En la España de 1981 pasaron unas cuantas cosas: se respiró tras fracasar el golpe de Estado del 23-F, llegó el Guernica a Madrid y se aprobó la ley del divorcio. Además, tal día como hoy, un 28 de octubre de hace 36 años, se publicó en el BOE la transferencia de los primeros impuestos a una autonomía, en concreto a Catalunya. La casualidad ha querido que esta misma fecha haya sido la misma en la que la comunidad autónoma ha perdido el control de su economía y sus finanzas, incluidos sus propios impuestos, en cumplimiento de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, también vía BOE. La vicepresidencia económica que hasta ahora ostentaba Oriol Junqueras, queda tras la declaración de independencia catalana en manos de Cristóbal Montoro, en lo que se refiere a los tributos.
La financiación autonómica y sus consecuencias en el actual proceso secesionista de Catalunya son unos de los aspectos menos atractivos de la trepidante actualidad. Y sin embargo ambas realidades están unidas con fuertes lazos: hay quien sitúa la negativa de Rajoy a aceptar el pacto fiscal que le propuso Artur Mas en 2012 como uno de los principales acicates de la escalada independentista.
Paradójicamente, Jordi Pujol había rechazado en la Transición un cupo para Catalunya a la manera del que permite al País Vasco y Navarra negociar cada cinco años lo que paga al Estado por las competencias no transferidas. Poco después, el BOE publicaba la “Ley 41/1981, de 28 de octubre, relativa a cesión de tributos a la Generalidad de Cataluña”. Con esta norma, asumían el control del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, el Impuesto General sobre Sucesiones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto sobre el Lujo. Desde entonces, todas las comunidades autónomas de régimen común le siguieron en cascada.
No en vano Catalunya ha estado a la vanguardia de las comunidades a la hora de obtener competencias, hasta que su Gobierno decidió descolgarse del proceso de descentralización y saltar a la lucha por la independencia. En enero pasado el presidente catalán Carles Puigdemont evitó acudir a la conferencia de presidentes de CCAA en el Senado, y por tanto tampoco participó la comunidad en los trabajos del comité de expertos para la reforma de la financiación autonómica. Una reforma que supuestamente va a seguir su curso, con o sin Catalunya.
El hispanista Stanley G. Payne, en una entrevista en El Mundo, ha situado recientemente el estado de las autonomías y sus “concesiones demasiado generosas” en el origen de los problemas que han derivado en el actual desafío. Lo cierto es que la Constitución de 1978 pudo nacer tras un difícil consenso entre fuerzas políticas y reivindicaciones territoriales.
El catedrático de Derecho Constitucional y expresidente del Consejo de Garantías Estatutarias catalán Eliseo Aja afirma que dicha regulación se inspiró en el modelo de la Segunda República, pese a la gran distancia entre la situación de aquel momento y la regulada en 1978. Y como consecuencia del difícil consenso, la normativa en la materia plasmada en la Constitución resulta ambigua (caso del Senado) y, a veces, inexistente (caso de la financiación autonómica). Estos días, hay voces que alertan del peligro de recentralización.
Hace 36 años, en 1981, también murió Josep Pla, que aseguraba: “España es un país de fanáticos, de onanistas y de perturbados” (según una entrevista recuperada en la revista Qué leer). La incertidumbre sobre lo que puede ocurrir con el Estado de las autonomías y su financiación en los próximos 36 años es ahora mismo enorme.