El Gobierno socialista incluye la denominada 'mochila autriaca' entre sus medidas económicas de la 'Agenda del Cambio' para el corto plazo. En concreto, el Ejecutivo propone la implantación gradual de este sistema de cuentas individuales de capitalización, en el que el trabajador acumula fondos en una especie de hucha de cara a un posible despido o para su futura jubilación, para 2020. Otra de las iniciativas en materia laboral consiste en la simplificación del menú de contratos a tres fórmulas (indefinido, temporal estructural y formativo) desde este año.
Ambas propuestas figuran en la 'Agenda del Cambio' tomada en consideración este viernes por el Consejo de Ministros, que incluye 60 nuevas medidas en formación y capital humano, transición ecológica, avance científico y tecnológico, mercado laboral, igualdad y eficiencia de la Administración para sentar las bases de un crecimiento “sostenible e incluso” a medio y largo plazo.
Entre las reformas incluidas en la agenda para un mercado laboral “eficiente y justo” el Gobierno socialista hace suya la inicitiva de implantar de manera gradual en España la 'mochila austriaca', sistema de cuentas individuales de capitalización que toma su nombre da Austria, país que ha instaurado este modelo. El documento precisa que “esta propuesta se abordará en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles”.
Una hucha individual del trabajador
En este sistema de protección, el trabajador tiene una cuenta individual en la que acumula aportaciones mientras está empleado. En caso de cambiar de trabajo, esa 'mochila' le acompaña y sigue sumando en ella fondos en su nuevo puesto. En caso de despido, fin de contrato o jubilación, el empleado tiene acceso a este dinero. El Gobierno señala que esta medida favorece “la movilidad” dado que el empleado puede tirar de lo acumulado en la hucha en los supuestos de despido, formación o movilidad geográfica.
Aunque el PSOE propuso esta medida en el pasado, no es una receta que haya defendido recientemente en el debate sobre política laboral y de pensiones, algo que sí ha estado en la agenda de Ciudadanos y el PDeCAT, entre otras formaciones políticas.
La 'Agenda del Cambio' también incluye la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, impulsar la lucha contra el fraude laboral y la simplificación y reordenación del menú de contratos de trabajo a tres fórmulas contractuales: indefinido, temporal estructural y formativo.
A su vez, se contempla la revisión del sistema de prácticas no laborales en empresas y reconducir a los titulados con estudios finalizados a los contratos laborales en prácticas. Simplificar y reducir la carga burocrática de los contratos de formación y aprendizaje y acercar los centros formativos a las empresas en colaboración con los agentes sociales y las comunidades autónomas es otra de las metas.
Reforma de la Seguridad Social
El Ejecutivo programa también la reforma del sistema de Seguridad Social de aquí al año 2024, en el marco del diálogo social con empleadores y empleados, y de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo
La Agenda prevé la aprobación de medidas para el refuerzo de los ingresos, revisión de los gastos y de la cobertura de determinados colectivos y la adaptación de los diferentes parámetros del sistema. Junto al refuerzo del sistema público, el Gobierno tiene previsto desarrollar la previsión social en las empresas con sistemas de pensiones complementarias acordados entre empresarios y trabajadores, así como la reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes.
Igualmente, se proponen incentivos en el mapa de prestaciones y subsidios para impulsar la búsqueda activa de empleo y el refuerzo de las políticas activas dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo.
Otras de las medidas recogidas en la 'Agenda del Cambio' en materia de mercado laboral son la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, muy defendido por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, así como reformas para garantizar la migración “ordenada, regular y segura” y un plan de retorno a España.
Cuadruplicar el parque de vivienda social
En materia de vivienda, el Ejecutivo se marca una meta: ampliar en 20.000 propiedades el parque público de viviendas y por incrementar el parque de vivienda social o asequible desde el 2% actual al 8% en 2030.
También quiere movilizar el suelo público para crear propiedades sociales o asequibles o poner en marcha instrumentos financieros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la promoción de viviendas en alquiler de los principales agentes.
Además, recoge la reorientación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible en coordinación con las comunidades autónomas, con la intención de configurar un parquede vivienda social o sujeta a protección que esté al servicio de las políticas públicas de vivienda.
Reforzar la disciplina fiscal
En cuanto a la fiscalidad del siglo XXI, el Gobierno ha incluido en la 'Agenda del Cambio' el aumento de la progresividad y eficacia de los impuestos directos, como ya ha llevado a cabo con la reforma del Impuesto de Sociedades o del IRPF en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, y en la misma línea, también apuesta por modificar la tributación de la riqueza, y cita en concreto el Impuesto sobre el Patrimonio o las rentas del capital.
Respecto a la anunciada ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, contempla la ampliación del listado de deudores a la Hacienda Pública, límites “más rigurosos” para los pagos en efectivo, prohibición del 'software' de doble uso o la creación de una unidad de control de grandes patrimonios.
Incluye también el impuesto sobre las transacciones financieras, ya aprobado y en tramitación parlamentaria, y una nueva “fiscalidad verde” en el marco de los Presupuestos. El liderazgo en la lucha contra la evasión y elusión fiscal internacional mediante el control activa contra estos dos fenómenos en los foros internacionales es otra de las propuestas que recoge la Agenda del Cambio, a desarrollar este año.
El Ejecutivo también quiere reforzar los mecanismos de disciplina fiscal para “robustecer” la orientación de medio plazo de la política presupuestaria, vinculando “más estrechamente” los programas de estabilidad trianuales con el proceso presupuestario anual por niveles de administraciones públicas, así como reforzar los mecanismos “preventivos y correctivos” de desviaciones de déficit de las administraciones públicas en todos sus niveles territoriales.