A Andrés Ayala, flamante presidente de la oficina anticorrupción del PP, se le acumula el trabajo: responsable de ese órgano, bautizado como Oficina del Cargo Popular, abogado experto en urbanismo, asesor de empresas, administrador y accionista de varios casinos e inmobiliarias; y, desde hace unos meses, discreto consejero del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el mayor ente de inversión pública de España.
El exdiputado popular, que se encargó de fiscalizar durante trece años a Adif en el Congreso como portavoz de Fomento del PP en la Cámara Baja hasta mayo de 2016, forma parte desde febrero del máximo órgano de gestión de la empresa estatal. Su nombramiento está recogido en la documentación remitida hace unos días por Adif Alta Velocidad (AV) a la Bolsa de Irlanda, donde tiene registradas varias emisiones de bonos.
Según ese documento, el político murciano fue nombrado vocal de Adif AV por orden del Ministerio de Fomento el pasado 17 de febrero, cinco días después de su inclusión en la junta directiva nacional del PP tras el 18 Congreso de este partido. A preguntas sobre este asunto, Adif confirma que Ayala es consejero de esa filial y de la propia Adif y miembro de sus comisiones de Auditoría. Solo este año, ambas sociedades estatales prevén inversiones superiores a los 3.200 millones de euros para expandir y mejorar la red ferroviaria.
Adif recuerda que “las asistencias a las comisiones no están remuneradas” y rechaza precisar la retribución de Ayala, vinculada a las dietas de asistencia que los estatutos de ambas compañías reconocen a sus vocales.
Fomento, responsable del nombramiento, no ha contestado a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto. El ex parlamentario, que desde el pasado 30 de octubre preside la oficina creada por el PP “para controlar la idoneidad de los cargos públicos”, tampoco ha atendido las llamadas de este medio.
Discreción
Adif y Fomento se han cuidado de anunciar el nombramiento de Ayala, del que no hay rastro en la web de la empresa, sujeta a la Ley de Transparencia. En principio, no hay impedimento legal para la designación del exdiputado, al que no afecta la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos.
Ayala fue durante cinco legislaturas diputado por Murcia, un territorio que ha centrado las preocupaciones de Adif en los últimos meses por la negativa inicial de Fomento a soterrar el tramo final del AVE a la capital de esa comunidad autónoma, que ha propiciado una fuerte respuesta social.
El político tiene en Adif la calificación de consejero “independiente”, según fuentes de la empresa. Viene a sustituir la vacante de Benigno Blanco, antiguo secretario de Estado con José María Aznar, socio de Francisco Álvarez Cascos en negocios privados del exministro y expresidente del ultraconservador Foro de la Familia.
Su aterrizaje en Adif se enmarca en la renovación del consejo de este ente público tras el nombramiento como presidente, hace un año, de Juan Bravo, antiguo hombre de confianza del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Como mano derecha del entonces alcalde de Madrid, Bravo fue una de las personas que en 2007 aceptaron encarecer las obras de la M-30 en más de 1.600 millones de euros en una reunión de apenas 25 minutos, como reveló eldiario.es en septiembre de 2016.
Ayala fue nombrado en mayo miembro de la Oficina del Cargo Popular, que tiene entre sus funciones la de velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades recogido en los Estatutos del PP. La oficina estuvo presidida en sus inicios por Manuel Cobo, otro estrecho ex colaborador de Gallardón que la abandonó dos meses después por “motivos personales”.
Una concesión de Aena
Poco antes de la creación de ese órgano de control de los políticos populares, eldiario.es informó de que en febrero de 2016, con Ayala como portavoz de Fomento del PP en el Congreso, la empresa estatal de aeropuertos Aena había adjudicado la concesión hasta 2025 de dos salas de juego a Orenes, una empresa de bingos que desde hace años tiene como socio minoritario en algunos casinos al ahora ex diputado y asesor. Orenes, que hasta la salida de Ayala del Congreso tuvo como representante en esas filiales a la esposa del político, logró en 2016 los mejores resultados de su historia. Ayala no declaró al Congreso esas participaciones.
En los últimos meses, el ahora consejero de Adif ha sido noticia en Murcia por sus gestiones como asesor legal de dos empresarios, Aurelio Solana y Fernando Díez Ripolés, que quieren promover un hotel en el Faro del Cabo de Palos (Cartagena). El proyecto empezó a cobrar vuelo tras la aprobación, el pasado 18 de abril, de una Proposición No de Ley (PNL) del PP en el Congreso para cambiar el uso del faro (privatizarlo) que fue impulsada por el popular Teodoro García, diputado por Murcia.
El ahora consejero de Adif dijo en su momento que dejaba su escaño por razones “estrictamente personales” y problemas de incompatibilidad, y con “la espinita” de no haber podido subirse “en el primer AVE entre Murcia y Madrid siendo diputado”. Ahora lo podrá hacer como consejero de Adif.