Las Administraciones Públicas tardaron de media 65 días en pagar sus facturas a los proveedores en 2017, seis días menos que en 2016, en tanto que el sector privado retrasó de media el abono hasta los 77 días, igual que el ejercicio anterior.
Según el estudio “Plazos de pago en España 2017” elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), en ambos casos se infringe la ley, ya que la obligación del sector público es pagar antes de 30 días, mientras que en el sector privado es hasta los 60.
“Por cuarto año consecutivo el sector público ha presentado un mejor comportamiento que el privado, que en 2017 se estancó sin registrar ninguna mejora”, valora en un comunicado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Cañete considera que de aprobarse e implementarse un régimen sancionador para las empresas morosas -a favor del cual están el 92 % de los encuestados-, el periodo medio de pago de las empresas se reducirá de cara a 2018.
De acuerdo con el estudio de la PMcM, el 72 % de los participantes en la encuesta firmó contratos que imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la ley.
Además, el 85 % de los proveedores nunca o casi nunca exigió intereses de demora y el 92 % no exigió la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
La PMcM sostiene que estos reparos a la hora de reclamar derivan del miedo a la pérdida del cliente y no tanto al desconocimiento de la legislación, ya que el 71 % de los encuestados asevera conocerla.
Además, la ratio de morosidad -el porcentaje de impagos respecto al total de facturación- alcanzó el 2,4 %, una décima superior al porcentaje de 2016.