El Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) emitió esta semana su informe sobre la privatización de AENA Aeropuertos. El órgano avala la venta del 60% del capital de la empresa pública dueña de la red de 47 aeropuertos estatales en España, otros 18 en Latinoamérica y del recientemente adquirido cuarto aeródromo de Londres (Luton). La enajenación se realizará, según apoya el CCP, en una colocación institucional de un 30% a un “núcleo estable” de cuatro o cinco accionistas y un posterior tramo del 30% entre accionistas minoritarios.
El calendario que barajan el Gobierno, la dirección de la empresa y el CCP sitúa la OPV al final del segundo trimestre del año próximo. La horquilla de valoraciones que manejan los agentes por el 100% de AENA Aeropuertos va desde los 12.000 a los 16.000 millones de euros. En todo caso, en el precio se incluirá la deuda que arrastra la sociedad estatal y que se sitúa en los 13.000 millones.
Entre 3.000 millones y nada
Entre 3.000 millones y nada El informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones fue dado a conocer el lunes 25 como un elemento más del proceso de privatización. Sin embargo, su filtración a la opinión pública ha creado una gran alarma entre las líneas aéreas y las empresas de aeropuertos de capital español, especialmente en Ferrovial, y los sindicatos; aunque ha pasado desapercibida para los grupos de la oposición política.
De confirmarse el calendario, los porcentajes de las colocaciones del capital, así como las valoraciones por el 100% de la empresa, nos encontraríamos con que el máximo ingreso que podría reportar esta macrooperación de privatización a las arcas del Estado sería de 3.000 millones de euros… Aunque, si el precio final de la privatización es inferior al montante de la deuda, también podría saldarse con un ingreso de cero euros.
El saldo que se recaude será la contrapartida por entregar a empresas privadas unos activos públicos que se han desarrollado a lo largo de casi un siglo. En concreto, configuran una red de 47 aeropuertos y helipuertos en España, entre los cuales se encuentran dos, Barajas y El Prat, incluidos entre los diez de mayor tráfico en Europa. En el lote se adjuntarían, además, 18 aeropuertos de Latinoamérica y, de propina, la recién adquirida terminal de Luton, el cuarto aeropuerto de Londres.
En conjunto todas las instalaciones recibieron 205 millones de pasajeros en 2012, el gran activo de la empresa aeroportuaria con más tráfico del mundo.
La compra de Luton
La compra de LutonJosé Manuel Vargas, actual presidente de AENA y principal artífice de la operación de privatización en curso, protagonizó este verano la compra relámpago del aeropuerto de Londres-Luton por una cantidad de 504 millones de euros. Justificó entonces la adquisición como una forma de “recuperar el valor de AENA Aeropuertos de cara a su privatización”, ya que la empresa española ha perdido durante la crisis más de 16,3 millones de pasajeros. Luton movió en el pasado ejercicio 15 millones de viajeros.
Si comparamos los 504 millones que pagó AENA por el cuarto aeropuerto de Londres con lo que puede sacar de la privatización, los aeródromos españoles estarían a precio de saldo.
Mientras aceptaron este verano pagar 33,6 euros por cada viajero/año en Luton, ahora que se trata de privatizar AENA, están dispuestos a entregarla en saldo con un precio por cada pasajero/año que oscila entre un mínimo de cero euros (si el precio final del 100% es inferior a 13.000 millones) y un máximo de 14,6 euros (con una valoración de 16.000 millones). En todo caso, la cantidad real más probable no llegará a 10 euros (con una valoración de 15.000 millones, a los que, como en el resto de los casos, hay que descontar la deuda de 13.000 millones).
Monopolio privado
Monopolio privado En el informe que dio a conocer el lunes el Consejo Consultivo de Privatizaciones, las referencias al precio de la enajenación resultan más que discutibles, pero no le van a la zaga las condiciones en las que se entregaría la propiedad y la gestión de los activos públicos a empresas privadas.
La CCP incorpora elementos que suponen una ruptura total con el real decreto de 25 de febrero de 2011 por el que el Consejo de Ministros fijaba un límite claro a la privatización: la enajenación no podría superar una participación minoritaria del 49% y, por tanto, la gestión de la empresa quedaría en manos públicas.
El Consejo avala ahora la venta del 60% de las acciones y, además, introduce la figura del “núcleo estable” de accionistas privados que fue generosamente utilizada en la primera ola de privatizaciones de la década de los 90 del pasado siglo con empresas como Endesa, Repsol, Iberia, etc., con las consecuencias que ahora sabemos; las antiguas empresas públicas están ahora en manos extranjeras tras haber hecho ricos a algunos ejecutivos españoles.
El “núcleo estable” de AENA, en el que, a juzgar por la airada reacción de Ferrovial, no van a entrar ninguna de las empresas nacionales que gestionan aeropuertos, tendrá un eminente carácter financiero. Primero tomará el 30% del capital en la colocación institucional. Pero nadie asegura que en la posterior colocación en OPV del otro 30% evite adquirir otro 12% o 15%, con lo que alcanzaría una participación de capital por encima del 40% que se reserva el Estado.
Por esta vía, de un solo golpe y en un plazo inferior a un año, podemos pasar de un monopolio público en los aeropuertos de AENA al monopolio privado que tanto temen los principales clientes de los aeródromos, que son las aerolíneas. Eso sí, es más que probable que José Manuel Vargas pueda seguir como presidente en la nueva AENA Aeropuertos privada.