La millonaria multa de 118,4 millones de euros anunciada el miércoles pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 15 empresas por repartirse licitaciones de infraestructura ferroviaria de Adif es el último capítulo de la serie de escándalos, sobrecostes y corruptelas que han acompañado a la alta velocidad española casi desde la inauguración de la primera línea de AVE (Madrid-Sevilla) en abril de 1992.
España es campeona europea en líneas de AVE, con más de 3.100 kilómetros construidos (solo China está por delante a escala mundial) y una inversión acumulada de más de 50.000 millones cubierta en buena medida a costa de convertir a esta entidad en la empresa pública más endeudada de España.
Una cuarta parte de esa inversión ha llegado también a través de fondos europeos. España ha recibido “casi la mitad de la financiación de la UE concedida a inversiones de ferrocarril de alta velocidad”, más de 11.000 millones, con un “ineficiente” resultado, según cuestionó el Tribunal de Cuentas de la UE en un durísimo informe publicado el año pasado.
Tras ese ingente desembolso y el que está por venir (hay cerca de un millar de kilómetros en construcción, más que en ningún otro país europeo), el AVE se utiliza cada vez más, pero todavía muy por debajo de sus posibilidades.
Como destacaba la CNMC en diciembre, el tráfico de viajeros de AVE crece (en 2017 absorbió casi dos tercios del total de pasajeros, con 21,1 millones), pero persiste “una utilización muy desigual de distintos tramos de la infraestructura: así, mientras que en el Madrid-Barcelona la capacidad utilizada es del 45%, en el Albacete-Alicante es del 8%”.
Competencia lo atribuye al alto precio de los billetes: si bien la política de descuentos aplicada por Renfe desde 2013 “ha contribuido de forma significativa al aumento en la utilización del servicio”, las encuestas de la Comisión Europea “señalan que la valoración de los usuarios sobre el coste del servicio sigue siendo negativa”.
Estos son algunos de los escándalos que han acompañado a la red de alta velocidad española en las tres últimas décadas:
14 años de amaños
El 14 de marzo de 2019, la CNMC impuso una millonaria multa a tres cárteles que llegaron a operar durante hasta 14 años para amañar centenares de licitaciones, la mayoría (cerca de 900 millones) relacionadas con el AVE. Por primera vez, la CNMC ha planteado que se prohíba contratar con la Administración a las sancionadas. Entre ellas están filiales de algunas de las principales constructoras españolas, empezando por la más importante, ACS, sobre la que ha recaído (a través de cuatro filiales) la mitad del importe de las sanciones finalmente impuestas.
Estas han ascendido a 102 millones, una vez descontadas las rebajas o exenciones a las multinacionales Alstom y Siemens, que decidieron colaborar en la investigación. No es la primera vez que la CNMC desmonta un cártel relacionado con el AVE. En 2016, ya impuso una multa de 5,64 millones a cuatro empresas y nueve de sus directivos por repartirse adjudicaciones de suministros de desvíos ferroviarios de Adif, muchos de ellos relacionados con la alta velocidad.
Sobrecostes de 7.637 millones
En febrero, el Tribunal de Cuentas publicó un informe en el que alertaba de sobrecostes del 186,21%, equivalentes a más de 7.637 millones, en los convenios urbanísticos llevados a cabo por las Sociedades públicas de Integración del Ferrocarril (SIF) constituidas entre 2002 y 2010 por las diversas Administraciones (estatal, autonómica y local) para llevar el AVE a trece ciudades españolas: Alicante, Almería, Barcelona, Cartagena, Gijón, León, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.
El mayor incremento de costes con respecto al importe cuantificado correspondía a Barcelona-La Sagrera (546,89%), Alicante (395,87%) y Cartagena (281,65%) y salvo en dos casos, no había llegado a ejecutarse ni el 30% de las obras previstas inicialmente. El órgano fiscalizador recordó que la deuda asumida por esos SIF, más de 1.100 millones, computa en el déficit público y pidió que se analice la disolución de esas sociedades.
“Se recomienda al Ministerio de Fomento que en la planificación de futuras integraciones ferroviarias estudie, junto con el soterramiento de las vías, alternativas diferentes, en las que se tengan en cuenta factores socioeconómicos. Y que elabore planes de financiación de las actuaciones de integración del ferrocarril atendiendo a criterios realistas y contemplando, en su caso, una financiación a corto y medio plazo no solo vinculada a la generación de plusvalías urbanísticas de realización incierta”, decía el informe.
