Más de 16.000 personas se han adherido a la huelga de alquileres convocada desde el pasado 1 de abril en toda España por los sindicatos de inquilinos, según los organizadores. El recuento lo hacen con los correos electrónicos que les han enviado declarando la intención de secundar la movilización debido a la imposibilidad de pagar total o parcialmente la renta por la crisis del coronavirus.
El objetivo es la suspensión del cobro de los alquileres durante el tiempo de confinamiento y el que dure la pandemia, dado que miles de familias se encuentran sin trabajo e ingresos. Consideran que las medidas de alivio aprobadas por el Gobierno (y que pasan por moratorias en el pago y microcréditos del ICO) son insuficientes y condenan al endeudamiento.
No es la primera protesta de este tipo que se hace en España (los antecedentes se remontan al Congreso de Trabajadores de Valencia de 1883 que promovió “huelgas de inquilinos para imponer la rebaja de alquileres a los propietarios”), pero sí la primera que se realiza de manera telemática debido al estado de alarma.
Tampoco es la única huelga de alquileres convocada en el mundo en estos momentos, por ejemplo en Nueva York se inicia una la semana que viene. De cara al 1 de mayo los sindicatos de inquilinos españoles aseguran que se están organizando convocatorias de huelga internacionales que se secundarían en países como Portugal, Italia, Grecia, Reino Unido y Alemania.
En cuanto a la cobertura legal, en España la Constitución reconoce el derecho a huelga, pero solo dentro del ámbito laboral. Esto significa que la huelga de alquileres se va a tratar a nivel judicial como un impago y no como una huelga.
“Consideramos que la huelga está teniendo éxito, porque son miles las personas que en lugar de caer en el impago en soledad y con angustia, pasan a una situación de lucha junto a mucha otra gente y encuentran una vía colectiva que ante un fondo de inversión o un juez te da más garantías de evitar problemas judiciales o legales”, sostiene el portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera.
Pau es inquilino en la calle Carme, 106, un edificio en el Raval barcelonés propiedad de Cerberus desde 2017. Relata que de los cinco pisos alquilados en su bloque, los cuatro que han sufrido una gran caída de ingresos debido a la crisis de la COVID–19 han decidido secundar esta huelga.
“Enviamos una carta a la propiedad diciendo que no ingresaríamos el alquiler de marzo a la espera de abrir una negociación y hablar. Nos contestaron con la lista de condiciones que ha puesto el Gobierno para considerar a alguien en situación de vulnerabilidad. Cuando les hemos remitido la documentación, pidiéndoles que nos especifiquen a qué parte del decreto se quieren acoger (moratoria o quita), nos han respondido que solo aceptarán un retraso en las cuotas. Ahora tenemos que ver qué respuesta colectiva damos, pero de momento seguimos en huelga. Una quita del 50% hubiera sido más ética”, asegura.
No se trata de una huelga general en la que se esté llamando al impago del alquiler, sino de organizar a quienes se ven incapaces de afrontarlo por haberse quedado en paro, haber tenido que cerrar su negocio o estar en la economía informal y no logran llegar a acuerdos con sus propietarios, explica Palomera. Entre quienes siguen esta huelga, en ciertos casos se están produciendo impagos de la totalidad del alquiler y en otros de una parte.
“Recomendamos no endeudarse”
En cuanto a los microcréditos ICO que el Gobierno va a poner en marcha para que los alquilados afronten el alquiler y puedan pagarlos más tarde sin intereses, los sindicatos de inquilinos recelan de su uso. “Recomendamos a quienes nos consultan que no se endeuden”, afirma el portavoz. En los casos en los que los deudores no puedan pagar estos créditos con un plazo de hasta diez años, podrían optar a las ayudas a la vivienda que reparten las CCAA tras recibir los fondos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con un límite de 900 euros mensuales.
Las organizaciones convocantes de esta movilización rechazan la visión del Gobierno de que en este caso se enfrentan los intereses de dos partes iguales, propietarios e inquilinos, y que ambas deben ser protegidas. Este miércoles el ministro de Transportes, José Luis Ábalos señalaba: “No todos los que tienen una vivienda en alquiler son potentados” y añadía que “a veces puede ser una viuda que complemente así su renta”.
Argumentaba que, por eso, el Ejecutivo no puede decretar una “penalización” para los arrendadores, “como si fueran culpables de que otras personas entren en vulnerabilidad”. Según el decreto aprobado por el Gobierno, en España en el 85% de los arrendamientos de vivienda el propietario es una persona física, pequeño propietario.
A juicio de Palomera, dentro del Gobierno hay diferencias sobre estos criterios “ideológicos” que según denuncia no cuentan con “base empírica” y chocan con los datos del Observatorio Metropolitano de Cataluña, según los cuales el 40% de los grandes tenedores (más 10 viviendas) son particulares, lo cual no quiere decir que sean pequeños propietarios.
“Para los ministerios económicos el orden de prioridades es que se sigan pagando alquileres al mismo ritmo y al mismo precio y que la población más vulnerable se sacrifique y endeude, y en caso de que no puedan pagarlo, que el erario público pague a los arrendadores”, lamenta.
En todo caso, los sindicatos tienen constancia de muchas negociaciones entre particulares que están llegando a acuerdos para la rebaja del alquiler. En cuanto a las medidas para los grandes tenedores (por encima de diez inmuebles), afirman que por la información que les llega, están optando por la moratoria y pago posterior de la deuda, no por la quita del 50% en la renta durante cuatro meses, que son las dos opciones que les da el decreto.
Los sindicatos de inquilinos han creado ochenta comités de huelga en barrios y ciudades, que se reúnen telemáticamente y son los que proporcionan información a quienes se adhieren a esta movilización. A los 16.000 inquilinos que se han interesado, y entre los que también hay profesionales que alquilan locales y oficinas, les facilitan un formulario para que se lo envíen a su propietario informándole de que no podrán abonarle la renta.