La empresa semipública Aena adjudicó en febrero de 2016 un contrato para explotar hasta marzo de 2025 dos salas de juego en sendos aeropuertos de su red al grupo murciano Orenes, una de las mayores empresas del sector del juego en España. Con esta compañía tenía y tiene una estrecha vinculación el exdiputado murciano del PP Andrés Ayala. En el momento de adjudicarse el contrato, Ayala era portavoz de su partido en la Comisión de Fomento del Congreso, el órgano de la Cámara Baja que fiscaliza la actividad de Aena, adscrita al Ministerio de Fomento.
Cuando Aena adjudicó ese contrato, Ayala, que defendió con ahínco la polémica privatización del 49% del gestor aeroportuario que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, era la voz del PP en el Congreso en cuestión de infraestructuras y transportes. Fue su portavoz en esa materia durante trece años. Mientras, era accionista minoritario de al menos cinco filiales de Orenes. Recientemente, el grupo le ha nombrado consejero en tres de ellas.
El contrato, con una vigencia de ocho años, se adjudicó por un importe de 2.572.542 euros, un 0,5% superior (15.127 euros) al precio mínimo que exigía Aena. Los dos salones de juego, ubicados en los aeropuertos de Alicante y Málaga, son los primeros de este tipo en España, con una superficie de 192 metros cuadrados (en el Aeropuerto de Alicante-Elche) y 167 metros (Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol).
El importe es orientativo, ya que estos contratos suelen contemplar el pago por parte del adjudicatario de un canon fijo en función del espacio alquilado y otro variable, sujeto a los ingresos obtenidos en sus locales.
A preguntas sobre este asunto, fuentes de Orenes dicen que no existe “conflicto de interés ninguno” en este contrato, ya que la adjudicataria, Play Orenes SL, es una sociedad 100% propiedad de Orenes en la que “ni Ayala ni nadie de su entorno tienen nada que ver”. Subrayan que Ayala “no es accionista de Orenes” ni ha tenido contratos de servicios con esta empresa, aunque sí reconocen que es socio de “algunas filiales” del grupo con una participación “despreciable”. El expolítico, dicen, es un “técnico” que representa al grupo murciano de bebidas alcohólicas Diego Zamora, socio de Orenes y del propio Andrés Ayala.
El exdiputado, que no ha querido hacer comentarios, anunció en mayo de 2016 su inesperada renuncia a formar parte de la candidatura del PP en las elecciones generales del pasado 26 de junio. Ahora está centrado de lleno en sus negocios y, en especial, el de los bingos y casinos, al que lleva vinculado más de treinta años.
En los últimos meses, Ayala ha sido nombrado consejero de tres filiales de Orenes de las que ya era socio cuando era diputado. En agosto, se incorporó a los consejos de Gran Casino Extremadura, que explota un casino en Badajoz, y Electra Rioja Gran Casino, que hace lo propio en Logroño; en octubre pasó a ser vocal y secretario de Servicios Comerciales y Recreativos SA, otra filial del grupo Orenes radicada en Murcia y dedicada a la explotación de salas de juego. Ayala la presidió entre 2001 y 2002.
Sociedades interpuestas
A través de sociedades interpuestas, Ayala mantuvo participaciones minoritarias en al menos cinco filiales de Orenes de forma simultánea a su actividad parlamentaria a través de Isim Carthago SL, que le nombró consejero y secretario el pasado 11 de octubre, aunque era apoderado desde el 31 de julio de 2009.
Con activos de 7,2 millones, Isim Carthago tiene, según sus cuentas de 2015, un 33% de la extremeña Bingo Occidental SA, el 33% de Gran Casino de Extremadura SA, un 40% de Electra Rioja Gran Casino SA, un 100% de Servicios Comerciales y Recreativos y un 10% de Orenes Apuestas Murcia SLU, todas filiales de Orenes.
El 50% de Isim Carthago es de Orenes y el restante 50%, de Guimbarda 3 SL, de la que Ayala también fue nombrado consejero y secretario en octubre. Guimbarda 3, que a diferencia de Isim Carthago sí figuraba en las declaraciones de bienes y rentas que presentaba Ayala cuando era diputado (por ejemplo, la posterior a su cese), se constituyó el 28 de noviembre de 2000, un día antes de la creación de Grupo Orenes SL, la sociedad en la que el grupo murciano consolida sus cuentas.
El 17% de Guimbarda 3 pertenece a Espartaria SL, constituida el 1 de enero de 2012 y perteneciente a Andrés Ayala. Los socios mayoritarios de Guimbarda 3 son las familias Zamora Pedreño y Restoy Cabrera, dueñas del Grupo Diego Zamora, productor de Licor 43, el pacharán Zoco o el ron Matusalén, entre otras conocidas bebidas alcohólicas.
Denuncia archivada
La relación de Ayala con Isim Carthago es conocida y viene de atrás: en 2003, el PSOE denunció un posible caso de “financiación irregular” del PP por la vinculación de Ayala con esta firma que presidió entre mayo de 2001 y diciembre de 2002, cuando ya era diputado, “durante todo el período de gestación de la adjudicación del Gobierno de La Rioja de la licencia de construcción” del primer casino en esa región, un feudo del PP desde 1995, para Electra Rioja Gran Casino, una de las empresas que ahora le han nombrado consejero.
Los socialistas llevaron el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Ayala dijo que todo era legal y la Fiscalía le dio la razón al archivar el caso. Por esas fechas, Gran Casino Extremadura se adjudicó el primer casino en esa región en un concurso público convocado por el Gobierno del socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Orenes es un gigante del juego en España: más de 1.200 empleados, ventas de 243 millones en 2015 y un beneficio de 12,7 millones en ese ejercicio (frente a 5,2 millones en 2014), el último disponible en el Registro Mercantil. “Un año marcado por el significativo crecimiento de las operaciones” gracias a “la esperada mejoría económica del país” y “los cambios tecnológicos y de reglamentaciones, que han permitido dinamizar y renovar el sector del ocio y el juego en España”, según explica en sus cuentas anuales.
La relación de esta compañía con Andrés Ayala refleja el idilio entre algunas personas del PP y varias de las principales empresas del sector del juego en España. El otro ejemplo es Codere, inmersa en una grave situación financiera, que hace un año fichó al exministro Pío Cabanillas, asesor del grupo a razón de 300.000 euros anuales, y que tuvo como alto directivo al actual ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Ayala (Cartagena, 4 de junio de 1952), abogado y técnico de Urbanismo, desembarcó en el Congreso tras la mayoría absoluta de José María Aznar, después de ocupar la secretaría general de la consejería de Obras Públicas de Murcia entre 1995 y 2000, con el primer Gobierno de Ramón Luis Valcárcel. Hace un año dejó su escaño por razones “estrictamente personales” y “cuestiones que son incompatibles con seguir atendiendo sus obligaciones como diputado en el Congreso”.
Su salida llegó tras el escándalo de las asesorías “verbales” de su paisano y compañero de filas Vicente Martínez-Pujalte, que puso el foco en los negocios de muchos diputados. Fue un posible hasta luego, ya que Ayala no ha cerrado la puerta a volver a la política, por ejemplo, como alcalde de Cartagena. En febrero pasado, el PP le nombró miembro de su junta directiva nacional.