Se acabaron los tiempos en los que en la presentación de Presupuestos Generales del Estado del Estado la cooperación al desarrollo tenía un papel protagonista que se llegaba a poner en función incluso del PIB con el objetivo de llegar al 0,7% de la economía. En las cuentas presentadas para 2016 ni siquiera se detalla la dotación al conjunto de progrmas de cooperación al desarrollo, que el año pasado
Este año solo cabe sumar la dotación a los tres principales instrumentos que tiene la cooperación para actuar. Por un lado, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dotada con un presupuesto de 252,75 millones de euros, dos millones menos que el año pasado; el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), con 375 millones, y el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), con 29 millones, un millón más que el año anterior.
Estas tres cifras, que dan un total de 656,75 millones de euros, apenas experimentan cambios con respecto al presupuesto de este año. De hecho, la dotación para la AECID desciende en dos millones de euros, mientras que la del FONPRODE se queda igual y la del FCAS sube en un millón.
Después de sufrir un descenso acumulado de cerca del 70% desde el inicio de los recortes hace cinco años, el presupuesto destinado al programa de cooperación al desarrolo del Ministerio de Exteriores en 2015 experimentó una sutil subida de 25 millones más en ese ejercicio. Con un alza de alrededor del 5%, el Gobierno se limita a recuperar los niveles anteriores a la caída de 2014: 519,34 millones de euros, frente a los 1.971 millones con los que contaba en 2011.
El Magreb prioritario
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado fija los objetivos estratégicos de la política exterior española por países y regiones. En lo que respecta al Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo, establece que “la estabilidad política, social y de seguridad de los países del Magreb es de interés prioritario para España”.
Por eso, el Gobierno se compromete a “participar activamente en los esfuerzos para lograr una mayor estabilidad y desarrollo en el Mediterráneo y en el Norte de África”. “Esta es una zona prioritaria para España, con la que mantiene múltiples relaciones y en la que nuestro país puede desempeñar un papel importante para promover un mejor clima de entendimiento entre los distintos actores, así como el fortalecimiento de las instituciones y el crecimiento económico”, explica.
El Ejecutivo hace especial mención a Libia, donde “el deterioro progresivo de la seguridad, con implicaciones internas, regionales e internacionales, y las dificultades para la construcción y puesta en marcha de un modelo político democrático están exigiendo un compromiso de la comunidad internacional con la estabilización del país en el que España está participando”.
En cuanto a Gibraltar, la política exterior española mantiene como uno de sus objetivos “lograr el apoyo al derecho de España a la recuperación de la soberanía sobre Gibraltar, en el marco de la doctrina establecida por Naciones Unidas”.