La fuente anónima de los papeles de Panamá explica por qué filtró la información
John Doe ha vuelto. Hace un mes se puso en contacto con los periodistas Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, del diario alemán Süddeutsche Zeitung, para airear los papeles de Panamá, y ahora ha enviado un comunicado al mismo diario en el que explica por qué lo hizo. En la carta, de la que también se hace eco The Guardian, John Doe teoriza sobre la repercusión de la fiscalidad en el mundo y a los paraísos fiscales. El alias elegido por la persona o personas que filtraron la información es el nombre que se le da en la lengua inglesa a personas cuyo nombre se desconoce.
Los periodistas alemanes han confirmado que se trata de la misma persona que se puso en contacto con ellos a principios de abril y les filtró los documentos del despacho Mossack Fonseca. Entre otras cosas, asegura que decidió entregar la información del bufete porque “los fundadores [de Mossack Fonseca], sus empleados y clientes deben responder por su papel en los delitos”.
El mismo bufete pidió el jueves que dejen de publicarse informaciones. También, que la base de datos de la empresa, cuya publicación está fijada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para el próximo lunes, no sea sacada a la luz. “No es lo usual en nuestra empresa tomar este tipo de acciones frente a los medios de comunicación y esperamos que la polémica no nos arrastre a futuras acciones legales”, decía Mossack Fonseca en un comunicado.
A continuación reproducimos la carta enviada al diario alemán:
La revolución será digitalizada
La desigualdad de ingresos es uno de los principales problemas de nuestros tiempos. Nos afecta a todos en todo el mundo. A pesar de los numerosos discursos, análisis estadísticos, unas escasas protestas y documentales ocasionales, el debate sobre su repentina aceleración se ha multiplicado durante años con políticos, estudiosos y activistas por igual, que luchan indefensos para detener este crecimiento constante. Aún quedan las incógnitas: ¿por qué? y ¿por qué ahora?
Los papeles de Panamá ofrecen una convincente respuesta a estas preguntas: corrupción masiva generalizada. Y no es coincidencia que la respuesta provenga de un bufete de abogados. Más que tan solo un engranaje en la máquina de la “gestión de patrimonios”, Mossack Fonseca utilizó su influencia para redactar y corromper leyes a nivel mundial para favorecer los intereses de criminales durante décadas. En el caso de la isla de Niue, el bufete administraba esencialmente un paraíso fiscal de principio a fin. Ramón Fonseca y Jürgen Mossack nos habrían hecho creer que las “empresas fantasmas” de su negocio, a veces llamadas “vehículos con propósitos especiales”, son [como coches]. Pero los empresarios de coches usados no redactan leyes. Y el único “propósito especial” de los coches que producían era constantemente el fraude a gran escala.
Las empresas fantasma son comúnmente asociadas con el crimen de evasión de impuestos, pero los papeles de Panamá muestran sin la más mínima sombra de dudas que, aunque estas empresas fantasma no son ilegales por definición, son utilizadas para llevar a cabo una gran serie de delitos graves que son peores que la evasión de impuestos. Decidí exponer a Mossack Fonseca porque me imaginé que sus fundadores, empleados y clientes tendrían que responder por su participación en estos delitos, de los cuáles solo algunos han salido a la luz por el momento. Tomará años, tal vez décadas, para que la magnitud total de los sórdidos actos del bufete se conozcan.
Mientras tanto, se ha dado inicio a un nuevo debate global, lo cual es alentador. A diferencia de la retórica política de antaño que cuidadosamente omitió cualquier sugerencia de malos actos por parte de la élite, este debate se concentra directamente en lo importante.
Tengo varios comentarios con respecto a eso.
Que conste, no trabajo para ningún gobierno o agencia de inteligencia de manera directa o como contratista, y nunca lo he hecho. Mi perspectiva es sólo mía, así como lo fue mi decisión de compartir los documentos con Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), no por propósitos políticos, sino simplemente porque entendí lo suficiente sobre su contenido para comprender el nivel de injusticias descritas.
El relato hecho por los medios dominantes hasta el momento se ha concentrado en el escándalo de lo que es legal y permitido en el sistema. Lo permitido es claramente polémico y debe cambiarse. Pero no debemos perder de vista otro factor importante: el bufete, sus fundadores y empleados, sí violaron deliberadamente un sinfín de leyes a nivel mundial, repetidas veces. Clamaron inocencia al público, pero los documentos muestran conocimiento detallado y actos voluntarios de mala fe. En los casos más recientes que ya conocemos, Mossack personalmente levantó falsos testimonios ante un tribunal federal en Nevada, y también se conoce que su equipo de técnicos intentó encubrir las mentiras. Todos deben ser juzgados como se debe, sin ningún trato especial.
