El Ministerio de Hacienda devolverá el casi 50% restante de la paga 'extra' de los funcionarios suprimida en 2012 a partir del próximo mes de enero, según han indicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro. Hacienda lo ha trasladado así a los sindicatos de la función pública y se aprobará en un Real Decreto en el Consejo de Ministros de hoy. “La intención es devolver la paga lo antes posible, y podría ser en enero o en febrero”, han añadido, aunque han matizado que “está por decidir”. Este pago, que podría ser único o fraccionado, se recoge en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, junto a la subida salarial prevista del 1%.
De esta forma, el Gobierno saldaría la 'deuda' pendiente con los empleados públicos, a los que ya devolvió un 25% de la 'extra' en enero de este año. A ello se suma otro 26,23% --equivalente a 48 días-- que el Gobierno devolverá una vez apruebe el Real Decreto correspondiente en el Consejo de Ministros de mañana.
El sindicato de funcionarios CSI-F, que tras la reunión informal mantenida con el ministerio ha asegurado que Hacienda se ha comprometido a efectuar el pago en enero, estima que el desembolso alcanzará los 750 euros de media para cada funcionario. Fuentes de UGT han indicado, sin embargo, que el Gobierno ha expresado su “intención” de que el pago se efectúe en el mes de enero, pero han recalcado que “no está decidido”, ya que entre otras cosas no se sabe quién gobernará España para entonces.
El Real Decreto incluirá la recuperación del día de libre disposición 'moscoso' que faltaba de los tres que se suprimieron, hasta completar el total de seis con los que todos los empleados públicos contaban al inicio de la crisis. Asimismo, restituirá la regulación de los días de asuntos particulares en virtud de la antigüedad, denominados 'canosos'. De esta forma, los trabajadores de la Administración contarán con cuatro de estos días por cada cinco años de servicio a partir de los primeros 15 años, dos adiciones con el sexto trienio y uno más desde el octavo y sucesivos.
Estas medidas tendrán un carácter serán de aplicación tanto en la Administración General del Estado (AGE), como en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, si bien dependerá de la disponibilidad presupuestaria de cada administración.