El número de personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), una lista estatal a la que pueden apuntarse quienes quieran que se les vete el acceso al juego online y a establecimientos como bingos, casinos y salas de juego, se ha disparado un 36% de forma paralela a la explosión de las apuestas por Internet.
En 2017, el número de inscritos en ese registro creció otro 9%, hasta la cifra récord de 41.117 personas, según la Memoria de Actividad publicada el viernes por la Dirección General del Juego del Ministerio de Hacienda. Es la mayor tasa de crecimiento desde que en junio de 2012 entró en vigor la Ley 13/2011 de Juegos de Azar, que creó un marco para los operadores de licencias de juego online y permitió el despegue de este sector.
Esa ley estableció la creación de este registro a partir del existente hasta entonces (antiguo Registro de Prohibidos a Bingos y Casinos) para incluir también a las apuestas online. En el RGIAJ se inscribe también a personas incapacitadas para los juegos de azar por sentencia judicial firme.
Según las estadísticas de Hacienda, las apuestas online movieron 13.302 millones de euros en 2017, lo que supone un 22% más que un año antes y seis veces más de lo que facturó en ese ejercicio todo el sector editorial. El sector ha vivido un crecimiento exponencial y en 2016, las cantidades jugadas online ya superaron por primera vez la suma de lo apostado con los juegos de Loterías del Estado y la ONCE, al situarse en 10.885 millones.
A cierre de 2012, el primer año del que se publicaron datos del RGIAJ, había inscritas en el registro de interdicciones 30.104 personas, lo que implica un crecimiento de más de 11.000 inscritos en estos años. En 2017 hubo 3.368 nuevas altas, el 82% correspondientes a hombres. Los jóvenes de 18 a 35 años supusieron por primera vez más de la mitad de las altas (51,5%) y el colectivo que más creció fue el de los que tenían entre 18 y 25 años, que supusieron el 19,2% del total.
En 2010 había 26.797 personas inscritas en el antiguo Registro de Prohibidos. Es el último dato disponible porque de 2011, cuando se creó por ley el RGIAJ, no se han publicado nunca los inscritos. Si se compara la cifra de 2010 con los más de 41.000 inscritos en el RGIAJ en 2017, el crecimiento es superior al 53%, aunque según fuentes de Hacienda, ambas magnitudes “no son comparables” porque abarcan universos distintos.
Normativa autonómica
El director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar), Juan Lamas, no tiene dudas de que la explicación al incremento del número de personas que figuran en ese registro está en el juego online: “Más de 5.000 de esos inscritos son nuestros”, subraya este exjugador, que recuerda que el registro estatal se superpone con los que gestionan las comuniddes autónomas.
La prohibición estatal derivada de inscribirse en el RGIAJ, que tiene una duración mínima de seis meses (pasado ese plazo se puede levantar a petición del solicitante), es para el juego online (el de competencia estatal) y se extiende automáticamente a las diferentes comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en bingos, casinos y salas de juego.
Sin embargo, según Lamas, hay regiones más estrictas que otras a la hora de prohibir el acceso a estas personas a los locales: “Hay Comunidades Autónomas que sí exigen identificarte para acceder a una sala de juego y otras no, porque se encuentran dentro de establecimientos de hostelería o de lo que hace años se llamaba recreativos”, resume el portavoz de Fejar.
Mientras Italia acaba de prohibir la publicidad de las casas de apuestas, en España el decreto para regular este asunto lleva años en fase de borrador, tras quedarse en un cajón una norma que pretendía prohibir asociar los anuncios que relacionasen esta actividad “con ideas o comportamientos que expresen éxito personal, familiar, social o profesional”.
Varias de las principales empresas del sector están o han estado vinculadas a miembros del PP como los exministros Pío Cabanillas y Rafael Catalá (Codere) y el exdiputado Andrés Ayala (Orenes), hasta unos días jefe de la oficina anticorrupción del PP. Tras seis años de gobierno popular, el PP presentó hace unos días en el Congreso una proposición no de ley para, entre otras cosas, “regular de forma efectiva las condiciones publicitarias de las casas de apuestas de juego online, prestando especial atención a los horarios y a los espacios destinados específicamente a menores”.