La economista y profesora de la Universidad Complutense Bibiana Medialdea asumirá la dirección general de Consumo, la segunda pata del ministerio de Alberto Garzón, de quien también dependen las políticas relacionadas con las apuestas y el juego. El profesor de Derecho de la Universidad Carlos III Rafael Escudero, por su parte, será el secretario general de Consumo y Juego, y el economista Desiderio Cansino, directo del Gabinete del ministro Garzón.
Medialdea, además de profesora de universidad, ha realizado trabajos relacionados con la deuda –presentó en Vistalegre 1 una resolución al respecto, que resultó elegida en las conclusiones de la primera asamblea de Podemos–, y ha sido coordinadora del Consejo Asesor de la Auditoría Ciudadana de Deuda del Ayuntamiento de Madrid.
Además, ha formado parte del colectivo Novecento con amigos de universidad, como Nacho Álvarez –director general de Derechos Sociales con Pablo Iglesias–, Antonio Sanabria, Víctor Alonso Rocafort y Álvaro Minguito, entre otros; y ha colaborado en los últimos años en la elaboración de propuestas con Podemos e IU.
El profesor de Derecho de la Universidad Carlos III Rafael Escudero, por su parte, será el secretario general de Consumo y Juego. En los últimos tiempos ha colaborado con el entonces tercer teniente de Alcalde, Mauricio Valiente, en el Ayuntamiento de Manuela Carmena, en asuntos relacionados com Memoria Democrática e Histórica.
Escudero, así mismo, se implicó tras el 15M en la conocida como Uni en la Calle, un movimiento de enseñantes que protestaba contra los recortes en la educación. También participa en el grupo de pensamiento Contrapoder.
Alberto Garzón conserva como director general de Juego a Juan Espinosa, nombrado en su momento por el PP y mantenido por el PSOE posteriormente.
Comida basura
En el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, se comprometía promover “una modificación de la Ley de seguridad alimentaria para adecuarla a las exigencias contemporáneas de protección a las personas consumidoras y transparencia en su acción”.
Así, se prometía “reducir el impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares”.
“Además”, decía el acuerdo, “se impulsará que la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales sea un modelo de alimentación de calidad y de cercanía. Se mejorarán los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos y el conjunto de la normativa sancionadora de consumo de carácter estatal para que las sanciones sean proporcionales al perjuicio causado a las personas consumidoras. Y se potenciará la Comisión de Cooperación de Consumo en el seno de la Conferencia Sectorial del Consumo para mejorar la cooperación, la comunicación y la información entre la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas, en aquellas materias que afecten a la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias”.