La energía hidroeléctrica ha marcado el precio del mercado mayorista de electricidad el 75% de las horas más caras de este 2021 de precios récord, según se desprende de los datos del Operador del Mercado Ibérico de Electricidad (OMIE).
El cálculo recopila los datos de OMIE desde enero hasta este sábado, 14 de agosto, cuando el precio medio del denominado pool, que determina una parte de la factura de la luz, va a marcar un récord para este día de la semana (sábados y domingos suelen registrar precios más bajos por la menor demanda) en mitad de la primera ola de calor del año, que ha disparado el uso de aparatos de aire acondicionado.
En concreto, el pool va a caer este sábado poco más de un 2% con respecto al récord del viernes, tras encadenar cinco máximos históricos consecutivos. Pese a la ligera caída, este 14 de agosto igualará su récord horario de 130 euros megavatio hora (MWh) a las 22 horas, cuando la hidráulica de bombeo será la tecnología que fije el precio que cobren todas las tecnologías de generación.
El lunes, 9 de agosto, cuando comenzó esta racha histórica de récords, la hidráulica y la hidráulica de bombeo llegaron a marcar el precio en 22 de las horas del día. Esto no había ocurrido nunca en un mes de agosto en los últimos cinco años.
Esta dinámica es el resultado del funcionamiento de un mercado cuya regulación está “desfasada”, dijo el jueves la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ante la tormenta política y la alarma social por la sucesión de récords, Ribera ha cambiado su discurso y ahora estudia la tradicional propuesta de Podemos de que una empresa pública gestione la energía hidroeléctrica según venzan sus concesiones.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, pidió el viernes que esa eléctrica pública se materialice “cuanto antes”, pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, señaló que “sería en el medio y largo plazo”.
“Una de las posiciones que se plantea es que pueda haber una empresa pública, cuando terminen las concesiones en todo caso, porque la seguridad jurídica es muy importante, y hay que ver también las condiciones de las concesiones una vez que concluyan. Es una de las medidas que se están trabajando, pero sería en el medio y largo plazo”, indicó Bolaños.
“No estamos diciendo que vamos a hacer una empresa pública energética, estamos diciendo que vamos a analizar en el caso de las explotaciones hidráulicas cuál es la mejor respuesta”, señaló por su parte la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. “No estamos prejuzgando quién va a gestionar estas concesiones, pero sí estamos analizando cuál es la opción que maximizaría esas necesidades”, añadió.
En las últimas semanas, se han dado situaciones tan atípicas como el vaciado de dos presas de Iberdrola en Zamora y Cáceres que la vicepresidenta Ribera ha calificado de “escandaloso” y que está investigando su departamento, según anunció la ministra el viernes, horas después de que la organización de consumidores Facua informase de que ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue esa práctica.
Los vectores que explican los elevadísimos precios del mercado mayorista son la cotización del gas natural y las emisiones de CO2, que están en máximos históricos por la mayor ambición climática de la UE y por la fuerte demanda de esta materia prima desde Asia en un contexto de problemas de suministro en Rusia. Como explicó Ribera el jueves, las eléctricas, en función de los precios del gas y el carbono, “ofertan electricidad que procede de tecnologías mucho más baratas interiorizando ese precio”.
Entre ellas, la hidroeléctrica, que utiliza un bien público como es el agua. Lo hacen porque pueden. En España, como en Europa, el mercado mayorista opera bajo un sistema marginalista. Todas las tecnologías reciben el precio que marca la última central que permite casar oferta y demanda en una subasta horaria que se celebra con un día de antelación. Y a diferencia de la nuclear (una energía de base, que oferta su producción a precio cero), la hidráulica no necesita verter electricidad constantemente. Se adapta al precio de mercado que van marcando los ciclos combinados (que queman gas natural) y se oferta a un precio alto para maximizar sus beneficios.
“Europa debería modificar urgentemente su sistema de precios marginalistas”, reclamaba este viernes, en un artículo en Expansión, el presidente de la papelera Ence, Ignacio Colmenares. El ejecutivo, cuya empresa tiene intereses en renovables, aseguraba que “en ningún caso la subida de precios de nuestra factura de la 'luz' se debe a la descarbonizacion de la economía, ni al aumento de la generación eléctrica con energía renovable, ni tampoco a la mayor electrificación de la energía demandada”.
Sin embargo, Bruselas, reconoció Ribera, “no tiene la menor intención” de introducir cambios en ese sistema porque “es el más cómodo, el más eficiente, el más sencillo y nos ha permitido beneficiarnos mientras los costes de las distintas tecnologías eran parecidos”.
Algo que, subrayó la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, no ocurre en España en la actualidad, pero sí en otros países que “van por detrás” en la penetración de energías limpias. España quiere “quebrar” esas prácticas de ofertar precios altos con plantas sin apenas costes variables. Pero con el marco actual es algo “correcto” y “legal”, recordó.
Otras vías
La escalada de agosto va a comerse el efecto de la bajada de urgencia del IVA de la luz al 10% y la suspensión del impuesto del 7% a las generadoras de electricidad. “Esto no tiene una solución única ni se resuelve con una movilización en la calle”, advertía Ribera, tras la amenaza de movilizaciones de su socio de Gobierno, Unidas Podemos. Otra de las vías que analiza el Ejecutivo es cambiar la tarifa regulada, como piden las eléctricas, para que sea más estable a cambio de una “pequeña prima”.
Los cambios en esa tarifa, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), menos caro que las ofertas que promocionan las empresas, están por definir. El sistema actual se puso en marcha en 2014, tras otro pico de precios que se saldó con una multa de la CNMC a Iberdrola por manipular el mercado eléctrico –la eléctrica acabó imputada en la Audiencia Nacional y el procedimiento sigue abierto casi ocho años después–. La solución del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, fue implantar el actual sistema de precios (que indexa el PVPC directamente a la cotización del pool) en sustitución de una subasta trimestral conocida como Cesur.
En esas subastas participaban empresas eléctricas, entidades financieras, brokers y traders, y arrojaron un importante sobrecoste para el consumidor que se cifró en unos 2.000 millones en el periodo comprendido entre 2008 y 2013, por la prima de riesgo que comportaba pagar un precio fijo cada tres meses por la energía que iban a suministrar las comercializadoras de último recurso (CUR).
La actual escalada del pool ha dado munición a los detractores del PVPC, que pese a ser más barato lleva años en retroceso: actualmente hay acogidos unos 10 millones de suministros, frente a los 17 millones que están en el mercado libre. Al tener como referencia el mercado mayorista, recoge de manera inmediata sus fluctuaciones. Y la traslación de las subidas de la luz en los mercados eléctricos europeos por el alza de los derechos de emisión y el gas ha sido “particularmente elevada” en España, según un reciente estudio del Banco de España que señala que el encarecimiento del pool explicaría una tercera parte de la subida del IPC en el primer semestre de este año.
¿Es el PVPC una mala solución? El Banco de España recuerda en ese informe que los sistemas que referencian la tarifa doméstica directamente a la cotización de la energía, como el español y otros como el de Estonia o Suecia, son más volátiles, pero “permiten que los consumidores interioricen en mayor medida las señales proporcionadas por los precios, adaptando su patrón de consumo en consonancia”, ahorran a los usuarios la prima de riesgo que implica un precio fijo y “tienden a dotar al mercado de una mayor transparencia y permitir una gestión más eficiente de la demanda”.