Ya hay propuesta oficial sobre el periodo de cómputo de la pensión. El Ministerio de la Seguridad Social puso ayer negro sobre blanco su planteamiento: pasar de los últimos 25 años actuales hasta los 28 años. Se propone considerar los últimos 30 años de la carrera laboral de la persona trabajadora, con el descarte de los dos peores años (en realidad, los 24 peores meses). Así, al final se tendrían en cuenta tres años más que ahora, un total de 28. La medida, que ya ha rechazado Unidas Podemos y tampoco convence a los agentes sociales, es controvertida. Porque en general puede mermar la pensión futura, sobre todo de aquellas personas con carreras más estables y salarios al alza, aunque también beneficiaría a otras, como parados de avanzada edad y gente con carreras laborales más inestables.
A continuación, explicamos en profundidad el debate abierto por el Ministerio de José Luis Escrivá y sus posibles efectos en las jubilaciones futuras.
Lo primero para analizar qué podría suponer este cambio pasa por entender de qué estamos hablando. El acceso a la jubilación no se toca con la reforma ahora a debate, pese a algunas críticas que lo señalan. No se endurecen los criterios para acceder a la jubilación, continúan igual. Es decir, con la exigencia de 15 años cotizados para tener derecho a una pensión contributiva. Y tampoco se tocan los años cotizados exigidos para acceder a la pensión a los 65 años o con la edad legal (que avanza hacia los 67 años).
La cuestión a debate aquí son los años de carrera laboral que se tienen en cuenta para calcular la futura pensión. Así, la medida afecta a la cuantía de la pensión, no al acceso a esta.
Desde 2022, el cómputo se realiza con los últimos 25 años desde el momento de jubilación de una persona. Es decir, si una trabajadora ha accedido a la jubilación con 66 años y dos meses, su pensión se calcula teniendo en cuenta su carrera laboral desde que tenía 41 años. Sus salarios y las cotizaciones desde entonces definirán la base reguladora de su pensión, que es la que determina su cuantía.
La propuesta de Escrivá pasa por ampliar esos años que se tienen en cuenta para el cómputo. El planteamiento es considerar los últimos 30 años y que la Seguridad Social descarte de oficio las peores 24 mensualidades, es decir, los dos peores años de cotización. Así, se pasarían a tener en cuenta 28 años de carrera laboral, tres años más que ahora.
La oferta del Ministerio pasa por ampliar el periodo poco a poco. A partir de 2027 se iría extendiendo, cada año tres meses más, hasta llegar a los 28 años de cómputo en 2038.
Si en 2038 un trabajador accediera a la pensión con 67 años, la pensión se le calcularía mirando sus últimos 30 años de carrera laboral, desde que tenía 37 años (y se descartarían los dos peores años de todo el periodo).
Al contrario de lo que se ha hecho en el pasado, cuando se ha ampliado el periodo de cómputo sin más –de los 8 a los 15 años en 1997 y de los 15 a los 25 años en la reforma de 2011–, ahora el ministro Escrivá plantea una extensión del plazo menor y acompañada del descarte de años desfavorables para el trabajador. Este último punto es muy importante para evaluar los efectos de la medida.
Analizar qué consecuencia en la pensión tendría esta ampliación del periodo de cómputo no tiene una única respuesta. En general, para la mayoría de las personas, la extensión de este plazo produce una merma de la pensión porque los salarios suelen aumentar a lo largo de la vida. Si se consideran salarios más antiguos, cuando la persona trabajadora era más joven, en general se perjudica a la pensión futura. Pero no siempre es así.
Hay personas que se beneficiarían de estas extensiones, sobre todo aquellas que se quedan desempleadas al final de su vida laboral, lo que lastra la cuantía de sus pensiones. También aquellas con carreras laborales más inestables y cuyos salarios no han ido necesariamente siempre al alza, algo que se vio en muchos casos tras la crisis de 2008.
La clave para analizar el efecto es intentar aterrizar la teoría: ¿cómo ha sido la carrera laboral de la persona trabajadora en los últimos 25 años? ¿Y en los últimos 30? ¿Beneficiaría o perjudicaría tener en cuenta este plazo más amplio de 28 años si se pueden descartar los 24 peores meses de cotización?
Aunque aún faltan datos de esta propuesta concreta, la merma de las pensiones por la ampliación planteada sería reducida. Un estudio del Banco de España sobre una hipótesis similar estima una disminución del 1,7% para las pensiones más elevadas. Por otro lado, un aumento del 2,3% de las pensiones más bajas.
Partiendo de que puede haber personas perjudicadas y otras beneficiadas de la ampliación de este periodo, una de las dudas radica en qué se impone. Es decir, si hay más ganadores o más perdedores de aplicar la medida. Y, sobre todo, quiénes son los beneficiados y perjudicados.
El ministro de la Seguridad Social asegura que la propuesta planteada tiene un efecto “neutro” para la Seguridad Social. Es decir, en conjunto, no supondría un recorte del gasto en pensiones como ha ocurrido con otras ampliaciones. La clave aquí son las medidas compensatorias (el descarte de años y la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización, que también se incluye).
No obstante, tras el efecto “neutro” del conjunto del sistema, habría beneficiados y también perjudicados. Según Escrivá, a día de hoy hay alrededor de un 30% de trabajadores que se verían beneficiados por la medida y la previsión del Ministerio es que estos trabajadores con carreras laborales más inestables aumentarán en un futuro. Sobre el restante 70% de trabajadores, hay una parte que se quedaría igual (o casi igual) con el cambio y otra que se vería perjudicada con la ampliación, pero no se han concretado sus cifras.
Sobre el perfil de los beneficiados y los perjudicados, la previsión es que el cambio beneficie en general a personas con pensiones más bajas, que han tenido mas interrupciones laborales y se han visto afectados por el paro en los últimos años, y que perjudique a trabajadores con derecho a pensiones más elevadas. Así lo estimó también el Banco de España en el estudio mencionado, que analizó una hipotética ampliación del periodo de cómputo a 35 años con la posibilidad de descartar los seis peores.
Se suele advertir de que estas ampliaciones perjudican más a las mujeres, por experimentar más interrupciones en la vida laboral cuando son jóvenes por los cuidados de hijos. Por ello, el Ministerio incluye las medidas compensatorias de una mejora de las lagunas de cotización, además del descarte de dos años.
La propuesta del ministro Escrivá está en cuestión porque no está sumando apoyos. Ni siquiera dentro del Gobierno, puesto que Unidas Podemos se ha desmarcado de la medida. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha tachado de “recorte de derechos” el planteamiento y ha asegurado que su formación no puede apoyar esta extensión. “Tiene que desaparecer del perímetro de la negociación”, indican desde la vicepresidencia segunda a este medio.
Por otro lado, tampoco los agentes sociales se adhieren a la iniciativa. Los sindicatos consideran que “no es necesaria” en estos momentos y a los empresarios tampoco les gusta. Sin acuerdo en el diálogo social, pero sobre todo si el ministro no logra los respaldos parlamentarios necesarios, este elemento de la reforma de pensiones pende de un hilo.
La cuestión es que el Gobierno comprometió la medida en Bruselas, dentro del plan para la recuperación por la pandemia, y es un hito para que la Comisión desembolse millones de euros de los fondos europeos. Habrá que ver si Escrivá convence al resto del Gobierno, a los agentes sociales y a sus socios de investidura para poder aprobar la prometida ampliación o si, por el contrario, tendrá que modificar los planes planteados al Ejecutivo comunitario.
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