Los juzgados especializados en cláusulas suelo empiezan a funcionar en medio de las críticas de abogados y jueces

El plan urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente al previsible aumento de litigios relacionados con las cláusulas suelo a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 entrará en vigor desde hoy. La iniciativa, aprobada el pasado 25 de mayo por el CGPJ, consiste en la especialización en materia de cláusulas suelo de 54 juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear–- para hacer frente al previsible aumento de litigios relacionados con este asunto a partir de este jueves.

El plan estará inicialmente en vigor del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, pero podrá prorrogarse si es necesario. De este modo, los 54 juzgados asignados conocerán a partir de hoy los litigios relacionados con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa de manera exclusiva y no excluyente.

A este respecto, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha explicado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y a los representantes de las consejerías autonómicas con competencias transferidas en esta materia que el objetivo del plan es garantizar el tiempo de respuesta normal de un juzgado de primera instancia ante el previsible aumento de litigios.

Por su parte, Catalá ha asegurado que su departamento nombrará tantos letrados de la Administración de Justicia como sean necesarios para esos juzgados, siempre que la carga de trabajo lo justifique.

Críticas a este plan

Los jueces decanos ya han expresado “preocupación” por la “situación caótica” en que se encuentran los juzgados provinciales especializados para resolver demandas por las cláusulas suelo de las hipotecas, que empezarán a funcionar el jueves a pesar de no disponer de la “dotación mínima necesaria”.

Consideran que la creación de estos juzgados especializados supondrán una ralentización en vez de una ayuda para los ciudadanos. Consideran además que la “falta de coordinación” entre las instituciones ha dejado “abandonados a su suerte” a los jueces encargados de tales procedimientos, sin que nadie aporte “soluciones efectivas” a falta de dos días para su puesta en marcha.

En consecuencia, prevén que la “imprevisión” ocasione el colapso de los juzgados desde el mismo momento de su nacimiento, ya que recibirán “centenares de demandas de toda la provincia pero no podrán tramitarlas por falta de medios”, tanto a nivel de letrados de la Administración como de funcionarios, ordenadores o cuentas de consignaciones.

También se han mostrado en contra los abogados. El Consejo General de la Abogacía española ha acordado interponer un recurso contencioso administrativo contra estos juzgados especializados. Una decisión que toman porque consideran que esta medida aleja la Justicia de la ciudadanía.

La Abogacía considera que este plan produce un sobrecoste añadido sobre los ciudadanos debido a los necesarios y, en ocasiones, dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial. Además, según explicaron en un comunicado hace unos días, el plan propuesto por el CGPJ generaría una clara desigualdad entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, ya que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos –añadidos a los costes de tiempo por desplazamientos– para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre cláusulas suelo en hipotecas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por su parte, ha denunciado que la puesta en marcha de este plan se efectuará sin planificación de recursos, por lo que advierte del “riesgo de colapso” ante los 200.000 expedientes que se avecinan. El sindicato considera “lamentable” que a falta de un día de ponerse en marcha la iniciativa se desconozcan los medios materiales y humanos con los que contarán los funcionarios de estos de los juzgados especializados.

Además, sostiene que los funcionarios de estos órganos no tienen “ni idea” de los procedimientos a tener en cuenta para atender este tipo de demandas, ni de cuánta carga de trabajo van a tener que asumir a partir del 1 de junio. “Desde CSIF asistimos con preocupación a la falta de coordinación, al exceso de improvisación y a la puesta en marcha de esta iniciativa”, indica CSIF en un comunicado.