Rubén Ranz y José Manuel Nogales se enfrentan este miércoles en un juzgado de Madrid a una petición de pena de siete años de cárcel. Estos dos sindicalistas de UGT están entre las 300 personas que en los últimos años han sido encausadas por su participación en huelgas y protestas.
Los hechos ocurrieron en la huelga general del 29 de marzo de 2012 a las puertas de un bar. Ranz y Nogales acabaron detenidos y acusados de atentado, lesiones y coacciones a la huelga. Para ello, la Fiscalía se vale del polémico artículo 315.3 del Código Penal que castiga las coacciones a la huelga y que el Gobierno ya suavizó hace dos años ante la alarma social generada. Hace unas semanas, el Congreso aprobó tramitar su derogación con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.
Los dos acusados eran liberados de UGT y formaban parte de un piquete que recorría el centro de Madrid. En uno de los bares por los que pasaron, un trabajador abrió la puerta y arrojó varios pasquines. Un camarero salió y comenzó la tensión. “Se enfrentó a todo el piquete y varios tratamos de apaciguar la situación. El dueño del bar también salió para calmar la cosa. De repente, la policía cargó sin que hubiera necesidad, no había motivo”, recuerda Rubén Ranz, al que el camarero acusa de agresión. La defensa tratará este miércoles de demostrar que esa agresión por parte de Rubén fue imposible, porque ni siquiera se encontraba cerca del camarero.
La carga policial, relataron los trabajadores, fue muy dura, tanto que varios la llevaron ante los tribunales. El juez, sin embargo, consideró que fue proporcionada. Los trabajadores han recurrido la sentencia. La Fiscalía ha llamado a hasta catorce policías a testificar en el juicio de este miércoles. Uno de ellos dice que Rubén Ranz le produjo una lesión en el dedo con una bandera.
“Queremos demostrar nuestra inocencia, esto es una desproporción absoluta. Lo mires como lo mires, la intención no es hacer justicia, sino intimidar al piquete”, señala Ranz, que se muestra con ganas de sentarse ante el juez “para por fin poder explicar todo”.
Fuentes de la defensa aseguran que podrán acreditar la inocencia de los dos sindicalistas y que, por ello, pedirán la absolución de todos los delitos de los que se les acusa. “Los fiscales y la policía mostraron en sus escritos y atestados y en sus peticiones una desproporción manifiesta”, dicen.
La alarma social generada por los cientos de casos, las elevadas peticiones de cárcel en algunos de ellos y la campaña de presión que iniciaron los sindicatos hicieron que el Gobierno modificara hace dos años el artículo 315.3 del Código Penal.
Por eso que la Fiscalía tendrá este miércoles que adaptar la pena que solicita por este delito a los dos trabajadores: en su escrito pedía tres años y nueve meses de prisión para cada uno por coacciones a la huelga, pero la redacción actual contempla una pena de entre un año y nueve meses hasta un máximo de tres años o bien una multa. Si optara por la pena de cárcel máxima actual, sumada a los otros delitos, la petición final seguiría siendo superior a seis años de cárcel.
Campaña de apoyo
Los sindicatos han convocado para este miércoles una manifestación para acompañar a los acusados hasta los juzgados de lo penal de Madrid. “Los grupos parlamentarios y la sociedad en su conjunto deben arropar a Rubén Ranz y José Manuel Nogales porque es increíble que en el siglo XXI en nuestro país se tengan que ver delante de un juez con peticiones de siete años de prisión por defender el derecho fundamental de huelga de manera dialéctica, sin ningún otro elemento que pudiera causar algún daño”, dijo este martes el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
Hace unas semanas, CCOO y UGT registraron en el Congreso su propuesta para derogar el 315.3, “redactado durante la dictadura de Franco y que llevaba sin aplicarse desde entonces hasta las últimas huelgas generales”. “Es imprescindible una adecuación legislativa, a través del cauce normativo correspondiente, que permita suprimir sin más cualquier criminalización del derecho de huelga, que está siendo duramente cuestionado en España de diversas maneras”, decían las centrales.
Ese mismo día, el Congreso apoyaba una proposición de ley de Unidos Podemos para tramitar la derogación del polémico artículo del Código Penal, aunque varias formaciones señalaban que durante el trámite introducirían cambios en el texto de la propuesta.
La exposición de motivos de la proposición de ley destaca que el 315.3 no tiene más sentido “que el de seguir favoreciendo la intimidación de las organizaciones sindicales y de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos”. Recuerda que el Código Penal ya contempla un delito de coacciones y que mantener un tipo agravado para los casos de huelga “es contrario” a ésta como derecho fundamental que consagra la Constitución.