Los camiones cargan en fincas hortofrutícolas de Marruecos judías, tomates o calabacines. Pasan por la aduana del puerto de Algeciras, a veces por Motril, y llegan a las naves de Almería. Allí, a escondidas, se cambian de caja los alimentos y se etiquetan como producidos en España. Este sería el modus operandi de varias empresas que han sido expedientadas por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Concretamente, la comunidad autónoma está investigando a seis empresas comercializadoras, cuyo nombre no se ha hecho público, que habrían usado ese sistema que les abarata costes y supone un fraude al consumidor, que las paga a precio español pero sin que haya sido producida con los estándares de la Unión Europea. Además, este posible engaño tiene un impacto directo sobre los agricultores almerienses, ya que se quedan sin vender su producto y se inunda el mercado con más cantidad de fruta y verdura, lo que hunde los precios a los que les compran las comercializadoras.
En 2019 se hicieron 256 inspecciones en el campo almeriense, cuentan fuentes oficiales de Agricultura, que especifican que son “el doble que el año anterior”. La mayoría de los productos sobre los que recae la sospecha “proceden de Marruecos”, explicaba la consejera Carmen Crespo a las asociaciones agrarias cuando les avanzó las inspecciones en diciembre de 2019. Los expedientes se han abierto porque se han detectado “irregularidades”, cuentan desde el departamento que está resolviendo los procedimientos, un proceso que durará un máximo de diez meses y que contempla multan desde 4.000 euros a tres millones de euros, según la gravedad de la infracción.
Una de las cooperativas más activas en la lucha contra estas prácticas ha sido Agricultura Viva en Acción de Almería, que publicó un vídeo en el que se denunciaba el cambio de cajas. También ha presentado demandas ante la Comisión del Mercado de la Competencia y la Junta de Andalucía, además de informar a la agencia alimentaria española y europea sobre lo que está pasando en la región. “El reetiquetado se hace masivamente en Almería, aunque desde las denuncias toman más cautelas. Los camiones llegan de Marruecos y van precintados con destino a Francia, por ejemplo. En Almería rompen el precinto internacional y se cambian de caja, se reetiquetan y ya está, poniéndoles también precio español”, explica David Sánchez, abogado de la cooperativa y presidente también de Anseprim, la asociación nacional del sector primario, que también ha denunciado estas prácticas. “Antes se hacía para completar algunos pedidos, esporádicamente, entraba un camión al mes o dos. Ahora llegan siete u ocho camiones por la noche”, estima Sánchez.
Coincide en el relato la secretaria general de Asaja Almería, Adoración Blanque: “Recibimos denuncias hace tiempo de agricultores que veían que había camiones con matrícula de Marruecos que se descargaban y salían de nuevo con otra etiqueta. Era evidente y se hacía por la mañana. Eso supone un cambio de la trazabilidad del producto e incumple la garantía alimentaria. Vete a saber qué productos o pesticidas lleva”, lamenta esta representante, que insiste en la mala imagen que queda del producto almeriense si en el país de destino le hacen análisis a esos alimentos.
“En la costa de Granada ha desparecido la judía verde”, explica Marina Alonso, vicepresidenta de la asociación Agricultura Viva en Acción Almería. “Hay empresas que tienen tierras allí, las traen a sus empresas de aquí y a veces no ponen ni el origen o ponen que el origen es español. Se hace con todo, con el tomate, calabacín, judía... con el pepino no pueden porque necesita agua y humedad y allí no hay”.
La asociación también denuncia otro problema al que se enfrentan los agricultores locales y que les está haciendo “no ya ganar poco, sino perder dinero por cultivar”. Son las importaciones masivas, aunque en este caso legales, de producto marroquí: “Si hay 60 variedades de tomate, unas 40 están copadas por importaciones de Marruecos. Aquí cuesta 50 céntimos producirlo, y allí las empresas los compran por 16 céntimos”, relata David Sánchez.
“Si el producto marroquí entra legalmente a España es que ese producto no tiene problema”, explican en la Agencia de Seguridad Alimentaria, “es un comercio abierto y si se venden en España por ejemplo tomates marroquíes es porque cumplen la normativa. Otra cosa es que haya un fraude como el denunciado en Andalucía, pero eso ya es competencia de la Junta”, explican en la Agencia.
Desde este organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, se refieren a los controles que se hace a la mercancía que entra legalmente a nuestro país (al margen de la posible estafa del cambio de etiqueta) de países terceros. Las normas de la UE para importar alimentos vegetales de países de fuera de la Unión incluye la obligatoriedad de “un certificado fitosanitario” (que sería en este caso expedido por Marruecos y no controlado por España), “pasar las inspecciones aduaneras” (en este caso Algeciras), “ser importadas en la UE por un importador inscrito en el registro oficial y ser notificadas a las aduanas antes de su llegada al punto de entrada”. Marruecos exportó a nuestro país productos hortofrutícolas por valor de 1.385 millones de enero a noviembre de 2019, lo que supone más del 20% de las exportaciones de Marruecos a España, según datos del ICEX, el organismo público dependiente de la secretaría de estado de Comercio.
“El problema es que la normativa laboral, la prevención de riesgos laborales o la trazabilidad exahustiva de cada producto no es igual en Europa que en Marruecos, donde los controles no son tan fiables”, opina Sánchez. “Cuando entra un producto sin respetar cupos o aranceles nos encontramos ante una competencia desleal”, advierte Adoración Blanque, y “por eso hemos pedido a las autoridades que se controle”. En esta línea, la consejera andaluza (PP) reclamó en diciembre de 2019 al Gobierno central “un mayor control en los puntos de inspección fronteriza para que se respeten los contingentes de terceros países”. El puerto de Algeciras ha estado de julio a octubre con seis plazas de inspectores por cubrir, según denunció la Asociación de Transitarios, aunque finalmente se mandaron los refuerzos con tres funcionarios del Ministerio de Sanidad y otros tres de Agricultura.
Sobre el caso del presunto fraude del etiquetado, desde la Consejería de Agricultura afirman que la operación sigue abierta, por lo que no se descartan más expedientes. “El sector de las frutas y hortalizas es prioritario para la Comunidad, por lo que se seguirán realizando inspecciones en defensa de los operadores que actúan de forma leal”.