Otra ley que se pone cuesta arriba en la UE. Alemania, Francia e Italia han bloqueado la directiva con la que la UE pretendía poner coto a la vulneración de los derechos humanos y el impacto negativo de las grandes multinacionales en terceros países. Berlín, que fue el primer país de los grandes en bajarse del acuerdo alcanzado con la Comisión Europea y la Eurocámara en diciembre, ha arrastrado a París y Roma haciendo, así, imposible la ratificación de la directiva de la diligencia debida (CSDDD, por sus siglas en inglés), que contemplaba multas para las grandes compañías que incumplieran sus obligaciones en relación con el trabajo infantil, la explotación laboral, la contaminación o la deforestación, entre otras.
“Ahora tenemos que considerar el estado de la cuestión y veremos si es posible abordar las preocupaciones presentadas por los Estados miembros, consultando con el Parlamento Europeo”, ha señalado la presidencia belga, que es a la que le corresponde pilotar las negociaciones, a través de la red social X (antes Twitter). El rechazo de esos tres países hace que no haya en el Consejo una mayoría suficiente para ratificar el acuerdo. No es la primera vez que sucede, aunque no es habitual. Recientemente Alemania bloqueó la prohibición de la venta de coches de combustible a partir de 2035 y se tuvo que reabrir la negociación con el Parlamento, aunque se logró un acuerdo con concesiones que no requería rehacer el texto.
La directiva aspiraba a responsabilizar a las grandes empresas del impacto de sus actividades y las de su cadena de suministros en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos con la vista puesta en reducir la explotación de los países en vías de desarrollo. Establecía obligaciones con la intención de acabar con la explotación laboral e infantil, la contaminación, la deforestación, el desperdicio de agua o los daños en los ecosistemas. a través de multas de hasta el 5% del volumen de su negocio.
Las normas aplicación a las compañías de más de 500 empleados con un volumen de negocios mundial superior a 150 millones de euros o a las empresas con más de 250 empleados y un volumen de negocios superior a 40 millones de euros si al menos 20 millones se generan en sectores como la construcción, el textil, la agricultura, incluida la silvicultura y la pesca, la fabricación de alimentos y comercio de materias primas agrícolas, extracción y comercio al por mayor de recursos minerales o fabricación de productos relacionados y construcción.
Para garantizar el cumplimiento de las normas, cada país tendría que designar una autoridad supervisora encargada del control a través de inspecciones e investigaciones a las empresas. El argumento de los liberales alemanes, que son los que han empujado en conta del acuerdo, es que la nueva directiva supondría más cargas burocráticas para el comercio.
El rechazo en el Consejo ha sentado como un jarro de agua fría a las fuerzas progresistas en la Eurocámara y a las organizaciones sociales. “Los Estados miembros han decidido hacer la vista gorda con las personas y el planeta”, lamentan los socialdemócratas en un comunicado en el que reprochan que “los inexplicables bandazos de algunos Estados miembros socavan profundamente la confianza en el papel de algunos gobiernos nacionales en las negociaciones a escala de la UE”.
“Es un día triste para los derechos humanos, el medio ambiente y la competitividad de las empresas europeas”, expresa la vicepresidenta de Los Verdes, Heidi Hautala, que reprocha a los estados miembros que hayan roto el acuerdo en el “último minuto”.