Se acerca un cambio inminente en el Gobierno de Mariano Rajoy. Las señales son numerosas, pero las que dejan pocas dudas son las del listado de altos cargos que abandonan el barco. En desbandada lo están haciendo en el Ministerio de Economía, y de forma más ordenada y silente se están conociendo también las salidas del pantanoso Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La directora del Gabinete del Ministro, María Rodríguez de la Rúa, se va a la silla que el Gobierno de España tiene en el Banco Interamericano de Desarrollo. Rodríguez de la Rúa es técnico comercial del Estado y habría pedido este nuevo destino a petición propia. Esta bilbaína se habría buscado así una salida honorable al Vietnam que se vive dentro del ministerio, donde los hermanos Nadal campan a sus anchas y el ministro hace política mirando a su tierra natal, las Islas Canarias. La salida de De la Rúa se enmarca en la misma tanda de nombramientos que la de Beatriz de Guindos, que se va al Banco Mundial, tal y como adelantó ayer eldiario.es.
Aún no se conoce el sustituto –de hecho, ni siquiera es oficial la marcha de la actual directora–, aunque cabría esperar un nombramiento más próximo a sus intereses canarios, conforme se acercan las elecciones autonómicas. Pese al tiempo que pasa José Manuel Soria –que también es técnico comercial del Estado– en Canarias, no se trajo apenas personal de confianza al gabinete.
El ministro ha sido desautorizado en varias ocasiones por varios miembros del Gobierno. En primer lugar, por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que desmontó la reforma eléctrica del ministerio al negarse a financiar los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa. Además, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, es hermano del director de la Oficina Económica, Álvaro Nadal, que se jacta, en público y en privado, de haber pergeñado la reforma del sector.
Esta salida es la última, pero no la más importante. Hace poco más de un mes se conoció la retirada del secretario general de Industria, Luis Valero. Valero había sido durante décadas director de la patronal del automóvil, Anfac, y al saltar a Industria protagonizó un caso de revolving door también muy criticado. Esta misma semana se conocía su nombramiento como consejero por Enagás (adelantado por El Confidencial y La Vanguardia), una empresa con fuerte participación pública, ya que el Estado aún es dueño del 5% del capital.
Según la normativa de incompatibilidades de altos cargos, los secretarios generales están dentro de las figuras que deben guardar distancia –al menos, dos años– a la hora de aceptar trabajos en la empresa privada que puedan haber tocado durante su desempeño en la pública. La cartera de Industria que defendía Valero tiene muy distintas atribuciones; entre ellas, las de tener como interlocutores a los principales consumidores de energía de España, las grandes empresas industriales. Si algo demandan estas, de forma constante, es que se rebaje la factura de la energía, entre otras, la del gas.
Con todo, Valero no pareció inhibirse tampoco cuando dio salida a los planes PIVE de ayudas para las compras de coches, pese a haber sido alto cargo de la patronal del automóvil. Antes de abandonar el cargo, se puso en marcha el plan PIVE 5, que se considera el más generoso hasta ahora. Fuentes de toda solvencia aseguran que, cuando Valero aún se encontraba en el ministerio como alto cargo, se refería a Anfac como “nosotros” al hablar de los intereses del mundo del automóvil.
Existe una Oficina de Conflictos de Intereses, encargada de delimitar este tipo de incompatibilidades, pero aún no se conoce si se le ha pedido consulta para este nombramiento. eldiario.es ha intentado ponerse en contacto con Administraciones Públicas, sin obtener respuesta. Y también, contactar de forma reiterada durante toda la jornada de ayer con el Ministerio de Industria, del que tampoco ha logrado obtener ninguna contestación.
Además de Valero, Enagás ha nombrado a varias figuras prominentes del Partido Popular, como Ana Palacio, Antonio Hernández Mancha o Isabel Tocino.