Hacienda ya ha rastreado las declaraciones de IRPF entre 2015 y 2018 para construir el índice público de precios del alquiler

¿Cuánto cuesta, de media, alquilar una vivienda de determinadas características y en una ubicación concreta? Para contestar a esta pregunta hasta ahora solo se puede acudir a las estadísticas que publican los portales inmobiliarios que se dedican a alojar anuncios de pisos. Pero el Gobierno, hace unos meses, se comprometió a usar los múltiples datos a su disposición para elaborar índices oficiales. En su momento no se hablaba de que se pudieran usar para que alguna administración pudiera poner límites a los precios de los alquileres en función de estos precios medios, pero ahora esta posibilidad sí consta en el acuerdo para un nuevo gobierno de coalición.

De cumplirse el programa firmado entre el PSOE y Unidas Podemos, en el futuro los ayuntamientos podrán usar este dato para limitar las subidas de precios de los arrendamientos en periodos y zonas tensionadas.

La Agencia Tributaria ya ha rastreado las declaraciones del IRPF de los ejercicios comprendidos entre 2015 y 2018 para extraer los datos necesarios para que el Ministerio de Fomento elabore estos índices de referencia, han informado a eldiario.es fuentes del departamento de José Luis Ábalos.

El Ministerio de Fomento, que va a pasar a denominarse de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ha coordinado la explotación de los datos tributarios. Los ingresos obtenidos por alquiler se han cruzado con el periodo computable y las características del inmueble (su destino a arrendamiento de vivienda permanente, uso, tipología y superficie construida, entre otros). El trabajo técnico ha sido desarrollado por personal de la Agencia Tributaria con apoyo de la Dirección General del Catastro. La metodología utilizada ha sido desarrollada por el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo en colaboración con el Banco de España.

Los datos se harán públicos en el primer trimestre

La Agencia Tributaria aportó los principales resultados en una reunión del grupo técnico establecido para el desarrollo de estos índices el pasado 16 de diciembre “para su análisis en soporte digital” por parte de los miembros del grupo de trabajo, en el que participan además representantes del Banco de España, la Dirección General del Catastro y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ahora se han comprometido a efectuar diferentes trabajos de contraste (análisis de rentabilidades, comparación con datos de oferta, con datos de depósitos de fianza, etc.).

A partir de ahí, entre este mes y el que viene se prevé el establecimiento de un entorno de diálogo y participación con otros agentes, especialmente acerca de la metodología del sistema de índices, con objeto de incorporar aportaciones y sugerencias. El calendario previsto es que antes de que acabe marzo se presenten los resultados obtenidos y se expongan las diferentes líneas de trabajo abiertas, “con la especial implicación del Instituto Nacional de Estadística para cubrir las limitaciones del sistema en lo que se refiere en particular al desfase temporal de los datos publicados”, explican las fuentes consultadas.

Más de cuatro meses de retraso por las elecciones

El diseño de este nuevo índice se incluyó en el decreto de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobado el pasado 1 de marzo, con el objetivo de “garantizar la transparencia y el conocimiento de la evolución del mercado del alquiler de viviendas, así como para aplicar políticas públicas que incrementen la oferta de vivienda asequible y para facilitar la aplicación de medidas de política fiscal”.

Y se añadía que “se elaborará en el plazo de ocho meses por la Administración General del Estado, a través de un procedimiento sujeto a los principios de transparencia y publicidad”, es decir, en noviembre. La resolución por la que se determinase el sistema de índices de referencia debía publicarse antes de esa fecha en el Boletín Oficial del Estado, algo que no ha ocurrido. Si se cumple el calendario conocido ahora, los datos se harán públicos en el primer trimestre de este año, con más de cuatro meses de retraso. El motivo, indican fuentes de Fomento, han sido las dos elecciones generales que se han celebrado en este periodo.

Con estos índices de precios anualmente se ofrecerá una relación de valores medios de la renta mensual en euros por metro cuadrado de superficie de la vivienda, agregados por secciones censales, barrios, distritos, municipios, provincias y comunidades autónomas. Además, estas últimas podrán definir de manera específica y adaptada a su territorio su propio índice de referencia, para el ejercicio de sus competencias y a los efectos de diseñar sus propias políticas y programas públicos de vivienda.

El pasado mes de septiembre el Ministerio publicó un primer acercamiento a los datos que iba recopilando, en este caso a través del registro de fianzas, obligatorio en la mayoría de las comunidades autónomas. El resultado eran unos precios muy inferiores (hasta un 57%) a los ofrecidos por los portales inmobiliarios. Cuando se conozcan los índices de precios oficiales que incorporen el resto de la información que ahora se está recopilando podrá comprobarse si realmente son tan distintos a los manejados hasta ahora.