20.000 millones de euros. Redondeando, es la cantidad que, 11 años después del rescate de Bankia, el Estado tiene que recuperar ahora a cuenta de CaixaBank. La cifra se antoja difícil de alcanzar pero la aceleración de la entidad en Bolsa en 2022 ha redundado en favor de la valoración de las acciones que todavía quedan en manos del FROB, el fondo del rescate financiero. Además, el año pasado culminó con dos noticias que afectan al futuro de la participación pública en la banca. La primera, la ampliación del calendario previsto para su salida del accionariado. La segunda, el incremento de la participación en CaixaBank. Con ello, la participación del Estado ha pasado de valer 1.939 millones antes de anunciarse la absorción de CaixaBank a casi 5.400 millones con los precios actuales.
CaixaBank anunció en 2022 una recompra de acciones de 1.800 millones de euros. Esta operación, que también realizaron Santander y BBVA, es una manera de dar más dinero a los accionistas. Tras ello, se sacan de circulación las acciones recompradas, aumentando el valor de cada título en una operación conocida como reducción de capital. En concreto, el banco va a amortizar casi el 7% de su capital, según anunció el consejo de administración antes de navidades.
El FROB se mantuvo al margen de esta recompra y, gracias a ello, ha aumentado su presencia en el accionariado del banco. Una vez culmine la operación, el Estado será el propietario del 17,3% de las acciones, frente al 16,1% que tenía desde la fusión con Bankia, según informó la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, de quien depende el fondo.
Esta participación tiene una fecha de caducidad, aunque es móvil. Inicialmente, el Estado tendría que haber salido de Bankia en 2017, cinco años después del rescate. Sin embargo, esta fecha se ha ido desplazando cada dos años hasta en cuatro ocasiones. El último Consejo de Ministros del año fijó en diciembre de 2025 la salida del FROB del accionariado de CaixaBank, una fecha que podría no ser la definitiva. Para ese día, habrán pasado más de 13 años desde que Juan Ignacio Goirigolzarri, por aquel entonces presidente de Bankia –cargo que ahora tiene en CaixaBank–, solicitó el rescate tras el descalabro de las cuentas que había dejado la anterior dirección, capitaneada por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
A estos dos cambios, que afectan al horizonte de la presencia del Estado en CaixaBank, se ha unido una tercera noticia. CaixaBank fue la segunda compañía del Ibex 35 que más aumentó su valor el año pasado, en más de un 50%. Solo le superó otro banco, Sabadell. Con ello, el valor de la participación del Estado se ha disparado en 2022. Teniendo en cuenta el aumento del porcentaje del banco en sus manos, el valor ha crecido hasta los 5.400 millones.
Sin embargo, esa cifra está todavía lejos del rescate que tuvo que desembolsar el Estado para sanear Bankia en 2012. Fueron 22.000 millones de euros, a los que se unieron otros 2.000 millones de BMN, que acabó integrando en 2017, hablando en cifras redondas. El FROB percibió los dividendos de los años siguientes en el banco, unos 1.100 millones, y desinvirtió en dos ocasiones, 2014 y 2017, porciones de acciones con fuertes pérdidas, sumando algo más de 2.100 millones. Así, la cifra pendiente de recuperar supera todavía los 20.000 millones de euros. Es decir, el valor actual de la participación cubre apenas algo más de la cuarta parte del rescate pendiente de recuperar.
A esa cifra hay que sumar los dividendos de CaixaBank. Hasta la fecha se ha beneficiado de dos repartos de beneficios, en 2021, justo después de la fusión, y en 2022. Han sumado unos 214 millones de euros. Esta primavera comenzará a percibir los dividendos correspondientes al beneficio de 2022. El banco tiene por política repartir el 50% de sus ganancias entre sus accionistas. La entidad estimó en su último plan estratégico que repartiría 9.000 millones entre sus inversores entre 2022 y 2024, incluyendo los 1.800 millones de la recompra de acciones.
Maximizar la recuperación
El Gobierno informó a finales de diciembre que el hecho de ampliar el plazo para la desinversión, pese a que todavía quedaba un año para su vencimiento, “persigue asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, maximizando el valor de la recuperación de la participación del Estado y respondiendo así al objetivo último de proteger el interés general”. Aseguraron, además, que el proceso de desinversión “debe tener en cuenta el contexto actual de incertidumbre y elevada volatilidad en los mercados, así como el potencial de la acción de CaixaBank de seguir evolucionando de manera favorable en un entorno de tipos de interés al alza”.
El Gobierno y el propio FROB han reconocido en el pasado que recuperar la totalidad del rescate se antoja muy complicado. El Banco de España llegó a estimar hace años, cuando las acciones del Estado estaban en Bankia, que apenas algo más de 9.000 millones serían rescatables. Las autoridades respaldaron la fusión con CaixaBank en 2020, criticada por Unidas Podemos, defendiendo que aumentaría el valor de las acciones y permitiría realizar pequeñas ventas en función de las oportunidades que se encontrasen en el mercado. Sin embargo, cuando se van a cumplir dos años de la fusión, el Estado no se ha desprendido de ninguna de las acciones que le correspondieron tras la absorción de Bankia.
Así, el porcentaje final de recuperación de las ayudas dependerá de la evolución de la acción y de los dividendos. Esta primavera, el FROB recibirá la cantidad que corresponda de los resultados de 2022. Un año en el que el banco va a presentar un importante beneficio. Hasta septiembre, a falta del último trimestre, las ganancias crecían un 17%. Los resultados se conocerán en los primeros días de febrero, momento en el que se espera que se informe también del nivel de dividendo de la entidad y lo que corresponderá al Estado.
El banco afronta ahora además un nuevo periodo dentro de la dirección. El consejo de administración ha cesado esta semana a Juan Antonio Alcaraz, responsable de la dirección del negocio del banco desde hace más de 15 años y considerado el 'número tres' del organigrama, por detrás de José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar. Sus responsabilidades se han repartido entre tres nuevos directivos que se han incorporado esta semana al comité de dirección de la entidad.
La ampliación del periodo de permanencia en CaixaBank acerca la fecha estimada de salida del banco a la que mantiene el FROB para la otra participación que le queda pendiente. Si ahora tiene hasta finales de 2025 para salir de CaixaBank, el fondo tiene hasta 2027 para liquidar la Sareb, conocida como 'banco malo', donde fueron a parar los activos tóxicos de los bancos rescatados. Durante el pasado año también hubo novedades para esta participación del Estado en el sector financiero. Eurostat había obligado al Gobierno a contemplar como deuda pública el pasivo de esta sociedad, puesto que estaba respaldada por el Estado. Así, el Ejecutivo decidió tomar el control de la empresa de gestión de activos inmobiliarios y amplió su participación por encima del 50%.