Al final, miles de enjuiciamientos podrían provenir de los Panama Papers si tan solo las fuerzas de la ley pudieran acceder y evaluar los documentos en cuestión. El ICIJ y sus medios asociados han declarado firmemente que no los entregarán a las autoridades policiales. Sin embargo, estoy dispuesto a cooperar con las autoridades en la medida de lo posible.
Dicho esto, he presenciado como uno tras otro, a denunciantes y activistas en los Estados Unidos y Europa, les han destruido sus vidas por las circunstancias en las que se encuentran después de revelar evidentes actos de mala fe. Edward Snowden se encuentra atrapado en Moscú, exiliado por la decisión del gobierno de Obama de enjuiciarlo bajo la Ley de Espionaje. Por sus revelaciones sobre la NSA (Agencia Nacional de Seguridad), merece una bienvenida heroica y un reconocimiento considerable, no el destierro. Bradley Birkenfeld recibió millones por su aporte informativo sobre el banco suizo USS y, de todas formas, recibió una pena de cárcel por el Departamento de Justicia. Antoine Deltour se encuentra en juicio por facilitar información a periodistas sobre cómo Luxemburgo ofreció “tratos preferenciales” secretos sobre acuerdos de impuestos a empresas multinacionales, efectivamente robando miles de millones en ingresos fiscales a sus países vecinos. Y existen muchos otros ejemplos.
Los denunciantes legítimos que exponen actos de mala fe incuestionables, ya sea desde dentro o fuera, merecen inmunidad frente a las represalias del gobierno, fin de la discusión. Hasta que los gobiernos codifiquen la protección legal para denunciantes, los organismos de seguridad simplemente tendrán que depender de sus propios recursos o de la constante cobertura mediática mundial para consultar los documentos.
Por el momento, hago un llamamiento a la Comisión Europea, al Parlamento británico, al Congreso de los Estados Unidos y a todas las naciones a tomar acción rápida no solo para proteger a los denunciantes, sino también para detener el abuso global de los registros corporativos. En la Unión Europea, los registros corporativos de cada Estado miembro deben ser de acceso libre, con suficiente información detallada disponible sobre los dueños beneficiarios supremos. El Reino Unido puede estar orgulloso de sus iniciativas internas por ahora, pero aún tiene la responsabilidad vital de detener el secretismo financiero en varias islas de sus territorios, que son, sin lugar a duda, la piedra angular de la corrupción institucional a nivel mundial. Y Estados Unidos claramente no puede confiar más en sus cincuenta estados para tomar decisiones concretas sobre su propia información empresarial. Desde hace mucho tiempo, el Congreso debió tomar las riendas y exigir transparencia por medio de estándares de divulgación y acceso público.
Una cosa es exaltar las virtudes de la transparencia gubernamental en cumbres y en grandes discursos, pero otra cosa es realmente implementarlo. Se sabe que en Estados Unidos los cargos electos pasan la mayoría de su tiempo recaudando fondos. La evasión de impuestos no se puede solucionar mientras los cargos electos reclamen dinero a sus mismas élites, las cuales tienen los incentivos más grandes para evadir impuestos. Estas dudosas prácticas políticas cierran el círculo y son irreconciliables.
Por supuesto, esos son apenas unos de los tantos problemas que deben solucionarse. El primer ministro de Nueva Zelanda John Key, ha mantenido un curioso silencio sobre el papel de su país en permitir la meca del fraude financiero; las Islas Cook. En Gran Bretaña, los conservadores no han tenido problemas en ocultar sus propias prácticas que involucran a empresas trasnacionales, mientras que Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red de Vigilancia contra Delitos y Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acaba de anunciar su dimisión para trabajar para HSBC, uno de los bancos más conocidos a nivel mundial (no por casualidad localizado en Londres).
