Las agencias privadas de colocación cobrarán entre 300 y 3.000 euros por colocar a personas en desempleo, en función de la edad del parado y del tiempo que lleva en desempleo. Bastará con que esas personas consigan un contrato temporal de seis meses para que las empresas consigan su recompensa. El Ministerio de Empleo también pagará a las agencias que encuentren irregularidades que conduzcan a una sanción a los desempleados.
Las cuantías que percibirán las agencias serán mayores cuanto mayor sea la edad del parado y más tiempo lleve en desempleo. Así, por colocar a un joven de hasta 29 años que lleve entre 3 y 6 meses en desempleo las agencias podrán obtener 300 euros. La cuantía aumenta si lleva más de dos años en paro: en ese caso percibirían 1.850 euros. Si se trata de una persona de 30 a 44 años que lleva de uno a dos años en paro, la recompensa sería de 1.250 años. El incentivo máximo es el que se pagará por colocar a personas de 45 años o más que lleven más de dos años desempleadas: 3.000 euros.
A estas cantidades se le podrán sumar otros incentivos. Por ejemplo, por especial dificultad de inserción, “condición de persona con discapacidad o riesgo de exclusión”, se podrá sumar una prima de hasta mil euros. También habrá un incentivo por mantener el empleo: de esta forma, si la persona colocada mantiene su empleo durante otros seis meses, la agencia podrá cobrar el 50% más de lo que hubiera percibido por esa persona.
El Ministerio de Empleo premiará también a las agencias que encuentren irregularidades que acaben en una sanción al parado. “Se hará efectivo aunque no se consiga la inserción, siempre y cuando a consecuencia de la información que la agencia hubiera obtenido durante la prestación del servicio y proporcionase a los servicios públicos de empleo se inicie un procedimiento que concluya con la imposición al desempleado de alguna sanción”, dicen los pliegos de condiciones de la licitación.
Habrá también una remuneración fija a la agencia, es decir, las empresas percibirán un dinero fijo por cada persona que les envíen los servicios públicos de empleo, independientemente de si le encuentran o no un empleo. Esta remuneración no podrá ser superior a 400 euros por persona.
Solo las grandes agencias
Empleo ha habilitado una partida de 200 millones de euros para repartir entre las empresas privadas que coloquen a desempleados y que logren la mayor puntuación en el proceso de licitación. Las empresas interesadas tuvieron hasta el 30 de agosto para presentar sus ofertas. El Servicio Público de Empleo evalúa ahora sus propuestas, que calificará en función de la estrategia de colocación y de captación de ofertas de empleo, entre otros criterios.
No todas las agencias de colocación han podido concurrir a la licitación, solo las que en los últimos tres ejercicios hayan tenido un volumen mínimo medio de negocio anual de 100.000 euros. En la práctica este requisito deja fuera a la mayoría de ONG y asociaciones que también son agencias de colocación y que en muchos casos están especializadas en colectivos específicos, como inmigrantes o personas en exclusión social.