La economía colaborativa se ha convertido un punto de fricción con los lobbies tradicionales, sobre todo, en el transporte y el turismo. Pero también se ha vuelto un foco de conflictos dentro del propio regulador español de Competencia. La elaboración de un informe sobre cómo regular la economía colaborativa ha abierto una brecha dentro del superregulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Sin llegar a votar las conclusiones de este documento, el 11 de marzo se anunció que se volvían a enviar a consulta pública las conclusiones del mismo. Los consejeros más conservadores no querían ni poner sobre la mesa un tema que ha generado fuertes protestas sobre todo en sectores como el taxi, que ven la entrada de nuevos actores como Uber como una forma encubierta de liberalización del sector.
La chispa saltó el 11 de marzo cuando la vicepresidenta del organismo, María Fernández (que estuvo a las órdenes de Álvaro Nadal en la Oficina Económica de Moncloa y era la encargada de preparar las reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos), y otros cinco consejeros pidieron por escrito al presidente, José María Marín Quemada, que incluyera en el orden del día de la reunión de este miércoles incluir la pérdida de confianza en Antonio Maudes, según Cinco Días. Maudes es el director de Promoción de la Competencia, departamento bajo el que se incluye el informe sobre la economía colaborativa, y persona de confianza de Marín Quemada.
El presidente del organismo ha decidido finalmente mantener en su cargo a Maudes, según informa Europa Press citando a fuertes conocedoras de la reunión. La decisión se produce a pesar de que seis de los diez consejeros del organismo reclamaron su cese durante el pleno de este miércoles. Esta división podría llegar hasta la Abogacía del Estado, según publica Cinco Días.
Un organismo copado por la derecha
La elaboración del estudio comenzó en noviembre de 2014, cuando se lanzó una primera consulta pública para preguntar a los afectados hacia dónde deberían ir los principios regulatorios, cuáles podían ser los efectos sobre el mercado y cómo debería ser la normativa. Esta consulta se extendió hasta enero del año pasado y a partir de las 261 respuestas recibidas de diversos actores se analizó la información, se realizaron entrevistas con los principales agentes de alojamiento turístico y transporte discrecional de viajeros y se procedió a elaborar unas conclusiones preliminares sobre el tema.
Se centró todo en el tema de alojamiento y transporte, que han sido los que han centrado las protestas tanto del lobby turístico Exceltur contra las plataformas de los alojamientos turísticos como Airbnb, como de los taxistas contra Uber.
Poner sobre la mesa este tema no ha sido del agrado de los consejeros de signo conservador, que consideraban que no era el momento de abrir este melón. La mayoría de los consejeros de la CNMC son afines a la derecha, después de que el PSOE, en el momento de crearse este organismo (que echó a andar en octubre de 2013, fruto del empeño del Gobierno de Mariano Rajoy de fusionar los antiguos reguladores sectoriales), renunciara a proponer a dos consejeros. Así, de los diez vocales de la CNMC, ocho fueron nombrados por el Gobierno ahora en funciones, uno por CiU y otro por el PNV.
Acciones de la CNMC
Competencia ha requerido al Ministerio de Fomento que cambie el reglamento de transporte ya que considera que la parte relativa a licencias VTC, las de los conductores que usan Cabify y Uber, limita la entrada y la capacidad de otros actores. Así, el organismo envió el 14 de enero un requerimiento para que Fomento cambie la normativa, ya con el Gobierno en funciones. Y el Ministerio en funciones no puede legislar, lo que de facto ha paralizado el proceso.
No es la única decisión que ha tomado Competencia en un ámbito que afecta a la economía colaborativa, aunque es en la elaboración del informe cuando se ha presentado el cisma. El alojamiento turístico y su regulación han sido uno de los frentes abiertos en este tema y donde ha actuado la CNMC. Entre las actuaciones llevadas a cabo por el organismo se encuentra el recurso contra el decreto de la Comunidad de Madrid que regulaba el alojamiento turístico y establecía un mínimo de cinco noches para hacerlo posible.
La forma de regular la economía colaborativa es uno de los retos a nivel global que ha generado conflictos en muchos países. El difícil encaje que se produce entre las empresas tradicionales y las nuevas plataformas que van ganando millones de usuarios se complica con unas normas que no avanzan a la misma velocidad que la economía.
Ni en España ni a nivel europeo existe una normativa que regule la llamada economía colaborativa de forma transversal y las dudas giran alrededor de cómo regular tanto las propias plataformas como la actividad que realizan. A esto se suma que el pago de impuestos ha sido una de las críticas más duras a estos nuevos negocios por parte de sus competidores tradicionales. Con todo este contexto, habrá que esperar hasta que haya nuevo Gobierno para ver cómo evoluciona la legislación al respecto.