El adelanto de las elecciones y la victoria de las derechas dejan en el aire la aplicación de la Ley de Vivienda

El nuevo calendario electoral, tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las generales al 23 de julio; y la debacle de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas del domingo, dejan en el aire la aplicación y la efectividad de una de las leyes clave del Ejecutivo de coalición, la de vivienda.

La nueva regulación, que aspira a poner cierto coto a los precios de los alquileres, ha entrado en vigor, casi en el tiempo de descuento. Salió publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado jueves y está en vigor desde el viernes, tras ser aprobada por el Senado el 17 de mayo tras un debate tenso y claramente marcado por la crispación de la campaña electoral. 

La ley está, pero su aplicación queda, por un lado, en manos de las comunidades autónomas; y, por otro, hay flecos pendientes, como la elaboración de un índice de precios, que marcará la subida de las rentas de los alquileres allí donde esté tensionados, que va a estar en el tejado de quien forme el próximo Gobierno.

La relevancia del vuelco electoral

Desde hace meses, gobiernos regionales controlados por el PP ya habían dejado claro que no tenían intención de aplicar la Ley de Vivienda más allá de lo estrictamente necesario. Una situación donde las comunidades tienen mucho margen de maniobra, porque son ellas las que tienen que solicitar la declaración de zona tensionada, lo que supondrá un control efectivo de los precios, principalmente, para los grandes tenedores.

Antes de la cita con las urnas del pasado domingo, los electores ya sabían que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso no tenía ninguna intención de hacer ese movimiento en Madrid. Por ello, diferentes miembros del Ejecutivo de coalición, ponían el foco en la responsabilidad de poder actuar sobre los precios y no hacerlo. “Tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos de por qué no quieren controlar los precios del alquiler allí donde hay movimientos especulativos, por qué no quieren generar en esas zonas políticas de oferta, de vivienda asequible, de políticas fiscales que van a ayudar a los propietarios”, aseguraba hace unos días el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas.

Ahora, con los resultados electorales del 28M, ya no son solo las administraciones autonómicas de Madrid y Andalucía las que van a pasar de puntillas a la hora de aplicar la Ley de Vivienda. La misma situación se perfila en Comunitat Valenciana e Illes Balears, territorios que tenían una clara intención de aplicar el control de precios y ahora cambiarán de color político, tras el viraje a la derecha decidido en las urnas.

“Es la primera ley de vivienda en la historia de la democracia, pero sobre todo, la primera que considera la vivienda un derecho en nuestro ordenamiento jurídico”, aseguraba hace unas semanas el vicepresidente y conseller de Vivienda de la Generalitat valenciana, Héctor Illueca. De hecho, el pasado viernes, firmó la resolución por la que se iniciaba el procedimiento para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en las tres capitales de provincia (València, Alicante y Castelló de la Plana) y en otros 80 municipios valencianos catalogados como de alta necesidad. 

En Illes Balears, uno de los territorios con más presión de precios, que dificulta el acceso a una vivienda a amplias capas de la población, también había intención de aplicar la nueva legislación. “El Govern sí aplicará esta ley porque recoge parte de las reivindicaciones que tenía Baleares, como son la limitación de los precios de los alquileres y la identificación de las zonas tensionadas, ya que para el Govern es muy importante para garantizar un derecho fundamental, como es el acceso a la vivienda”, aseguró la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez.

Tras el 28M hay cambios en autonomías y vuelco electoral en capitales. El PSOE ha perdido plazas simbólicas, como Sevilla o Valladolid y el PP también ha tomado el relevo en Palma, Logroño o Ferrol; mientras que en Madrid ha reforzado su poder, con la mayoría absoluta de Martínez Almeida; y Barcelona está en aire. Es cierto que las comunidades autónomas tienen más poder que los consistorios a la hora de gestionar la vivienda y los alquileres, pero los ayuntamientos también tienen capacidad de regular. La gestión del suelo es de los consistorios y las Haciendas locales pueden aprobar recargos para los inmuebles que lleven años desocupados. 

Si se amplía el foco y se ve cuál es la opinión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la Ley de Vivienda, el candidato a la presidencia del Gobierno ha sido claro. “Intervenir en el mercado puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y un incremento de los precios como consecuencia de la disminución de los pisos porque los propietarios no están dispuestos a ponerlos a disposición de los ciudadanos”, aseguró. ¿Cuál es su receta? En una palabra: suelo. “Suelo. Suelo público. Suelo de los ayuntamientos. Suelo de las comunidades. Suelo de la Administración General del Estado. Y con ese suelo abaratemos el coste del alquiler y el coste de la compra a precio tasado”, aseguró el líder popular en un encuentro con jóvenes de su partido. Además, la formación conservadora también apuesta por ampliar los incentivos fiscales para facilitar la compra de casas. 

El nuevo índice de precios y otras cuestiones pendientes

Es la medida clave para controlar cómo suben los alquileres en las zonas tensionadas, siempre que las comunidades quieran declararlas. La Ley de Vivienda aspira a poner fin a las alzas descontroladas y especulativas. Primero, en este 2023 manteniendo el actual límite a las revisiones de rentas del 2%, que se puso en marcha tras el incremento de la inflación como consecuencia de la guerra en Ucrania. En 2024, ese porcentaje sube al 3%. 

El gran cambio será en 2025, cuando se creará un nuevo índice, que se aspira a que sea más estable e inferior a la evolución del IPC, que hasta ahora ha marcado el ritmo del precio de los arrendamientos. 

La ley, que no lleva una semana en vigor, explica que “el Instituto Nacional de Estadística [INE] definirá, antes del 31 de diciembre de 2024 un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda que se fijará como límite de referencia (...) con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento”, que se aplicará solo a grandes tenedores de zonas tensionadas, porque los pequeños propietarios de estas áreas tendrán que ligar los precios en función de los contratos previos. Ahora, el encargo al INE, a casi dos años vista, queda en manos de quien ocupe la Moncloa tras las elecciones del 23J. 

No es lo único, porque también está pendiente el futuro Consejo Asesor de la Vivienda, que tendrá que estar integrado por representantes de los ministerios que tengan competencias en vivienda, también de asociaciones empresariales, colegios profesionales, entidades financieras, tercer sector o asociaciones representativas de intereses afectados por la ley, según recoge esta. Organismo que también queda en el aire. Al igual que la regulación de los alquileres por temporada, que se han convertido en un coladero para firmar contratos de alquiler por encima de los precios de mercado. Lo que se pactó en el Congreso fue que “en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley se constituirá un grupo de trabajo para avanzar en una propuesta normativa” para regular estos alquileres de menos de un año.

Y hay más cuestiones que ahora quedan en la cuerda floja, como el objetivo del Ejecutivo de construir un parque de vivienda pública en alquiler social o asequible de 183.000 inmuebles. Muchas de esas viviendas están ahora bajo el paraguas de la Sareb, deben construirse en suelo público o en terrenos que actualmente están en manos del Ministerio de Defensa y que conllevan meses de negociaciones hasta que se ponen en marcha. Pisos que, con un cambio de color en Moncloa, pueden no tener ni un ladrillo asegurado.