Casi cuatro años después del estallido de la pandemia, la justicia ha desestimado una querella de Vox en los tribunales contra tres altos funcionarios del Estado por contrataciones de emergencia de material sanitario que realizaron en lo peor de la crisis sanitaria de 2020.
El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha archivado una querella que la formación ultraderechista presentó a finales de 2020 contra tres funcionarios y altos cargos del Estado por presuntos delitos de prevaricación y malversación en contratos de emergencia para adquirir material sanitario en marzo y abril de 2020, en lo peor de la crisis del coronavirus.
La querella iba dirigida contra Alfonso Jiménez Palacios, ex director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), la ex directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, y la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, Paloma Rosado.
La supuesta contratación irregular se refería a 15 contratos realizados por el Ingesa y el Ministerio de Sanidad para adquirir material de protección como mascarillas, EPIs o gel hidroalcohólico.
El auto, fechado el pasado 6 de febrero, y al que ha tenido acceso elDiario.es, afirma que “la actuación de los investigados fue ajustada a Derecho y acorde con la situación de emergencia sanitaria mundial que se vivía en ese momento”.
Explica que los contratos se produjeron en un contexto de crisis sanitaria mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al amparo de la normativa que se aprobó en ese momento para habilitar la contratación de emergencia para hacer frente a esa situación excepcional, en un momento en el que el material sanitario escaseaba en todo el mundo.
El auto señala que “la excepcionalidad del recurso a la tramitación de emergencia exige la necesaria existencia acreditada y comprobable de los acontecimientos catastróficos, de las situaciones que supongan grave peligro, o de las necesidades que afecten a la defensa nacional, que constituyen el supuesto habilitante imprescindible para poder emplear esta forma de tramitación”. Y “no cabe lugar a dudas” de que esa situación existió.
Ante la emergencia sanitaria, se aprobó una normativa para regular la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes que “hace plenamente ajustada a Derecho la forma en que se negociaron los contratos referidos en la querella”.
“Se ha verificado que el objeto de los contratos fiscalizados estuvo directamente vinculado a la adopción de medidas para hacer frente a la situación sanitaria causada por el COVID-19 y las prestaciones adquiridas persiguieron la consecución de dicha finalidad ajustándose a las previsiones del Real Decreto” que tras el estado de alarma suspendió los plazos legales y permitió la tramitación exprés de miles de contratos sin publicidad.
De esta manera, la “tramitación de emergencia resultó ajustada a Derecho” y “la otra parte contratante no era elegida exclusivamente por los querellados sino que se hacía por un grupo de personas designadas por la administración”.
Según se lee en el auto, “el representante de la querellante Don Francisco Javier Ortega Smith”, diputado de Vox y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, “manifestó en su declaración judicial que tenían conocimiento de que se contrató con empresas que no tenían experiencia y que había otras empresas nacionales que podían haber sido contratadas”. “Sin embargo la querellante no ha precisado durante la tramitación del procedimiento a qué empresas se refería”.
Los jueces destacan el cumplimiento estricto de la ley de los funcionarios. Destaca el caso del ex director general del Ingesa, el médico Alfonso Jiménez Palacios, quien relató cómo “las circunstancias extraordinarias que concurrían hacía necesaria la negociación urgente sin que pudieran examinar con mucho detalle las empresas con las que contrataban”.
Jiménez Palacios, que cesó al frente del Ingesa en marzo de 2021, expuso, según el auto, cómo la pandemia “desbordó en pocos días todas las capacidades de nuestro sistema sanitario. La gran cantidad de ingresos hospitalarios, el desbordamiento de las unidades de cuidados intensivos y sobre todo la elevada mortalidad de las primeras semanas pusieron a prueba todas nuestras posibilidades”.
Hasta el Ingesa se desplazó “un equipo de altos funcionarios de Hacienda, Comercio, Industria, que apoyó y compartió todos los trabajos que se desarrollaron durante esos primeros meses, especialmente se ocuparon de localizar proveedores y cerrar acuerdos en el mercado internacional, sobre todo el chino, interviniendo también las oficinas comerciales de nuestras embajadas”. Casi cuatro años después, la justicia ha determinado que su actuación fue plenamente legal.