Alquiler ficticio para la matriarca y deducciones ilegales: varapalo judicial a una de las familias más ricas de España

Varapalo judicial a una de las familias más ricas de España, los Isidro Rincón, a los que asesoró durante 25 años el jurista Vicente Guilarte hasta que en julio de 2023 fue nombrado presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su inmobiliaria cotizada (socimi), Ibervalles, acaba de perder en la Audiencia Nacional un viejo pleito fiscal de 734.000 euros (sin contar intereses) que arrastraba desde hace más de una década.

El contencioso se remonta a 2013, cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sancionó a Ibervalles por un pleito que, según ha trascendido ahora, tiene su origen en las deducciones ilegales que se anotaron en el Impuesto de Sociedades de 2007 con las plusvalías obtenidas por la venta de una vivienda de lujo en Madrid.

Dueños de la papelera Europac hasta 2018, cuando la vendieron al gigante británico DS Smith (por esa operación ingresaron 640 millones), los Isidro Rincón son poco conocidos pero han llegado a figurar en el top 100 de mayores fortunas españolas. En 2021 entraron en la Lista Forbes y el último ranking de ricos de El Mundo los sitúa en el puesto 108, con un patrimonio estimado de 600 millones.

Esta numerosa familia, dueña de la finca Rinconada y la bodega Barcolobo, está entre los grandes patrimonios pioneros en apostar por las sociedades de inversión libre (SIL), herederas de las sicav con las que pagan un 1% en el Impuesto de Sociedades. La mayor parte de su fortuna la canalizan con Ibervalles, cotizada en el mercado de pymes de BME Growth que se acogió al régimen de las socimi (con amplias ventajas fiscales) en 2022.

Con el 77% de sus acciones en manos de ocho miembros de la familia, la empresa invierte en oficinas y, desde este año, hoteles de lujo y “flex living”, la conocida como “vivienda flexible” para perfiles como los llamados nómadas digitales, “con alto potencial de revalorización en zonas consolidadas de España y Lisboa”, según su web.

Ibervalles, que ha declinado atender a elDiario.es, facturó hasta junio 7,2 millones y declaró 5 millones de beneficios, según las cuentas semestrales que formuló el 24 de octubre. En ellas no constan provisiones por este litigio con Hacienda, del que lleva años informando con escasa concreción y que, como suele ocurrir en estos casos, se ha dirimido en los tribunales.

En septiembre de 2020, Ibervalles logró que la Audiencia Nacional suspendiera el pago de la reclamación de la AEAT. Entonces se cifró el pleito en 523.334,81 euros de liquidación y otros 209.959,71 euros de sanción. Ahora, la Audiencia acaba de rechazar el recurso de la empresa, confirmando una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de marzo de 2020.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso del pasado 18 de noviembre revela que el pleito estaba relacionado con la deducción de las plusvalías por la venta de un unifamiliar de la empresa en Madrid en el que vivía la matriarca de esta familia de multimillonarios, María Victoria Rincón.

Ibervalles se desgravó 419.919,41 euros por la reinversión de beneficios extraordinarios obtenidos con esa operación, con la que logró “una ganancia que se integra en la base imponible de 2.565.729,33 euros”.

Esas plusvalías y las de la venta de un local y un garaje en Mallorca las reinvirtió en dos inmuebles en Madrid: la construcción de un edificio de oficinas en Alcobendas y la compra de una nave industrial en Torres de la Alameda. Pero la AEAT tumbó la mayor parte de las desgravaciones por varios motivos que ahora la Audiencia confirma. 

No hubo alquiler

El primero es que el alquiler de esa vivienda no existió: “No se acreditó que estuviera arrendada y, por tanto, que estuviera afecta a la actividad económica de la empresa”, según determinó la AEAT, que calificó de “precario” el vínculo jurídico “entre la propiedad y la pretendida arrendataria, madre de los diez hermanos propietarios de esta empresa”. 

Los jueces coinciden: “Lo cierto es que confluyen una serie de indicios, hechos base, perfectamente acreditados, de los que inferir la conclusión de que no hubo tal arrendamiento”.

El primero, “la ausencia de capacidad económica para satisfacer las rentas” de la matriarca, que en esos años “no presentó declaración del IRPF, ni se le conoció otras fuentes de ingresos”. “Argumentos más que suficientes” para concluir, como hizo la AEAT, que aquello no fue un alquiler, sino “una situación de precario, comodato o cesión a título gratuito”. 