Descontrol en el AVE a Barcelona
El descontrol en las obras del AVE Madrid-Barcelona, inaugurado hace once años, lleva tiempo en los juzgados, con dos causas judiciales por vía penal que cifran el fraude en 113 millones, mientras que el Tribunal de Cuentas elevó en marzo de 2017 el desfalco a más de 133 millones. Solo en las obras del entorno de la estación de La Sagrera (Barcelona), aún en construcción, “se detectaron importantes diferencias entre las obras realmente ejecutadas y las obras certificadas y abonadas, por importe de 117.396 miles de euros”, según el órgano fiscalizador.
La liebre saltó en 2013, cuando la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación tras una denuncia de un subcontratista de una de las empresas investigadas, Isolux Corsán (que fue a concurso de acreedores en 2017), que derivó en la denominada operación Yogui, por la que en mayo de 2014 un dispositivo policial coordinado por el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona y ejecutado por la Guardia Civil detuvo a 10 personas.
A esa investigación, que afloró el pago de safaris, vino, coches y viajes de lujo a responsables de Adif a cambio de aceptar facturas hinchadas en las obras, se sumó la que dirige el juzgado de Instrucción 26 de Barcelona, sobre irregularidades en tres contratos adjudicados entre febrero de 2008 y abril de 2010 a tres UTES formadas por Acciona-Copcisa; ACS-Acciona-Comsa-Acsa y Rubau-Copisa-FCC Construcción-Ferrovial.
En 2017 se hizo público un informe con las investigaciones de la Guardia Civil que ampliaban las pesquisas sobre las obras de Isolux Corsán del AVE a Castilla y León, Euskadi, Asturias y Galicia. Adif reconoció en una respuesta parlamentaria ese mismo año que había abierto expedientes internos a altos cargos de la compañía que habían trabajado en las obras de Alta Velocidad en estas comunidades autónomas tras esta investigación judicial.
Fraude en el AVE a Murcia
El pasado enero, el juzgado de Instrucción 9 de Murcia concluía las diligencias previas del caso César, que investiga irregularidades en la ejecución de infraestructuras hidráulicas y canalizaciones afectadas por la construcción de la plataforma ferroviaria de la línea de AVE entre Crevillente y Murcia por parte de empresas como Acciona, Dragados (ACS) y Sacyr, además de responsables de Adif.
El procedimiento se inició en 2015, tras una denuncia de la Agencia Tributaria que ponía de manifiesto presuntas irregularidades fiscales, canalizadas a través de un entramado de empresas sin actividad, emisoras de facturas falsas, que habrían permitido un desvío de fondos del presupuesto de Adif que el Fisco cifró en 9,8 millones.
Posteriores informes, como la auditoría técnica encargada por Adif, cifraron la diferencia total entre lo certificado y la valoración, sumando todos los expedientes de gasto judicializados, en 24.964.016 euros antes de IVA. Entre los cerca de 50 investigados está José Luis Martínez Pombo, ex jefe de Infraestructuras de la Línea Madrid-Levante de Adif, que afloró 2,4 millones en la amnistía fiscal.
El caso AVE de Sevilla
El llamado “caso AVE”, que comenzó a instruirse en 1994, surgió cuando la instrucción de la denominada trama Filesa de financiación ilegal del PSOE detectó el pago de más de 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) por parte de Siemens, adjudicataria junto a Alstom de contratos del tren de alta velocidad, a tres sociedades dirigidas por personas vinculadas al PSOE.
El caso fue cerrado en 2008, cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a la ex secretaria de finanzas del PSOE Aida Álvarez, y a su marido, Miguel Molledo, a sendas penas de seis meses de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil. En el procedimiento fue absuelto el ex ministro de Sanidad y expresidente de Renfe Julián García Valverde.
Sobrecostes en los juzgados
Causas penales aparte, la práctica de las constructoras de reclamar a Adif sobrecostes millonarios con respecto al importe inicial de adjudicación está teniendo un impacto creciente en las cuentas de la empresa estatal, que en los próximos días publicará sus estados financieros del ejercicio 2018. Sus últimas cuentas publicadas, de 2017, reflejaban un incremento interanual del 97% en las provisiones por sobrecostes y litigios con constructoras del AVE.
El importe reservado para esas contingencias se triplicó con creces en solo dos ejercicios, al pasar de algo menos de 150 millones en 2016 a los 504,41 millones de euros de 2017, que correspondían, según Adif, a “los importes relativos a litigios instados por empresas constructoras por la ejecución de contratos de obra” y “tienen su origen, básicamente, en reclamaciones por diferencias en mediciones y en la determinación de las revisiones de precios, así como por posibles sobrecostes provocados por paralizaciones y ampliaciones del plazo de ejecución de las obras”. Las pérdidas de la empresa pública rozaron en 2017 los 200 millones y su deuda superó por primera vez los 15.000 millones.