La Agencia Internacional de la Energía (AIE) recomienda a los Gobiernos de la UE atajar los multimillonarios “beneficios caídos del cielo” (del inglés windfall profits) que, advierte, están recibiendo las compañías eléctricas europeas como consecuencia de la subida exponencial del gas natural por la guerra en Ucrania, y a causa del actual diseño del mercado mayorista de electricidad, que España lleva meses pidiendo reformar en la UE.
La cotización de esa materia prima se ha multiplicado por la invasión rusa y este lunes el pool español va a pulverizar todos los récords, en una derivada más de la invasión rusa. En un informe que acaba de publicar, la AIE explica que, “con el diseño actual del mercado, los altos precios del gas en la UE se traducen en elevados precios mayoristas de la electricidad en formas que pueden llevar a beneficios caídos del cielo para las compañías”.
Las subidas de los costes energéticos son, dice la AIE, “hasta cierto punto inevitables” cuando los precios del gas y los derechos de emisión son elevados, como ha ocurrido en los últimos meses. Pero “las actuales condiciones del mercado podrían llevar a un exceso de beneficios de más de 200.000 millones de euros en la UE para el gas, el carbón, la nuclear, la hidroeléctrica y otras renovables en 2022”, señala el organismo en un documento publicado el pasado jueves.
La AIE es un organismo dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Su estimación para esos beneficios extra de las eléctricas se basa en dos magnitudes. Por un lado, unos precios del CO2 en 90 euros por tonelada, un nivel que el mercado de carbono llegó a superar justo antes del conflicto en Ucrania, si bien ha caído con fuerza tras el inicio de la guerra, por el temor a sus efectos en la recuperación económica.
La otra variable es el gas. En este caso, la AIE toma como referencia un precio del gas de 22 euros por millón de btu, que equivale a unos 76 euros por megavatio hora (MWh) de gas, un nivel que no es ni la mitad del actual. En un año, el gas ha más que multiplicado por diez su cotización. Y con el conflicto ha pulverizado nuevos máximos históricos.
El pasado viernes, tras el asalto de tropas rusas a la mayor central nuclear en Europa, la referencia europea (el TTF) superó por primera vez en la historia la barrera de los 210 euros/MWh. Y este lunes, el TTF supera ya los 300 euros/MWh. Esta nueva escalada ha hecho que en los primeros días del mes de marzo el pool eléctrico español haya superado holgadamente los 300 euros/MWh. Este lunes el pool supera por primera vez los 400 euros y todo apunta a que ese techo va a seguir rompiéndose, trasladándose al recibo de los consumidores de electricidad, en especial los que tienen la tarifa regulada (PVPC), en los que el mercado mayorista incide de forma directa.
Por exigencias de la UE, el pool se basa en el modelo marginalista, en el que todas las tecnologías cobran el precio que marca la última unidad que permite casar oferta y demanda. En virtud de ese modelo, cada subida de un euro en el precio del gas son unos 2 euros de subida en el MWh eléctrico, porque las centrales de gas determinan lo que recibe el resto de unidades de producción.
La AIE acaba de publicar un decálogo de medidas para reducir la dependencia de la UE del gas ruso. Una de ellas es adoptar “medidas a corto plazo para proteger a los consumidores vulnerables de electricidad”.
Esta escalada, apunta la AIE, “tiene significativas implicaciones desde el punto de vista del acceso a una electricidad asequible”, así como para los incentivos económicos de cara a una mayor electrificación de los usos finales de la energía. En otras palabras: “Con estos precios, no se electrifica nada”, como vienen advirtiendo diversos expertos en España desde hace meses.
Así, la AIE propone “medidas fiscales temporales para elevar impuestos a los beneficios caídos del cielo de las compañías eléctricas”. Los ingresos obtenidos “deberían ser redistribuidos a los consumidores de electricidad para compensar parcialmente el aumento de las facturas energéticas”. “Medidas para tasar los beneficios caídos del cielo ya han sido adoptadas en Italia y Rumanía en 2022”, indica la AIE.
La postura de España
La conclusión del organismo sobre la existencia de esos beneficios indebidos de las eléctricas está en línea de la tesis que viene defendiendo el Gobierno de España desde el pasado verano. El Ejecutivo español, que también ha aprobado, vía proyecto de ley, un mecanismo para recortar el exceso de beneficios de la nuclear y la hidroeléctrica por la subida del CO2 (aunque la medida no va a estar en vigor hasta el segundo semestre de este año) ha pedido en la UE medidas para desacoplar los precios de la luz y el gas.
Esta iniciativa tiene el respaldo de varios Estados miembros, como Francia e Italia, pero hasta ahora se ha topado con el rechazo de los países del norte, como Alemania.
Pero el apoyo a las tesis de España es cada vez mayor. Ante la enorme dependencia europea del gas de Rusia, Bruselas parece ahora dispuesta a abrir la mano en el debate sobre el sacrosanto sistema marginalista de formación de precios de la luz.
El Ejecutivo español espera que la Comisión Europea presente cuanto antes la nueva “caja de herramientas” que Bruselas va a poner a disposición de los Estados miembros en los próximos días para combatir la nueva escalada de precios energéticos que ha desencadenado este conflicto bélico.
España defiende que la formación del precio de la electricidad debe desvincularse de la volatilidad de los precios del gas natural en situaciones de emergencia como esta. Por ejemplo, mediante un límite al precio de la electricidad producida con gas natural y un mecanismo que garantice la posterior recuperación de los costes de las centrales que utilizan ese combustible, los ciclos combinados.
El primer borrador de la Comisión conocido hace unos días ya reconoció la existencia de esos beneficios caídos del cielo. Bruselas también ultima una hoja de ruta para que Europa “se independice del gas ruso lo antes posible”, en palabras de la comisaria europea de Energía, Kadri Simson. Simson no descarta el escenario de un corte del suministro procedente desde Rusia, que desde el estallido del conflicto ha seguido vendiendo gas a Europa. La energía ha quedado fuera por ahora de las sanciones de la UE a la economía rusa.
El informe de la AIE destaca que en 2021 Rusia supuso casi el 40% del consumo de la UE, con unos 140 bcm (miles de millones de metros cúbicos/año) a través de gasoducto y otros 15 bcm por barco.
Entre las medidas que plantea la AIE está no firmar nuevos contratos de suministro de gas con Rusia y buscar proveedores alternativos para esta materia prima, además de introducir obligaciones mínimas de almacenamiento, acelerar la puesta en marcha de renovables, replantearse los cierres de nucleares programados para los dos próximos años o, incluso, un menor uso de la calefacción en los hogares.