Año récord en indemnizaciones: los jueces reconocieron 2.000 millones de euros a los trabajadores
El 2013 batió un récord: fue el año en el que los Juzgados de lo Social reconocieron a los trabajadores el volumen más alto de indemnizaciones en concepto de indemnizaciones. ¿A cuánto ascendió? Los juzgados reconocieron un total de 2.063,5 millones de euros, una cifra insólita en la estadística que publica el Ministerio de Empleo. Expertos consultados señalan un factor que ha influido en este récord: que las empresas despiden ahora a trabajadores con más antigüedad y salarios más altos y, por tanto, con más indemnización.
La cantidad total reconocida en 2013 (2.063,5 millones) representa un 11% más que el año anterior y un 35% más que en 2010, cuando los juzgados aún digerían los asuntos de 2009, el año en el que más destrucción de empleo ha habido durante la crisis. Si se compara con los años precedentes a la crisis, el aumento es más espectacular: por ejemplo, las cantidades reconocidas a los trabajadores han aumentado un 500% respecto a 2007.
El tipo de puestos de trabajo que se destruyen está detrás de este incremento: al comienzo de la crisis, las empresas se deshicieron sobre todo de sus trabajadores temporales, seguidos de los indefinidos con menos antigüedad y en sectores con menor formación, como la construcción, una tendencia que ha cambiado. “Ahora el número de despidos ha disminuido respecto a otros años pero, a medida que la crisis se ha ido extendiendo, los despidos han afectado a trabajadores con más antigüedad y experiencia”, indica el economista José Ignacio Pérez Infante, miembro de Economistas Frente a la Crisis.
Un magistrado de lo Social explica que en 2013 se han resuelto muchos despidos practicados a partir de 2012 (momento en que se aprobó la reforma laboral) y asegura que la nueva norma tiene que ver con este incremento de las cantidades reconocidas. “La reforma ha sido un incentivo al despido, ha ido acompañada de una propaganda que decía que este se facilitaba y que también anunciaba que se limitaban las facultades judiciales, lo que en parte es verdad. De este modo, los empresarios se han atrevido con los despidos con más riesgo económico: los de los trabajadores con grandes antigüedades o con importantes salarios”, señala.
El magistrado afirma que, tras expulsar a los trabajadores poco cualificados, el número de despidos de trabajadores con indemnizaciones muy altas por su antigüedad ha crecido “espectacularmente”. “También hemos visto muchos juicios en que el despedido era directivo”.
La cifra del Ministerio está en sintonía con la estadística de costes laborales que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el organismo, el coste medio de indemnización por trabajador despedido en el último trimestre de 2013 fue de 12.010,62 euros, 1.300 euros más de media que la que había en el mismo periodo de 2010: 10.714,17 euros.
“Otra causa que puede haber incidido es la judicialización de los despidos: habiendo desaparecido los incentivos (como los salarios de trámite) para conciliar o para acelerar la solución del procedimiento, las empresas rehúsan alcanzar acuerdos en el sistema de mediación, arbitraje y conciliación, e incluso en sede judicial”, explica el juez. Es decir, hay más casos que llegan a juicio y, por tanto, las cantidades salen ahora de los juzgados y no de los procedimientos previos de mediación y arbitraje.
Además, en diciembre de 2011 entró en vigor la Ley reguladora de la jurisdicción social: desde entonces es posible acumular despidos y reclamaciones de salarios, dos conceptos que antes iban por separado. Esto hace que bajo el concepto de cantidades reconocidas en asuntos judiciales sociales se incluya la cantidad total reconocida al trabajador por ambos conceptos.
Los datos de Empleo también desglosan estas percepciones por comunidades autónomas con una alta correlación con el tamaño de la población. Sin embargo, en Madrid se reconocieron indemnizaciones por 328 millones de euros, una cantidad inusualmente alta, ya que en años anteriores había estado alrededor de los 190 millones de euros.
A bastante distancia y sin saltos tan bruscos –de hecho, en el resto de comunidades se mantienen–, le siguen en cantidad Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