Además, no había evidencia documental de ese alquiler: “La contabilidad no prueba la realidad de las relaciones jurídicas” entre las partes. Para intentar tumbar los argumentos de Hacienda, los asesores de los Isidro Rincón aportaron un contrato de arrendamiento fechado en noviembre de 1989 y diversas facturas a nombre de Victoria Rincón con pagos de la renta entre 1995 y 2005. 

Pagos que, según la empresa, se hacían en metálico. Los jueces concluyen que “las entregas de efectivo pudieron hacerse o no” y que las facturas presentadas “no son sino un justificante formal, elaborado a conveniencia de las partes, del que no se puede colegir, sin más, la realidad subyacente, por no mencionar que el contrato de arrendamiento figura en documento privado”.

El engaño a Hacienda no quedó ahí. La AEAT también comprobó que el edificio en Alcobendas en el que supuestamente reinvirtieron las plusvalías ya se había construido cuando se vendió la casa; y “sobre esto la demanda no ha planteado controversia alguna”.

También constató que la nave adquirida por Ibervalles en Torres de la Alameda pertenecía a Europac. Y la normativa prohíbe aplicarse esas deducciones cuando las operaciones afectan a entidades de un mismo grupo, como en este caso.

La AEAT inició una inspección de carácter “limitado” a Ibervalles en abril de 2012, que amplió dos meses después, y la sancionó el 21 de noviembre de 2013, días antes de que Guilarte fuera nombrado vocal del CGPJ como jurista de reconocido prestigio a propuesta del PP.

Ante la Audiencia, Ibervalles intentó alegar que se le había pedido documentación ajena a la inspección. “Resulta difícil de entender la afirmación de la demanda” si “no se particulariza a qué documentación se refiere”, dice la sentencia.

El recurso se interpuso el 25 de noviembre de 2020 y se ha resuelto casi cuatro años después, pese a que el asunto no reviste especial complejidad. En la sentencia ha sido ponente el juez Gerardo Martínez Tristán, nombrado en 2013 vocal del CGPJ a propuesta del PP, como Guilarte.

Abogado en ejercicio desde 1979, el anterior presidente del órgano de gobierno de los jueces es catedrático de Derecho Civil en las universidades de Burgos y Valladolid.

Es muy cercano a la familia de Mariano Rajoy por su labor como asesor del colegio de Registradores de la Propiedad, cuerpo al que accedieron el expresidente del Gobierno y dos de sus hermanos. Fue hasta el pasado 4 septiembre presidente interino del CGPJ, cargo al que llegó tras jubilarse su antecesor y en un contexto de más de 2.000 días de bloqueo de la renovación de este órgano por parte del PP. 

Antes de ser consejero de Ibervalles, Guilarte fue vocal de Europac desde 1998 hasta su venta en 2018. Junto a su esposa, la jueza Felisa Herrero, tenía cerca de 30.000 títulos de la papelera a cierre de 2017. Al precio de la oferta pública de adquisición (opa) de DS Smith, esas acciones, un 0,05% de Europac, estaban valoradas en casi medio millón. Guilarte vendió sus títulos antes de liquidarse la oferta.

El jurista recibió además 288.000 euros como consejero de Europac solo en los cinco ejercicios en los que esta empresa desglosó su retribución como sociedad cotizada (2013-2017), según la información disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En enero de 2021 el regulador sancionó a Ibervalles con 60.000 euros por una infracción “muy grave”, incumplir los deberes de información al supervisor sobre una participación en la cotizada Cartera Industrial Rea.

En esta firma de inversiones, que fue accionista de Europac y se disolvió en 2020, participaban entre otros Juan Luis Arregui (fundador de Gamesa, ex vicepresidente de Iberdrola y principal accionista de la papelera Ence), el fallecido histórico del capital riesgo y exvicepresidente de ACS José María Loizaga, otro empresario muy vinculado al inmobiliario madrileño, Ángel Soria, y una cara muy conocida, la presentadora Ana Rosa Quintana.

Ibervalles, que aspira a que su cartera de activos alcance un valor de 550 millones a finales de 2025, tiene un 25,76% de Inversa Prime Socimi, especializada en adquirir viviendas de gama alta a personas mayores para luego alquilárselas de forma vitalicia, y un 2,99% de Árima Real Estate Socimi, dedicada a las oficinas.

Sus cuentas incluyen desde hace años una “cuenta a cobrar” a la sociedad Royal Class Resort SL “por las cantidades aportadas al desarrollo de una promoción inmobiliaria que no llegó a iniciarse” en El Plantío (Alicante). Allí esa empresa, del promotor local Manuel Ferri, promovió un complejo de golf y apartamentos turísticos gracias a que el consistorio alicantino (del PP) le dio una licencia ilegal en 2005.