al sol o una estrategia política para culpabilizar al resto de fuerzas políticas de la imposibilidad de sacarlos adelante. Montoro no ha tenido problemas para anunciar a la vez que trabaja en un posible escenario de una segunda prorroga de los presupuestos.
Otras propuestas
No solo el ministro de Hacienda se ha lanzado a proponer actuaciones para rebajar las protestas de varios sectores de la población. El propio Mariano Rajoy, tras la pifia de negar que entre sus competencias estaba igualar salarios entre hombres y mujeres, aseguró que “las mujeres son protagonistas de la recuperación” y que “la brecha salarial está en mínimos históricos, y seguiremos haciendo todo lo posible para eliminarla con mejores oportunidades”, para luego anunciar “un Pacto Nacional por la Conciliación y la Racionalización de Horarios” para que la jornada laboral acabe a las 18:00.
Otra medida anunciada este mismo martes ha sido una proposición de ley que ha presentado el PP en el Congreso para modificar la Ley Reguladora de Haciendas Locales para que el impuesto de plusvalía municipal no se aplique sobre la venta con pérdidas de viviendas. Una petición a la que se ha negado siempre Cristóbal Montoro porque era una vía de ingresos para estabilizar las cuentas pero que se ha convertido en una fuente de protestas y recursos en numerosos ayuntamientos españoles.