Y así el conocido silbido de la puerta giratoria de Estados Unidos hace eco en medio de un silencio global ensordecedor de miles de dueños beneficiarios finales que pronto serán descubiertos y que, probablemente, rezan para que su sustituto sea igual de débil. En el rostro de la cobardía política, es tentador rendirse ante la derrota, discutir que el estado actual se mantiene fundamentalmente inalterado, mientras que los Panama Papers son, sin más, un síntoma evidente de la fábrica moral decaída y progresivamente enferma de nuestra sociedad
Pero el problema está finalmente sobre la mesa y no es una sorpresa que ese cambio tome tiempo. Durante cincuenta años, ramas ejecutivas, legislativas y judiciales por todo el mundo han fallado completamente en abordar la metástasis de los paraísos fiscales en la superficie de la Tierra. Incluso en la actualidad, Panamá declara que quiere ser conocida por algo más que por estos papeles, pero su gobierno ha examinado convenientemente tan solo uno de los casos de su embrollo trasnacional.
Bancos, reguladores financieros y autoridades fiscales han fracasado. Se han tomado decisiones que han escatimado a los ricos mientras se concentran en controlar a los ciudadanos de clase media y clase baja.
Los tribunales ineficientes y desesperadamente retrógrados han fracasado. Los jueces han aceptado por mucho tiempo los argumentos de los ricos, cuyos abogados -y no solo Mossack Fonseca- han sido bien entrenados para respetar los escritos legales, mientras que a la vez hacen todo en su poder para profanar su espíritu.
Los medios de comunicación han fracasado. Muchas cadenas de noticias son parodias caricaturescas de sus propios perfiles anteriores, los multimillonarios parecen haber tomado las riendas de los periódicos como pasatiempo, poniendo límites a la cobertura de temas serios sobre la riqueza y la falta de fondos para serias investigaciones periodísticas. El impacto es real: además de Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y a pesar de que se diga lo contrario, varios medios de comunicación líderes tuvieron a personas revisando documentos de los Panama Papers. Eligieron no darles cobertura. La triste verdad es que entre las organizaciones capaces y prominentes de medios en el mundo, no hubo una sola interesada en cubrir la historia. Ni siquiera Wikileaks contestó su línea directa después de repetidos intentos.
Pero sobre todo, la profesión jurídica ha fracasado. La gobernanza democrática depende de los individuos responsables en el sistema que entienden y defienden la ley, no quienes la entienden y la utilizan. En general, los abogados se han vuelto tan profundamente corruptos que es imperativo aplicar cambios significativos en la profesión, más allá de propuestas dóciles que ya están sobre la mesa.
Para comenzar, el término “ética jurídica”, sobre la cual se basan códigos de conducta y licencias, se ha convertido en un oxímoron. Mossack Fonseca no trabajó en un vacío, a pesar de sus multas repetitivas y violaciones reglamentarias documentadas, encontró aliados y clientes en los bufetes más grandes en prácticamente cada país. Si la economía quebradiza de la industria no fuera ya evidencia suficiente, ahora no hay manera de negar que a los abogados no debe permitírseles regularse entre ellos. Simplemente no funciona. Aquellos capaces de pagar más siempre pueden encontrar un abogado que sirva sus fines, ya sea parte de Mossack Fonseca o de otro bufete que no conocemos. ¿Qué pasa con el resto de la sociedad?
El impacto colectivo de estos fallos ha sido una completa erosión de los estándares éticos, finalmente dirigiéndose a un sistema innovador que todavía llamamos capitalismo, pero el cual es equivalente a la esclavitud económica. En el sistema -nuestro sistema- los esclavos no son conscientes de su estado y de sus dueños, quienes existen en un mundo aparte donde los grilletes intangibles se ocultan cuidadosamente entre montones de inalcanzables jergas jurídicas. La terrorífica magnitud de detrimento al mundo debería de despertarnos a todos. Pero cuando se necesita a un informante para sonar la alarma es causa de una preocupación mayor. Demuestra que el sistema de controles y equilibrios entre instituciones de la democracia ha fallado, que la crisis es sistemática y que la inestabilidad severa podría estar a la vuelta de la esquina. Este es el momento de la verdadera acción, y se inicia formulando preguntas.
Los historiadores pueden relatar con facilidad cómo problemas de impuestos y desequilibrios de poder han llevado a revoluciones en el pasado. Entonces, las fuerzas militares eran necesarias para calmar a las masas, mientras que en la actualidad, la restricción al acceso de información es similar o igual de efectiva, ya que el acto es casi siempre invisible. Pero vivimos en tiempos de almacenamiento digital gratis e ilimitado y conexiones rápidas a Internet que trascienden las fronteras nacionales. No se necesita mucho más para conectar los puntos: la próxima revolución será digitalizada.
O, tal vez, ya inició.
