El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha solicitado al Banco de España toda la documentación relacionada con su supervisión del grupo BFA Bankia durante el año 2011, incluidos los reportes internos de las reuniones celebradas entre el equipo inspector designado por el organismo supervisor y los principales directivos de la entidad.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado pide, en concreto, la información contenida en el denominado Sistema Integrado de Gestión de Actividad Supervisora (SIGAS) o en “cualquier otro mecanismo de comunicación, registro o archivo”.
También reclama las agendas previas a las reuniones periódicas y extraordinarias celebradas por el Banco de España con el área de Intervención de Bankia y con sus responsables de liquidez y las conclusiones que “de manera informal y flexible” fueran elevadas a la jefatura por el equipo inspector.
El magistrado responde de este modo a la solicitud formulada por uno de los investigados en la causa sobre la fusión y posterior salida a Bolsa de Bankia, el exconsejero Antonio Tirado, a la que se ha adherido la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).
Según han informado fuentes jurídicas, esta información incluiría datos de interés como la situación de los mercados mayoristas en general y las emisiones del grupo BFA Bankia en particular o los movimientos del balance en la parte minorista relativos a depósitos o cartera crediticia.
Esta información serviría para completar la reflejada en los informes de seguimiento del equipo inspector que ya se encuentran incluidos en el sumario del caso.
En el marco de la causa, abierta tras las querellas presentadas en junio de 2012 por el colectivo '15mpaRato' y UPyD -que se ha retirado del caso-, los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su “imagen fiel” a los inversores institucionales y a los accionistas minoritarios.
Rato, imputado desde 2012
En julio de 2012, Andreu imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del Consejo de Administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
El juez Andreu acordó en noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo y secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella.
Suficientes provisiones de fondos
Dos cargos del Banco de España han destacado este miércoles ante el juez que Bankia disponía en marzo de 2011 de provisiones genéricas de fondos, no asignadas, y destinadas a cubrir “deterioros adicionales” en caso de necesidad, han informado fuentes jurídicas.
El director general adjunto de Supervisión del Banco de España, Pedro Comín, y el inspector Pedro González, han declarado como testigos ante el magistrado que investiga la fusión y posterior salida a Bolsa de la entidad.
Según las citadas fuentes, ambos han avalado la declaración prestada el pasado mes de junio por el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, que señaló que había provisiones suficientes para hacer frente a eventuales contingencias y precisó que ascendían a 3.000 millones de euros.
Tanto Comín como González se han referido a este 'colchón' económico del que, aseguran, disponía el banco en los trimestres previos a su salida a bolsa. En concreto, González ha confirmado que las provisiones genéricas y específicas no asignadas que existían a marzo de 2011 podían cubrir deterioros adicionales en exposiciones concretas que pudieran ser identificadas con posterioridad.
El testigo ha agregado que estas provisiones, eran “sobradamente suficientes” para cubrir los supuestos ajustes apuntados por los peritos judiciales en sus informes.
Además, ambos han confirmado que los saneamientos que se registraron en las siete cajas que formaron el SIP de Bankia en diciembre de 2010 con cargo a reservas, y que ascendieron a 13.000 millones de euros, contaron con la autorización de Banco de España.